Una carrera contrarreloj para las reformas

17 Nov 2017
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TODO PREPARADO. Así se aguardaba la firma del nuevo pacto fiscal. casa rosada


rosendo fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría 
Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría 

El gobierno busca avanzar con sus reformas y los gobernadores son el primer actor de la política con el cual debe acordar para alcanzarlas. El primer encuentro del presidente Mauricio Macri con ellos tuvo lugar el jueves 9. Fue cordial, los mandatarios escucharon propuestas y quedaron en responder. El gobierno dio el primer paso hacia el acuerdo al anunciar que se haría cargo de la suma requerida por Buenos Aires, para compensar el congelamiento del fondo de reparación histórica del conurbano, en $ 650 millones por año, desde hace más de una década. Primero el Ejecutivo dijo que se haría cargo de transferir a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, $ 20.000 millones y luego elevó la cifra a $ 40.000 millones. Por su parte la gobernadora retirará el planteo judicial presentado ante la Corte, para lograr que la justicia resuelva el conflicto a su favor. Pero ella sabe que el anuncio es sólo un primer paso, que requeriría la aprobación del Congreso y de las legislaturas provinciales, proceso que llevará tiempo y algunas negaciones más.

El llamado “Pacto Fiscal” para limitar el gasto provincial todavía está lejos de acordarse. En cuanto a reclamos específicos, el Ejecutivo ha retrocedido con el incremento de impuestos al vino y otras producciones de las economías regionales, que afectaban incluso a dos de las provincias gobernadas por Cambiemos (Mendoza y Jujuy).

Las centrales sindicales son el segundo protagonista de la política con el que el gobierno debe negociar. La posición sindical es clara: rechazan la reforma de la ley de contrato de trabajo que contempla, entre otras reformas, la reducción del monto de la indemnización por despido. Los dirigentes sindicales ya habían acordado con el gobierno una reforma que no pasaba por el Congreso, porque no incluía la reforma de esta ley. La situación no sólo ha generado una diferencia entre el gobierno y la CGT, sino también entre ella y la UIA. Hasta hace dos semanas, el gobierno, dirigentes empresarios y sindicalitas afirmaban públicamente que la reforma laboral sería consensuada entre los tres y que no sería impuesta como la brasileña. Conciente de la importancia que tendrá el Congreso para dirimir este conflicto, dirigentes de la central obrera se reunieron la semana pasada con gobernadores y senadores del PJ, buscando una alianza con ellos. La estrategia del oficialismo es aceptar concesiones en materia tributaria y laboral, pero mantener firme la reforma previsional. Para negociar desde una posición de fuerza, el sindicalismo saldrá contra ella y en defensa de los jubilados.

Los tiempos

Si bien el Presidente ha dicho que espera tener resueltas las reformas planteadas antes de finalizar 2017, la realidad es que su discusión se prolongará durante el verano. A menos de un mes de que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre, se va alejando la posibilidad de lograr la aprobación de las reformas por parte del Congreso en su actual composición. La semana pasada, Diputados dio sanción definitiva a dos leyes que no presentan conflicto: la prórroga de la suspensión del desalojo de las ocupaciones indígenas y la ley de responsabilidad penal empresaria. Esta última se logró con el apoyo de Sergio Massa, sin el cual no se hubiera alcanzado el quórum para tratarla. Pero fracasó el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público (Procuración) al señalar el PJ errores en su redacción.

La reforma tributaria entró esta semana al Congreso. En Diputados será tratado en comisión el proyecto de ley de alquileres y se dilata el tratamiento del presupuesto. Cabe señalar que el lunes 20 vence el plazo del Congreso para dictaminar sobre proyectos, para que sean tratados antes del 10 de diciembre. Sin dictamen, hace falta quórum de dos tercios para tratarlos. En los legisladores justicialistas de ambas cámaras se plantea claramente la divergencia entre kirchneristas y peronistas. Lo mismo sucede en Buenos Aires, donde Vidal vuelve a recurrir a Massa para la aprobación del presupuesto.

La justicia es un campo de batalla central de la política, con manifestaciones de diverso tipo. Los jueces federales siguen avanzando sobre la corrupción del Kirchnerismo, tanto por impulso del gobierno como también por propia iniciativa. A los casos de Julio De Vido y Amado Boudou, se suma el de Ricardo Echegaray -ex jefe de la AFIP-, a quien se ha prohibido salir del país. De esta forma, varios jueces federales frenan el avance de las denuncias contra ellos por inacción durante el gobierno de Cristina Fernández. La causa Nisman también avanza y el mismo Presidente desde New York dijo que el fiscal había sido muerto. La causa en manos del Juez Bonadío, anticipa que Cristina será tratada severamente, aunque ello no implica sea detenida en el corto plazo. Pero es la causa Odebrecht, la que puede generar impacto político, como lo ha hecho en todos los países de la región en los cuales ha sido investigada. En octubre, el fiscal de Manhattan intimó a la Argentina a que avanzara en la investigación como lo ha hecho Brasil y el resultado de investigaciones realizadas en Andorra, confirman la denuncia realizada por la constructora brasileña en EEUU de que pagó U$S 35 millones de sobornos en Argentina. El 4 de diciembre comienzan las indagatorias por esta causa en la justicia argentina.

En conclusión: Macri ha iniciado la negociación con los gobernadores con buena deposición de ambas partes, pero siendo difícil que se llegue a un acuerdo definitivo antes de finalizar 2017; en cambio, la relación es tensa con el sindicalismo, que rechaza la modificación de la ley de contrato de trabajo. Para fortalecer su posición, cuestionan la reforma previsional, que es prioritaria para Macri. El Congreso es una instancia necesaria para la mayoría de las reformas y el gobierno deberá esperar a la incorporación de los nuevos legisladores el 10 de diciembre, para avanzar en ellas y en la justicia federal seguirán tratando las causas contra el Kirchnerismo, entre ellas la investigación sobre la muerte y denuncia de Alberto Nisman y el caso Odebrecht comenzará en diciembre.


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