En un juicio por femicidio quedó al descubierto el posible vínculo narco colombiano en Aguilares

El jucio de un femicidio terminó transformándose en una luz de alerta. Después de haber condenado a perpetua a un colombiano, un tribunal de Concepción decidió enviar a la Justicia Federal una copia de lo que se ventiló durante las audiencias para que investigue si el penado tendría vínculos con el narcotráfico.

En setiembre de 2014, Eliezer Gallego Orozco, que por esos entonces tenía 52 años, acabó con la vida de su pareja Paola Marquesa Gordillo de un disparo en la cabeza. El colombiano, después de dejar gravemente herida, se presentó en la comisaría de Aguilares para reconocer lo que había hecho. La mujer, murió un día después.

El fiscal Edgardo Sánchez investigó el caso y le imputó el delito de homicidio agravado por el vínculo. Delante del tribunal integrado por Elena Grellet de Barrionuevo, María Raquel Asis y Carlos Pellegri pasaron decenas de testigos que confirmaron dos cosas: que Gallego Orozco y Gordillo habían estado en concubinato durante más de cuatro años y que de esa relación habían nacido dos hijos.

Testificaron además que él era un hombre violento y que acostumbraba a golpearla cuando consumía cuando tomaba alcohol. También relataron que la expulsaba de su casa cada tanto y que después la buscaba para reiniciar la relación.

Testimonio clave

El juicio transcurrió en los carriles normales hasta que se presentó a declarar Santiago Agüero, hijo de la víctima. El joven dijo que él trabajaba para el colombiano realizando las cobranzas de los muebles, espejos y zapatillas que comercializaba puerta a puerta en distintos sectores de la ciudad de Aguilares y alredores. Contó que recaudaba entre $10.000 y $15.000 por jornada.

Contó además que Gallego Orozco le había construido una mansión a su madre y que tenía otras propiedades. Sorprendió a todos cuando le pidió al tribunal que investigara al colombiano por los negocios que tenía en el sur de la provincia.

“Nos encontramos ante un caso sospechoso y decidimos actuar. Por eso enviamos todas las actuaciones a la Justicia Federal para investiguen este caso”, indicó el juez Pellegri en una charla con LA GACETA.

El magistrado dijo que no puede comprobar los dichos del testigo, pero que le resultan sospechosos los datos que aportó durante la audiencia. “La gran mayoría de los presos oriundos de Aguilares que están a nuestro cargo tienen problemas de adicción. Y pasa eso porque la consiguen con facilidad en su ciudad de origen. Cómo llega la droga, es la pregunta que todos nos hacemos y que queremos que tenga una respuesta”, concluyó.

Temor en el barrio

A Gallego Orozco le decían “El Colombiano” en el barrio San Nicolás, donde se había instalado desde que llegó a esa ciudad. Se trata de un sector considerado como “complicado” por la Policía y los mismos vecinos. “Ojo con lo que van a poner”, advirtió Roque, uno de los pocos vecinos que habló con LA GACETA sobre el tema.

El habitante de ese barrio sabe que hablar de más puede ser peligroso. Sobre el condenado, al igual que los otros vecinos, dijo que no sabía mucho de su vida. “Lo veíamos que andaba vendiendo muebles en varios sectores de esta ciudad y nada más. Aquí no se pregunta mucho tampoco”, comentó el hombre.

En el barrio San Nicolás, que está a la vera del río Medina, el caribeño vivía con su pareja en una casa de material común, pero que sobresalía de las del resto de la cuadra. Tenía al menos otras dos viviendas en ese caserío que fue adquiriendo con el tiempo. Todos lo conocían el día que “ejecutó” a su mujer, pero la mayoría desconocía que lo habían condenado. Todos pensaban que había “zafado” de una dura condena.

Si bien nadie lo acusó de ser un narcotraficante, a los vecinos nada lo sorprende. “La manera que creció la venta de drogas en esta ciudad es alarmante. De alguna parte llega y alguien la vende. Pero lo más grave es que lo hacen impunemente sin que nadie haga algo”, se quejó una vecina que pidió que su nombre se mantuviera en reserva.

Antecedentes

Desde hace más de dos años, las fuerzas de seguridad nacionales y de las provincias de la región realizan informes de inteligencia sobre la presencia de colombianos en esta parte del país. Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación indicó que Salta es la provincia donde se pudo encontrar la mayor cantidad de colombianos. En Tucumán, en cambio, ubicaron a grupos radicados en Alderetes y en Aguilares.

“En base a las averiguaciones que realizamos, se dedican a la venta de muebles en cuotas. Van casa por casa ofreciendo sus productos. No tenemos pruebas que estén vinculados a la usura como se dice y, mucho menos, al narcotráfico”, explicó la misma fuente.

Esta no es la primera que en una investigación se menciona la posible participación de caribeños en el negocio de la droga en nuestra provincia. Hace meses, vecinos de Aguilares denunciaron que había colombianos cuando se investigaba la guerra que mantenían en esa ciudad Los Coriofos y Los Pibes de la Villa Nueva. Justamente, uno de los líderes del primer grupo, identificado como “Castells” fue detenido por la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal, acusado de vender cocaína y marihuana en esa ciudad del sur de la provincia.

En los tribunales provinciales sí se iniciaron causas contra estos inmigrantes. Según la información que pudo recolectar LA GACETA, fueron denuncias realizadas por clientes que no les pagaban los productos que le habían adquirido. También se estableció que ninguno de los procesos prosperó y que la mayoría de ellos terminaron siendo archivados.