Por LA GACETA
29 Noviembre 2017
Se cumple una semana del asesinato del preso Fernando Sebastián Medina y el escándalo que genera su denuncia sobre venta de drogas en la cárcel debería inquietar a la sociedad. No sólo se ha denunciado que guardiacárceles controlan la venta de estupefacientes en la penitenciaría, sino que se ha difundido que Medina temía por su vida y que se había denunciado su situación ante el juez de Ejecución de Sentencia, quien había decidido su traslado a la seccional 3a. Pero alguien decidió que el reo fuera llevado otra vez a la penitenciaría y nadie ha asumido la responsabilidad por ello. Según la esposa del preso asesinado, ella fue el martes al Juzgado a entregar una carta en la que Medina decía que temía que lo fueran a matar y que allí le respondieron que el juez y la secretaria se encontraban en un curso.
Si resulta inquietante esta situación que ha culminado con una muerte prácticamente anunciada sin que ningún resorte de la Justicia o de Institutos Penales haya funcionado para evitarla, más preocupante, si cabe, es advertir que este tipo de denuncias ya se habían hecho en la cárcel. El 9 de enero, a raíz de una pelea entre presos, que terminó con la muerte del recluso Mario Jesús Juárez, su madre, Silvia Juárez, denunció por megáfono que el homicidio estuvo vinculado a la venta de estupefacientes. Entonces los familiares de los reclusos dijeron que “la droga entra a dos manos y todos saben quiénes la distribuyen adentro”. Pocos días después, el 19 de enero, fue detenido un agente penitenciario y en ese entonces se mencionó que había bandas narcos que se enfrentaban por la distribución de drogas en Villa Urquiza. Siete meses después, en julio, fue detenido otro guardiacárcel que llevaba drogas, psicofármacos y bebidas alcohólicas para entregar a los presos. Los funcionarios de Institutos Penales anunciaron, ante estos casos, que se proyectaba instalar escáners para detectar ingreso de drogas y otros elementos -como celulares- y que se iba a instalar una sección perros adiestrados para detectar drogas.
Además, este año se descubrió en una investigación de la Justicia que la muerte de otro preso, Rubén Alejandro Medina, ocurrida en la Navidad de 2015 en la seccional 7a, no había ocurrido por una pelea sino que se acusó por el homicidio a dos guardiacárceles del penal que estaban a cargo de la custodia del reo. Los otros detenidos denunciaron que los guardias habían ingresado drogas y alcohol al calabozo, lo cual fue desmentido por el defensor de los agentes, pero ha quedado la sospecha de esta actividad clandestina en el mundo carcelario. A esa seccional, precisamente, fue enviado el otro preso de apellido Medina fallecido la semana pasada.
La fiscala que investiga el caso ha citado al director de Institutos Penales y a otros funcionarios. La abogada de otro reo que sobrevivió a la pelea del miércoles -también denunciante de venta de drogas- ha pedido medidas de protección en la Justicia Federal. Nada se sabe de medidas que haya tomado el juez de Ejecución de Sentencia; y en cuanto al Gobierno, el ministro Regino Amado ha dicho que se ha iniciado sumario para deslindar responsabilidades y que confía en la tarea que lleva adelante la fiscalía.
No parece que estas medidas sean suficientes ni que se espere el resultado de la pesquisa judicial para actuar. Los diferentes casos y los detalles de este homicidio hacen presumir que se está ante una situación fuera de control que requiere una atención especial y medidas contundentes.
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