Los condicionantes que marcan a la reforma propuesta

EDUARDO ROBINSON | ECONOMISTA

Pasadas las elecciones, el Gobierno propuso un conjunto de modificaciones tributarias cuyos principales objetivos son: aliviar la carga impositiva que soporta el sector privado y mejorar el perfil de competitividad de la economía. En este marco, la pregunta pertinente es, ¿se podrán lograrán esos objetivos? Lo que hay que tener en cuenta son los condicionantes que enmarcan la reforma propuesta.

En primer lugar, el gobierno tiene imperiosamente que avanzar con un esquema de política fiscal que vaya en los dos flancos: los ingresos fiscales y el gasto público.

En segundo lugar, la velocidad en la implementación de la reforma será gradual dado que un tercio de la población se encuentra en situación de pobreza y a su vez el elevado déficit fiscal. Si el gobierno no diseña un sistema tributario que aliente la inversión, será complicado que la reactivación se transforme en crecimiento. Entonces, el análisis de la reforma tributaria tiene dos planos. Uno la orientación general de la reforma que apunta a incentivar la inversión. Esto es fundamental, si no logra incrementar la inversión, es decir, incrementar la capacidad productiva, la presión fiscal no podrá bajar porque no se ampliarán las bases imponibles. En otras palabras, los que pagan abonarán más. Esto, a su vez, desincentiva el proceso inversor y no darán señales de recuperar solvencia fiscal en momentos que el país toma deuda para financiar parte del gasto público. Si la economía no se expande y se reduce el peso del sector público, subirá la percepción de riesgo de los que compran deuda. Es decir, subirá el costo del crédito para la Argentina.

El otro plano es cómo afecta la reforma a cada sector de la economía. Implica una evaluación de costos y beneficios sectoriales lo que debe incluir el impacto en las personas. Los impuestos incentivan y desalientan las conductas de las personas. Si se grava el ahorro, habrá una caída de esta variable, con las consecuencias asociadas. En este sentido, la reforma que empezará a tratarse en el Congreso, si no tiene modificaciones significativas, impactará en los sectores sociales dependiendo del perfil de consumo, de la capacidad de ahorro o del tipo de contribuyente. Dependiendo de las pautas de consumo, las personas podrán advertir que tenderán a bajar los precios en algunos productos, por ejemplo, tecnológicos, celulares, notebooks o tablets, ya que bajará el impuesto interno para esos productos. El consumidor de bebidas con alta graduación alcohólica, verá que los precios de esos productos tienden a subir. Desde el punto de vista técnico, el gobierno ha seguido el manual, establecer subas de impuestos a los bienes que tienen menor posibilidad de sustitución.

Suponiendo que ante el fisco una persona es monotributista, no tendrá demasiados beneficios, aunque se analiza evaluar el patrimonio de las personas. Sin embargo, si está categorizado como autónomo, tendrá una suba en las deducciones lo que será beneficioso. Por otro lado, si la persona tiene capacidad de ahorro, y destina sus ingresos a la compra de activos financieros como Lebac, Títulos Públicos, plazos fijos, tendrá otro impacto. Dependerá también de la moneda en la que se decida ahorrar. Los activos nominados en dólares o indexados (por ejemplo un plazo fijo ajustado por UVA o un título atado a la evolución del dólar) pagarán 15%, mientras que para activos en pesos a tasa fija la tasa será de 5%. Sin embargo, el mínimo no imponible será de $ 65.700 anual. Y solo las ganancias de capital o intereses acumuladas que superen esa suma serán alcanzadas por el gravamen. Es decir, no llegará a pequeños o medianos ahorristas.

La economía argentina no tiene otro camino que mejorar su competitividad, de lo contrario, sólo habrá reactivación, pero no empezará el camino al crecimiento.