Incógnitas y preocupaciones que deja el “caso IPV”

26 Nov 2017 Por LA GACETA

La investigación sobre presuntas irregularidades en el Instituto de la Vivienda abre interrogantes sobre los mecanismos de control del Estado para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada.

Cuando LA GACETA corrió el velo sobre presuntas complicidades entre funcionarios del organismo y empresas constructoras, se desencadenaron una serie de denuncias que dejaron al descubierto manejos poco claros de los fondos destinados a viviendas. A partir de una denuncia formal de la senadora Silvia Elías, la fiscala provincial Adriana Giannoni y el fiscal federal Pablo Camuña decidieron investigar a diversos funcionarios de la repartición y a empresarios de la construcción.

Uno de los involucrados en la causa es Miguel Jiménez Augier, quien fue despedido del IPV y cuyo patrimonio está siendo cuestionado por la Justicia. A partir de una serie de procesos civiles en los que está involucrado, surgió que en una caja de seguridad a su nombre había cerca de medio millón de dólares. Otros de los investigados por el “caso Viviendas” son el propio interventor, Gustavo Durán, y el coordinador de Programas Federales, Lucas Barrionuevo. Ambos se encuentran vinculados a dueños de empresas constructoras que trabajan en obras del IPV.

El propio Durán pidió al Área Legal del IPV que investigue a Barrionuevo, que había negado conocer “de antes” a los dueños de la empresa Marán, cuando en realidad eran sus sobrinos políticos. Semanas después se le inició un sumario administrativo y se lo suspendió por 45 días. La constructora Marán había recibido contrataciones directas por casi $ 50 millones por parte del instituto. El 25 de julio se conocieron nuevos vínculos familiares entre funcionarios y empresarios. El interventor admitió que la institución que preside le había cedido obras a la empresa Kursk, perteneciente a su cuñado, Raúl Eduardo Beverina. “Cometí un error y me hago responsable”, había reconocido el funcionario. Pese a esas denuncias públicas de posibles irregularidades, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Graña, y el presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, Mario Nahas, respaldaron la gestión de Durán como interventor del organismo.

No fue lo único que sucedió. A fines de septiembre, durante una investigación de la fiscala Giannoni, se encontraron los U$S 500.000 en una caja de seguridad de Jiménez Augier. En un primer momento, él dijo que el dinero le pertenecía a un conocido, quien dijo que nunca había llevado a cabo algún acuerdo de índole patrimonial con Jiménez Augier. Además, negó ser el dueño del medio millón de dólares. Tras conocerse estos detalles, finalmente el Gobierno provincial desvinculó a Jiménez Augier del IPV, mediante un decreto firmado por el gobernador Manzur.

La cronología de estos hechos dejan al descubierto incógnitas y preocupaciones de cara al funcionamiento de las instituciones. Una de ellas, quizás la más importante, es por qué ningún funcionario o fiscal se percató de las irregularidades que hoy se analizan en sede judicial hasta tanto no se hizo público el caso en los medios de comunicación. Preocupa que organismos del Estado, en todos sus poderes, aparezcan como cómplices de maniobras que lesionan el erario o, lo que sería aún peor, no logre detectar incumplimientos o fallas en contratos u obras o la justa relación entre funcionarios y empresarios.

Sería tranquilizador y bueno para la sociedad encontrar instituciones más transparentes y atentas a evitar este tipo de irregularidades.

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