De Tucumán al país

18 Oct 2017 Por Indalecio Francisco Sanchez

Las elecciones de medio término despabilaron a los jueces federales, que se convirtieron en asesores de campaña de Cambiemos en la etapa final de la previa comicial. La espada judicial apuntó contra Cristina Fernández, Julio de Vido, nuestro Juan Manzur y hasta contra ex funcionarios de bajo rango por el Plan Más Cerca.

El accionar judicial direccionado, tardío y sospechosamente cercano al poder de turno genera indignación. Si el último bastión en el que los ciudadanos pueden confiar para tratar de que sus derechos no se vulneren se mueve al ritmo de los intereses políticos, la República cruje. La sociedad observa con atención esos movimientos y la inquieta clase media parece haber encendido una luz de alerta. La jugada macrista podría resultarle contraproducente: ese 30% de población indecisa, apartidaria y desconfiada de la clase política no quiere una “era M”, es decir, un Gobierno que comience a hacer uso y gala de las mañas que los terminó alejando e indignando con los K.

En la Justicia provincial, a tono con los nacionales, los magistrados se mueven al ritmo del oficialismo. En este caso, del local. Por ello parece que dormirán eternamente las causas que involucran corrupción estatal. Nada avanza ni se esclarece. Ni las denuncias por los gastos sociales, que ya tienen un par de años, ni las recientes por el Instituto de la Vivienda. “Eso no podrá avanzar demasiado”, vaticina un fiscal, que reconoce la dificultad de lidiar con casos de corrupción. Es difícil probar que un funcionario -o ex- se llevó dinero del Estado, pese a que muchos lo saben o lo sospechan.

El favoritismo de la Justicia en ningún caso libra de cargo y culpa a los investigados. Que los federales vuelquen nuevamente la vista sobre Manzur, justo en la previa de las elecciones, con un caso en el que había sido absuelto, es repudiable porque deja sospechas sobre una Justicia “apretadora” y no, precisamente, justa. Sin embargo, ello no quita que el gobernador está siendo investigado porque las irregularidades, según lo evidencian las pruebas, existieron. Habrá que ver si el tucumano tuvo que ver con ellas o no mientras fue ministro de Cristina Fernández. Pero está casi probado que hubo licitaciones dirigidas y sobreprecios. Lo mismo sucede con la ex presidenta, con De Vido y con el Plan Más Cerca. Los señalados por la Justicia fueron, mínimamente, poco prolijos con fondos y obras públicas. Está bien y es necesario que se los investigue. Preocupan el cuándo y el cómo lo hacen.

Viviendas para todos

El escándalo en el Instituto de la Vivienda de Tucumán se propaga a nivel nacional bajo la atenta mirada de los popes nacionales de varios y diversos sindicatos. El más preocupado es el de la Uocra, que con el “Pata” Medina en desgracia (titular del gremio en La Plata) y con Adrián Santillán cuestionado (ex líder de la seccional Tucumán) teme que la ola expansiva de cuestionamientos toque a su máximo referente, Gerardo Martínez. Algunos de sus pares especulan, incluso, que su acercamiento a Mauricio Macri estaría vinculado con el tembladeral que podría producirse a nivel nacional si se revisa en todo el país el “cupo Uocra”. Se trata del convenio que supo administrar el interventor del Ipvdu tucumano, Gustavo Durán, como presidente del Consejo Nacional de Vivienda, con el gremio a nivel nacional. A través de ese acuerdo, el 10% de las casas que se construyeron con fondos federales debían ir al gremio. En Tucumán, nadie sabe quiénes son los afiliados de la Uocra que se beneficiaron con las 400 casas de Lomas de Tafí. Los trabajadores de la construcción se miran entre sí y les cuesta hallar a compañeros que vivan en ese megabarrio. Los disidentes de Santillán vienen pidiendo hace casi una década, sin éxito, informes sobre el listado de quiénes obtuvieron una casa con ese cupo. La nueva conducción de la Uocra Tucumán, con David Acosta a la cabeza, salió a despegarse de Santillán y hasta pidió a la Justicia que investigue si hubo irregularidades.

Para colmo de males, del cruce de datos del reactivado caso “Plan Más Cerca” que gestiona el fiscal federal Carlos Brito podrían surgir más irregularidades con fondos que administró Durán y su hoy desmembrado círculo de poder.

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