Por LA GACETA
10 Noviembre 2017
La cosecha de limón
Como máximo representante del organismo que suscribe, me veo en la obligación de hacerle llegar la presente misiva con motivo de las inexactas afirmaciones sobre el sector limonero vertidas en la columna de opinión firmada por el periodista Federico Türpe, el 4/11, titulada “Cambian los gobiernos y los pobres son siempre los mismos”. Sin realizar ningún tipo de juicio de valor respecto de las opiniones de quien firma la nota ni de la línea editorial del medio, que desde ya son absolutamente libres de ofrecer sus opiniones sin condicionamientos, debemos señalar con firmeza que se han deslizado en el texto informaciones que no son ciertas. Dice textualmente la nota: “Cien pesos por jornada cobra un cosechador de limones. La industria estrella y modelo de Tucumán, que exporta a todo el mundo, y que pretende dar cátedra de responsabilidad empresaria y negocios sustentables. Emplea a personas que si trabajan todos los días, sin descansar uno solo, ganarán $ 3.000 por mes. Esa es la pobreza digna del campo”. En primer lugar, un cosechador de limones no cobra $ 100 por jornada sino que parte de los $ 464 y se incrementa en función de su productividad y su antigüedad. Además, quienes poseen hijos mantienen las asignaciones familiares pese a tener trabajo registrado, desde este año. Con 22 días de trabajo al mes estaríamos hablando de un ingreso que excede largamente al salario mínimo. Es también muy desafortunada la frase: “que pretende dar cátedra de responsabilidad empresaria y negocios sustentables”, ya que lejos está el sector de pretender dar cátedra, sino que con cooperación y constancia hace su aporte para que las comunidades en las que opera sean cada vez más sustentables. Principalmente, siendo empresas sólidas y competitivas en el contexto internacional y que así continúen generando fuentes de trabajo. Ello implica mantener altos estándares operativos, someterse a numerosas auditorías y calificar para las exigentes certificaciones internacionales, que entre otros muchos aspectos controlan el trabajo infantil, el trabajo informal y cuestiones de género. Asimismo, los convenios firmados con Uatre y las propias auditorías del gremio ofrecen garantías en estos aspectos. Pero principalmente motiva la presente la sorpresa que nos ha causado como referentes del sector que una publicación tan relevante (en un medio que es protagonista de nuestra comunidad) no haya sido debidamente chequeada, dada la cercanía y la relación que nos une. Es de esperar que en una próxima edición puedan subsanar el error informativo en el que han incurrido, por el bien tanto del sector como de la credibilidad del medio. Lo saludo muy cordialmente quedando a su disposición para hacerle llegar la información que pueda requerir para ese fin.
Martín Carignani,
Presidente de Acnoa (Asociación Citrícola del Noroeste Argentino)
El derecho a la verdad
El Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso de la Nación, donde continúa siendo minoría en ambas Cámaras, proyectos de leyes referidos a temas impositivos, laborales y previsionales, impulsando profundos cambios en estas materias claves para nuestra sociedad y las economías regionales. La herencia del pasado gobierno fue y sigue siendo agobiante, caracterizada por elevados índices de pobreza y exclusión social, una continua fuga de capitales y un acentuado proceso inflacionario deliberadamente tergiversados y ocultados por el entonces intervenido Indec. No hay dudas sobre la necesidad de intentar salir de esta fatal encerrona social, institucional, económica y financiera, caracterizada por acentuados déficits comerciales y fiscales y pérdida de confianza en nuestras instituciones. Compramos por más de lo que logramos vender y gastamos más de lo que recaudamos, con una insoportable presión impositiva a nivel nacional y local y un acentuado endeudamiento externo. Imposible seguir así. Debemos restablecer la confianza de los inversores externos e internos con imprescindibles reformas institucionales, conectándonos e integrándonos al mundo con inteligencia y competitividad. Debemos buscar restablecer la perdida seguridad jurídica, armonizando la libertad individual con la eficacia económica y la justicia social. El desafío es enorme, requiere debates y consensos. Exige profundo conocimiento de la realidad económica, institucional y financiera de todos los países del mundo, porque ya no podemos vivir sólo con lo nuestro. Por ello, urge que las distintas comisiones del Congreso, que estudiarán y dictaminarán sobre estos proyectos convoquen, previamente, a toda la sociedad civil, representada por sus entidades empresariales, sindicales, colegios profesionales, ONG especializadas en estos temas y destacados investigadores en estas cuestiones, para que se pronuncie sobre los cambios proyectados, divulgando luego sus aportes. Existen pautas y directrices emanadas de nuestra Constitución nacional, del derecho internacional de los Derechos Humanos y de la doctrina judicial de nuestra Corte Suprema de Justicia nacional, que deberán ser tenidas muy en cuenta. Nuestro pueblo requiere, igualmente, que el Gobierno nacional publicite las cláusulas secretas del contrato que celebró YPF con la multinacional Chevron y las incluidas y reservadas en los acuerdos comerciales que celebró la ex presidenta Cristina Fernández con la República Popular China. Si es hora de sacrificios, los mismos deben ser equitativos, en base al esencial derecho humano a saber toda la verdad.
Luis Iriarte
Informes de la caja popular
Ahora que el interventor Armando Cortalezzi se fue del cargo, luego de cinco años de una intervención alperovichista de más de 12 (algo inaudito), es de esperar ahora del gobernador Manzur lo siguiente: 1°) que pida a este último interventor un informe de su gestión y, en cumplimiento de lo requerido por sus superiores, explique de qué manera y acción justificó esa intervención; 2°) que el gobernador restituya el directorio a la Caja Popular de Ahorros de la provincia fundada por Ernesto Padilla hace 102 años, para terminar de una buena vez con las intervenciones prepotentes (e ilegales) del Poder Ejecutivo provincial.
Carlos Duguech
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