Una administración de fondos poco clara

Una delegación del TC criticó la falta de información detallada en sus estados contables.

03 Dic 2017

El Tribunal de Cuentas (TC) avanzó con nuevos requerimientos sobre el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Hace casi un mes, el ente de control requirió al Ipvdu que brinde información detallada sobre cómo administró los fondos públicos que se le asignaron en los últimos años. En la resolución se destaca el hecho de que las cuentas de la repartición no permiten identificar el destino que dispuso el organismo para parte de los fondos que se le entregaron.

La decisión del TC se funda en un dictamen de la Delegación Fiscal -equipo de técnicos contables- que analizó el estado patrimonial del Ipvdu al finalizar el año 2015. Una de las cuestiones que se estudiaron fue el manejo de recursos asignados por “programas de obras”, es decir, iniciativas para las que la Nación enviaba dinero. Según los especialistas, las cuentas de la repartición “reflejan razonablemente los montos recibidos (por ese concepto) pero no el destino de los fondos que dispuso” el Ipvdu.

Además, la Delegación destacó que el sistema de contabilización del instituto impide conocer cuánto se pagó por una obra que ya esté terminada y que tampoco es posible determinar cuánto falta para concluir las obras en curso.

La imposibilidad de obtener información detallada de las cuentas del instituto es un problema que los miembros de la Delegación Fiscal mencionan en reiteradas oportunidades a lo largo de su informe. Hay una cuenta (1244-01: Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Privado) por $ 3.163 millones en la que se mezcla lo certificado y pagado a lo largo de distintos ejercicios y de distintas obras.

En definitiva, la Delegación Fiscal arribó a conclusiones diversas con relación a cada una de los grupos de cuentas que analizó. Respecto del “Estado Patrimonial (del Ipvdu) al 31 de diciembre de 2015”, los profesionales dictaminaron que “no presenta razonablemente la situación patrimonial del Instituto Provincial de Vivienda”.

Acerca de la “Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2015”, los técnicos hicieron una serie de aclaraciones. Entre otras cosas, destacaron la imposibilidad de controlar la aplicación de los recursos y de determinar el monto de los certificados finales de obra (que se emiten cuando una constructora finaliza su tarea). Sin embargo, consideraron que en este rubro las cuentas sí “presentan razonablemente la información” de los movimientos.

El TC resaltó el hecho de que este tipo de situaciones ya se habían presentado en ejercicios anteriores del Ipvdu y destacó que la Delegación Fiscal ya había manifestado la necesidad de regularizar diversos aspectos del estado patrimonial y financiero de la repartición. Por eso, el ente de contralor emitió un nuevo requerimiento al instituto con el fin de que facilite a los técnicos la documentación necesaria para determinar los datos faltantes.

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