En zona de castigo

No es para nada el fin de la temporada soñada por la industria azucarera. Ni siquiera estaba en los planes de la cúpula industrial un golpe a la actividad tan fuerte desde la Casa Rosada. En el marco de las reformas estructurales, el Gobierno nacional disminuirá un 30%, en dos tramos, el valor del bioetanol. Y las quejas se hicieron escuchar desde todos los ámbitos. Por el lado empresarial, hay quienes piensan que la decisión del Ministerio de Energía implica un duro golpe a la rentabilidad de un sector que comenzó a ver la luz desde el momento en que se subió del 10% al 12% el corte de las naftas con alcohol anhidro. Los referentes azucareros esperaban que el presidente Mauricio Macri anunciara un incremento al 15% de la tasa de corte, no una baja del valor del producto. Hay quienes piensan en judicializar la situación tal como sucedió con la prohibición de la Municipalidad de la Capital cordobesa, al limitar el uso del endulzante en bares y en restaurantes.

En la polémica resolución 415 del área que conduce Juan José Aranguren se deja en claro que la industria azucarera tiene la rentabilidad suficiente como para soportar un ajuste en “las fórmulas de cálculo de precios de los biocombustibles a fin de reflejar adecuadamente la mayor eficiencia en beneficio de los consumidores”. En los considerandos de esa medida, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación, se expresa: “que la experiencia recogida desde el lanzamiento de los Regímenes de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio argentino, y de Promoción de la Producción de Bioetanol, han permitido a las empresas mejorar sus procesos productivos tornándolos más eficientes, y a Energía, recopilar numerosa información técnica y económica respecto de los distintos actores del mercado, lo que evidencia que las fórmulas vigentes hasta la actualidad no reflejan adecuadamente las estructuras de costos de las empresas”.

De allí la reducción del 15% vigente a partir de ayer y del 14% que regirá desde el 1 de febrero. La medida ya estaba en conocimiento de la Casa de Gobierno tucumana, que empezó a contactarse con actores de la actividad azucarera en la noche del martes. La incredulidad de esos hombres de negocio frente a la medida cambió ayer cuando leyeron el Boletín Oficial. “No hay cuestiones políticas de por medio”, comentó un referente industrial. En su fuero interno, ese mismo industrial sabe que Macri les jugó en contra y que, por esa razón, convocarán la próxima semana a la dirigencia azucarera a una cumbre en la Casa Rosada con funcionarios de la Jefatura de Gabinete.

La lectura política en el entorno del gobernador Juan Manzur es otra. “No es una medida para celebrar, ni mucho menos, porque hay miles de familias tucumanas que dependen de esta actividad. Pero sí les sirve a algunos industriales que apostaron electoralmente a Cambiemos en las elecciones pasadas”, dicen que comentó el mandatario al hablar con un importante industrial de la provincia. Manzur está convencido que varios empresarios financiaron a la lista tucumana del macrismo.

De hecho, el panorama que trazó el Centro Azucarero Argentino al pronunciarse sobre la reforma tributaria y el incremento de los impuestos internos a las bebidas azucaradas pinta nubarrones con consecuencias socioeconómicas. “La medida impulsada por el gobierno nacional que incrementa los impuestos internos generará importantísimas pérdidas de puestos de trabajo en la cadena azucarera”, remarca.

Castigo es la palabra más usada por todos los sectores. “El castigo impositivo a las bebidas azucaradas también es discriminatorio porque tiene un fuerte efecto regresivo, y afecta más que proporcionalmente a los sectores de menores ingresos de la sociedad”, dice el Centro Azucarero. “Es un castigo político a los aliados”, refuerzan desde el Gobierno provincial. “No hay castigo; sólo hay que sentarse a hablar para ver qué se puede hacer”, responden desde Cambiemos. Lo único claro en esta situación es que las economías regionales están pagando un alto costo con una reforma impositiva que aún debe pasar por el Congreso. Hacia allí miran los azucareros, los vitivinicultores, los productores del Alto Valle y los citricultores del NEA.