Casa tomada

25 Nov 2017 Por Roberto Delgado
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Unos 50.000 policías y cinco o seis cárceles pedía el lector Ángel Salguero en una carta el jueves para afrontar la crisis de inseguridad de la provincia. Calcula que, descontando descansos, licencias por enfermedad y custodias específicas, de los 8.400 agentes hay efectivamente 2.500 policías trabajando cada día, lo cual daría uno cada 650 habitantes, según su estimación. ¿Se trata de un disparate o de un deseo compartido por mucha gente? La idea de un Estado policializado o militarizado entra en el inconsciente colectivo cuando se percibe el crecimiento de la violencia y, de hecho, está en la cabeza de muchos dirigentes y, por supuesto, de los funcionarios de seguridad. Pero no está probado que la ecuación más policías, más armas y más equipos sea igual a más seguridad. En los últimos 15 años se duplicaron las cifras de agentes y al mismo tiempo se duplicaron las de homicidios. Ahora los funcionarios dicen que en vez de 8.400 policías debería haber 12.000. ¿Y si se replica la tendencia y al cabo de un tiempo volvemos a ver que el aumento de agentes está aparejado con el aumento de crímenes?

En emergencia, pero sin apuro

La carta del lector Salguero llega en momentos en que las cifras de la violencia deberían estar encendiendo todas las alarmas: no termina noviembre y hay unos 120 homicidios en lo que va del año. El reclamo de ayer contra la violencia de género se da en momentos en que se comprueba que, a pesar de todas las oficinas que se han creado y de todos los protocolos que se han establecido, el fenómeno sigue en aumento. Dos feminicidios ocurridos en los últimos días dan cuenta de esta tragedia social. En el Poder Ejecutivo, sin embargo, no saben cómo enfrentar esto. Hace un mes y medio se prorrogó por dos años la ley de emergencia en seguridad y, según la denuncia de hace unos días de la oposición, aún no se ha convocado para conformar la comisión que debe empezar a estudiar el problema.

La teoría de la “colcha corta”

Y el estudio hace falta, porque lo que está claro es que la política de seguridad no sólo ha demostrado ser gasto ineficiente (el Gobierno se aferra a las cifras marketineras dadas por la Nación en junio pasado, que dicen que hubo una baja en ciertos crímenes y en homicidios en ocasión de robo y al mismo tiempo reconocen que los datos son tomados de estadísticas provisorias y poco confiables) sino que también adolece de falta de esquemas claros de acción. Se reacciona ante los escándalos por la inseguridad; se hacen operativos “de saturación” y se aplica siempre la teoría de “la colcha corta” -es decir, si saco policías de un lado desguarnezco otro-, porque siempre está a mano el argumento de que se necesitan 4.000 policías más “para brindar la seguridad que hace falta”.

La verdad es que nunca se hizo el análisis de la ecuación policías/habitantes para entender la seguridad y darle una respuesta al lector Salguero, que reclama un policía cada 32 habitantes. En 1971, con la ley Orgánica de Policía, se estableció que hacía falta un agente cada 200 personas. Hace un año, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, comparaba la cantidad de agentes de Tucumán (uno cada 181 hab.) con las de Salta /uno cada 110), de Jujuy (uno cada 90) y Catamarca (uno cada 105) y decía que hacía falta uno cada 133 en nuestro medio. Pero no hubo debate y no se habló de que Nueva York, por ejemplo, tiene un agente cada 237 habitantes y Londres, uno cada 245, y encima no usan armas. Hace unos años, Pablo García Mithieux, un funcionario de seguridad del Gobierno porteño, explicó que en esas ciudades no necesitaban tantos policías porque en esas sociedades “se respeta la ley” y porque no tenían las “zonas de alto riesgo” que hay en las ciudades argentinas. Curiosa explicación no debatida y con la cual se cierra la idea de que acá lamentablemente rige la teoría de “la colcha corta”.

Las zonas de alto riesgo se van extendiendo (o se van visibilizando) sin que se entienda cómo y cuándo va a comenzar a tener efecto el mentado plan integral de seguridad. Ahora se habla de los asaltos a los bikers en las sendas del pedemonte en Yerba Buena y mientras el comisario de la Regional Norte, Sergio Suárez, dice que desde hace meses hablan con bikers y con autoridades de Yerba Buena con los que diagraman planes de prevención, los ciclistas denuncian que los asaltos son cotidianos, y que eso ocurre desde hace años. Ahora habrá operativo de patrulla y luego, por la “colcha corta”, los agentes volverán a la avenida Perón, hasta el próximo asalto. Hoy todo el sector del pie del cerro, por el que caminan o pedalean entre 2.000 y 3.000 personas por fin de semana, se ha convertido en zona de riesgo. A este paso, como ocurre en el cuento “Casa tomada”, de Julio Cortázar, la sociedad irá dejando los espacios que utilizaba porque han sido invadidos por extraños y ya no es seguro volver por ellos. Eso está pasando en muchos sectores que han sido ganados por la inseguridad, según las horas del día o los días de la semana. De eso dan cuenta los vecinos de barrios de la periferia cada vez que un hecho violento pone al vecindario en la mira pública. Desde hace años proliferan las rejas, las alarmas comunitarias, los servicios de seguridad adicional y la seguridad privada. Cuando la casa esté tomada por completo, ya no habrá adónde ir.

Causas desconocidas

La primera pregunta que surge es qué ha pasado en esta sociedad que ha ido dejándose ganar por la violencia. Hace 10 años se decía que la violencia crecía porque era resultado de las políticas neoliberales de Menem, que habían empujado a una generación a la indigencia. Ahora se dirá que la falsa inclusión social del kirchnerismo ha dejado un 30% de pobreza. Y dentro de un tiempo habrá reclamos similares para hacerle al macrismo.

Buscando la cifra ideal

Los sociólogos podrán estudiar por qué los argentinos no podemos ser honestos y tranquilos como los escandinavos y acaso en las políticas precarias del Estado puedan hallar respuestas. Pero del problema específico de la inseguridad hay que ocuparse ahora. Surge, entonces, la segunda pregunta, y es si este modelo de la “colcha corta” se resolverá cuando se llegue a los 12.000 agentes o los 50.000 que pide el lector Salguero. ¿Dónde están las pruebas de que esto vaya a dar resultado? Hasta ahora la “colcha corta” ha dado una sociedad más acostumbrada a la violencia -no sólo se ha vuelto habitual la justicia por mano propia sino la violencia en la que están envueltos los mismos agentes, ya sea como víctimas o como victimarios, como en la tragedia de ayer en barrio Juan Pablo I- y a una actitud cada vez más medieval frente a la inseguridad. Ya tenemos un grupo de operaciones motorizado para combatir el motoarrebato y los funcionarios endurecen su discurso para calmar la inquietud social. ¿Y los resultados? Más gente detenida. Más muertos. ¿Baja la inseguridad? No. ¿Es correcta, entonces, la estrategia?

El modelo de seguridad necesita un análisis detenido de la sociedad y una acción más clara del Ejecutivo. Ya se hace en otras provincias -Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires-. Hay que discutir qué hacer con la falta de datos confiables y de estadísticas; con la proliferación de armas en la sociedad; con la ley Orgánica policial; con la educación policial; con los protocolos; con el sistema de oficiales/suboficiales; con el servicio adicional que genera hombres cansados, negocios y corrupción; con asuntos internos; con los sistemas deficientes de control (el mismo secretario de Seguridad dijo que han sido separados 90 policías por delitos y que 900 están bajo sumario administrativo); con la ilusión de que de la Justicia penal va a surgir la prevención, como se ha planteado con el problema de los asaltos a los bikers.

La Justicia penal está para investigar hechos criminales. La tarea de prevención (evitar que ocurran) es del Poder Ejecutivo y de la Policía. Ese es el gran debate que hace falta, mientras no sabemos qué hacer con nuestra casa, cada vez más tomada por fuerzas extrañas.

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