La Justicia que se ve

Y un buen día llegó la carta que comunica el deseo de ver qué está pasando en la Justicia de Tucumán. Fue la notificación de un anhelo antiguo y mil veces reclamado. Si hasta el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, había demandado “la mirada de afuera”: sorpresivamente, en el paquete de casos “a la vista” no aparece la causa de la Línea 11 que tanto magulló a la institución. En mayo, justo después de que Gandur encomendara “celeridad” en una serie de procesos urticantes, entre ellos el caso “Teves”, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, convocó a la prensa para anunciar que el entonces número uno de la Corte usaba su poder para impedir la investigación del desaguisado en el que han quedado inmersos su hijo Sergio Gandur y otros jueces en lo contencioso administrativo. Con palabras sutiles, el vocal de la Corte dejó entrever que estaba siendo presionado por Washington Navarro Dávila, un fiscal que se postula como heredero del estilo opaco que cultivaron sus ex pares caídos en desgracia, Carlos Albaca y Guillermo Herrera.

Los que hoy se revuelven y rebelan contra la pretensión de “ver” observaron el espectáculo de la Línea 11 sin mosquearse. Los meses pasaron como si nada hubiese pasado. Otra oportunidad perdida para sanear y subsanar la degradación institucional que está en la superficie, que se muestra sin eufemismos y que hasta se puede palpar. Que tiene nombre y apellido, como diría un príncipe del foro.

Pero este desentenderse de un problema estructural que se exhibe sin pudor, este acomodarse a una Justicia atravesada por la impunidad, viene de más lejos. Hubo un llamado de atención explícito en enero de 2016, cuando Germán Garavano, entonces recién llegado al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, dijo -de otra manera- que se veía abrumado por los problemas de los Tribunales de Tucumán. “Nosotros hemos sugerido a quienes vinieron hasta aquí la conveniencia de que la Provincia haga un esfuerzo por zanjar todos los asuntos que están afectando de algún modo al Poder Judicial”, había planteado. Y para que no quedaran dudas, Garavano había afirmado que el asunto debía ser una de las tareas principales del gobernador y de la Legislatura, y añadido que, recién cuando fracasasen aquellas gestiones, el Gobierno nacional podría considerar una intervención federal. “Nosotros creemos que hay que dar tiempo y espacio, y que la Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer casos que generan conmoción social, además de las cuestiones internas que se vislumbran”, había opinado. El mensaje no surtió efecto: el oficialismo bajó la vista y siguió tratando a la Justicia como si fuese un juguete.

Mientras tanto el malestar continuó golpeando la puerta de Garavano y mientras tanto Cambiemos fortaleció su posición política en casi todo el país, menos en esta provincia. Seguramente esas circunstancias -sumadas a la falta de avances concretos en las causas cruciales- incidieron en la carta que ingresó a la Corte el 17 de noviembre justo a tiempo para encorsetar el inicio de la presidencia de Daniel Posse. Los gritos en el cielo aparecieron de inmediato y confirmaron que no hay nada peor que que otros subrayen lo que no se quiere ver: para más referencia, consultar al psicólogo. El Gobierno saltó enceguecido a defender la independencia judicial incurriendo en una contradicción salvaje puesto que la independencia judicial responde, principalmente, a la exigencia de que la Justicia sea independiente del poder político. Sólo los jueces pueden defender su autonomía: no necesitan tutores que les pongan límites, mucho menos cuando están en trámite de tomar una decisión, como es el caso. Por fin los mismos que cuestionaron “el color político” de los ojos que quieren ver no vieron de qué tonos están pintados. Basta con que alguien se haya adueñado de los Tribunales, para que otros fantaseen no con liberarlos, sino con apropiarse de ellos.

Todas las objeciones de forma relativas a la autoridad del enigmático funcionario nacional Alejandro Collia que canalizó el pedido de vista y a los abogados del pago chico designados para practicarla invisibilizan la cuestión de fondo, que seguirá estando allí suceda lo que suceda con la ya legendaria veeduría. Denunciar al poder e investigarlo en tiempo real implica en Tucumán un heroísmo digno de Ulises. No hace falta una lupa para comprobar las lesiones infligidas a la igualdad ante la ley.

Quizá porque el deterioro es tan evidente, las reacciones aparecieron frente a la sola posibilidad de los veedores. Los que, mirando las novedades de Comodoro Py, hasta hace 15 días se quejaban del quietismo del Poder Judicial de Tucumán hoy ven cómo se están moviendo algunas causas sensibles. A eso se suma que ciertos jueces cuestionados empezaron a apurar los trámites para jubilarse con el privilegio del 82% móvil. El efecto espabilador se advierte hasta en el propio gremio de la judicatura, que intenta rechazar la iniciativa de la Nación sin quedar pegado al sector más rancio e impresentable de la corporación, y sin echar nafta al fuego de la intervención, que hasta en el propio oficialismo atizan. Más de un magistrado íntegro, harto de pagar por los pecadores, está desafiando a mostrar lo que no se debe -ya- esconder. El interrogante es si esta vez, con o sin observadores externos, la Justicia se hará cargo de la parte que le toca, que es lo mismo que preguntarse si será capaz de ser justa consigo misma.