Desbordadas por la violencia

“La respuesta penal ya es insuficiente. Hay que tomar (el problema) de manera integral”, dijo el fiscal Washington Navarro Dávila ante el fenómeno de las 800 denuncias por violencia de género que le tocó en los 11 días de su turno judicial. Esas 800 denuncias, dice, podrían llegar a ser 1.300 o 1.400 cuando se termine de recopilar la información sobre todos los casos judiciales que le tocaron a su fiscalía en ese período, que serían unos 3.000. ¿El 30% de los casos son por violencia de género? ¿O será una proporción mayor, si se determinara que fueron 1.400 casos?

Números complejos

El asunto tiene aristas inquietantes por donde se lo mire. No están bien estudiadas las causas de la violencia, porque se asume que estamos viviendo en una sociedad violenta y que la agresión contra la mujer es otra parte del fenómeno. Del centenar de homicidios que hubo en Tucumán en lo que va del año, cinco fueron femicidios. ¿Es mucho o es poco? Las cifras muestran fotografías de situaciones pero no radiografías de problemas complejos. En Argentina hubo 254 femicidios en 2016, lo cual es una enormidad comparado con los del año anterior (235) y de 2014 (225), pero no hay claridad sobre esos números.

La organización civil La Casa del Encuentro -que desde 2008 recopila datos a partir de publicaciones de los diarios- consigna que en 2016 fueron 290 los femicidios. Acaso haya correcciones posteriores con algunos de los datos publicados por la prensa -surgidos de las primeras informaciones- pero sobre esas publicaciones las organizaciones civiles construyeron sus mapas del dolor. Lo mismo hace Luchemos por la Vida con las muertes en accidentes de tránsito.

Después de la primera manifestación de Ni una Menos en 2015 la Corte Nacional comenzó a publicar cifras de sus estadísticas (los 254 femicidios mencionados para 2016) y empezó a hacer algunos estudios, a partir de la tarea de dos áreas judiciales: el Observatorio de Violencia Doméstica (OVD) y la Oficina de la Mujer, áreas que se reflejan también en la Corte Suprema tucumana. No obstante, por ahora los datos que se manejan son muy precarios. La Corte de Tucumán aún no ha podido terminar con el relevamiento de los homicidios de 2016, con lo cual el informe nacional dado a conocer este año (La Nación, 2 de junio) podría sufrir variaciones, al menos en lo que hace a Tucumán.

Si trabajar con delitos contundentes como los homicidios es complejo, mucho peor es con las denuncias por agresión. Navarro Dávila dice que durante su turno ordenó a la Policía que en cada causa con violencia de género y menores se le avise inmediatamente y se haga intervenir al defensor de Menores. Pero reconoce que pese a que el turno terminó el 17, aún no terminaron de ingresar todas las denuncias, por lo cual tendrá un panorama más claro al final de la tarea. Otro criterio tiene la fiscala Adriana Giannoni, que también ha ordenado a la Policía -especifica que ha juntado a las comisarías, al 911 y a la Policía de la Mujer de la calle Don Bosco al 1.800- para que se le envíe de inmediato un mail y se haga traslado de la víctima a Sanidad y a la oficina de la OVD para análisis de riesgo. Así, dice, se evitan pasos burocráticos que hacen caer la causa muchas veces. Giannoni dice que, al terminar el turno, ellos tienen tratadas todas las causas de violencia de género.

No obstante, depende de la obediencia de los patrulleros del 911 para acudir a asistir y trasladar a las víctimas, porque hay una amplia zona oscura en la recepción de denuncias, puesto que las comisarías carecen de internet y de computadoras (como no sean laptops personales de los oficiales) y entonces en algún momento se produce la demora de envío de causas de la que habla Navarro Dávila. Lucía Briones, responsable del Centro Municipal de Violencia, Mujer y Derechos Humanos, critica que el sistema judicial es burocrático y complicado. “Hay mujeres que tiene denuncias en cuatro o cinco fiscalías y que no unifican nunca, no hay un juicio y una sentencia... del mismo modo, a veces cuando se viola una prohibición de acercamiento, al hombre le dan otra prohibición en lugar de detenerlo”, reclama. Basta recordar la tragedia de Claudia Lizárraga, asesinada por su ex marido en la calle en Barrio Jardín en 2016. En su cartera tenía la última denuncia contra el hombre por agresión.

Las cifras de Giannoni contrastan con las que han sorprendido a Navarro Dávila. En su turno de diciembre la fiscala registra 351 denuncias; en el de marzo, 250, y en el último de julio, 438, lo cual, para ella, coincide relativamente con el informe que dio Eva Fontdevila, de la OVD de la provincia, que señala que hubo un 20% de aumento de denuncias desde junio del año pasado. Pero esas 438 tienen una distancia sideral con las 800 que recibió la fiscalía de Navarro Dávila. ¿Hay diferencias en los criterios para registrar las denuncias? Nadie lo puede afirmar, pero sí se puede decir que la Corte Suprema acaba de cambiar el sistema de registro de datos. Los pasó del sistema Lex Docthor, que no admitía modificaciones ni estudios, al Sistema de Administración de Expedientes (SAE) y allí están cargando los datos. ¿Se está aceitando?

A nivel nacional, el Ministerio de Justicia ha creado una comisión de expertos que han determinado que el sistema se enreda en su burocracia, que fallan los mecanismos de protección, que no hay perspectiva de género en la mayoría de los operadores de la justicia (por eso los fiscales Navarro Dávila y Giannoni dicen que les tienen que dar instrucciones precisas al respecto cada vez que comienzan sus turnos). “Hay ausencia de registros y datos para generar políticas públicas”, dijo María Fernanda Rodríguez, subsecretaria nacional de Acceso a la Justicia. “La Justicia revictimiza al hacer revivir las situaciones de violencia en una gran cantidad de momentos judiciales que no están coordinados. Debe haber tribunales adecuados, que protejan los datos, que trabajen con perspectiva de género, que atiendan que hay que reparar a esas víctimas”, explicó Claudia Sbdar, vocal de la Corte tucumana (Clarín, 27/9).

Puro estudio

Esos expertos han propuesto una ley Modelo para adoptar una perspectiva de género y crear un equipo especializado para tratar la violencia intrafamiliar y sexual. Ese proyecto estará puesto para análisis y opiniones en el Portal Justicia 2020. También estudian el tema el Instituto Nacional de las Mujeres (ya la ley 26.485 del año pasado ha derivado en el plan nacional para la prevención asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres) y a nivel provincial, más allá de la profusión de oficinas y observatorios (judiciales, provinciales y municipales) hay una ley de emergencia en violencia de género y una comisión interpoderes para tratar el problema. Esas oficinas se apagan cada vez que hay una marcha Ni Una Menos, porque allí las organizaciones de la sociedad civil y los grupos feministas reclaman que todo el andamiaje oficinesco y burocrático no impide la marea violenta que va creciendo. Apenas la visibiliza.

Con todo eso, nadie ha podido responder qué pasa con las 800 denuncias. Navarro Dávila cree que tiene que ver con la falta de horizontes de familia y dice que es un problema que excede a la Justicia. La psicóloga de la Policía Patricia Santucho (División Violencia de Género de la Policía) no relaciona el aumento de violencia con el consumo de alcohol, aunque reconoce que incide, lo mismo que dice Lucía Briones. Los fines de semana -coinciden- se agrava el problema. De todo esto vienen preguntas: ¿Cuándo se hará una reforma para recopilar de manera adecuada los datos y que todas las oficinas (policiales y judiciales) sigan el mismo protocolo? Acaso se está esperando que se habiliten algún día las dos fiscalías de la mujer, creadas pero aún sin funcionarios ni empleados. Pero aún cuando se habiliten, ¿trabajarán con el mismo esquema policial caótico y de datos dispersos de hoy? ¿Y si todos esos empleados que esperan las denuncias en las oficinas judiciales fueran a las comisarías a atender a las víctimas siempre, pero en especial los fines de semana? Incluso con eso no bastaría para entender el problema que excede al poder judicial, como dice Navarro Dávila, y que es integral. La Justicia y la Policía insisten con un modelo de respuesta ineficiente, que siempre carece de recursos. Cuando no son patrulleros, son computadoras, o son pulseras, o son botones antipánico que nunca llegan. ¿Cómo se hará en otros lugares? El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, dice que “el sistema judicial no está pensado para resolver estos conflictos; hay instrumentos de la justicia que aún son coloniales”. Quién sabe, acaso las comisiones creadas a nivel provincial y nacional puedan hallar respuestas.