La calesita de la inseguridad

14 Oct 2017
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“Dar vueltas sobre un centro / o explotar con él” (”Mestizo”, Almendra)

La presión del Tucumán degradado empezó a salir por los chorros de vapor de la olla Marmicoc de la inseguridad. Casi 100 homicidios en lo que va del año, policías detenidos por allanamientos truchos extorsivos, presos que se escapan en patrulleros, comisarías con reos en condiciones inhumanas... Ahora se agregó el informe nacional que señala que los índices de suicidios en Tucumán duplican las cifras nacionales. Las causas principales, según estima Andrés Blake, director de Salud Mental y Adicciones de la Nación, son la pobreza y las adicciones. Tema este último incluido en la ley de emergencia en seguridad que acaba de ser prorrogada por dos años en la Legislatura.

La presión escapa porque la olla se va llenando. Hace un año, el 7/10/16, se había sancionado la norma casi por obligación por quedar bien con el Gobierno nacional, que había dictado su ley de emergencia, vinculada con la idea de luchar contra el narcotráfico. La ley tucumana, que abarcaba la triple emergencia (seguridad, adicciones y ámbitos carcelarios), ahora, sin que se hayan encontrado caminos para estos problemas, incluye la emergencia vial, esa misma que a comienzos de 2016 (mucho antes de la declaración de emergencia) el gobernador, Juan Manzur, había calificado como “una epidemia”. Esa epidemia dice que en lo que va del año hubo 17.000 accidentados atendidos por el sistema de salud, según la ministra Rossana Chahla. Esta misma comisión de seguridad legislativa que reconoce que en este infructuoso año no se ha podido ni siquiera hacer un diagnóstico sobre los tres primeros asuntos, ¿podrá también abarcar la emergencia de la inseguridad vial? Cómo será de complejo el tema, que la misma ministra planteó como una salida para los accidentes la necesidad de que la comunidad tenga “conciencia del autocuidado”. Está bien la campaña “Tu accidente nos impacta a todos”, pero suena a cero responsabilidad del Estado.

Demasiado genérico

Los legisladores han intentado subsanar el fracaso del año que ha pasado en emergencia -que ha sido un período bastante activo- con la nueva ley, que ahora establece la posibilidad de convocar a expertos para que haya capacidad de análisis de los problemas. Pero hay dos temas fuertes a resolver. Uno, que se mantiene la idea genérica de que la emergencia es para “revertir el peligro creado por el delito complejo, el crimen organizado y el avance de los delitos contra la propiedad” (art 1). Las primeras ideas se refieren al narcotráfico, al contrabando de armas, a las asociaciones ilícitas terroristas; o a la necesidad de combatir a quienes cometen delitos por fines políticos o raciales, o por fraude contra la administración pública. El inciso 11 del Art. 1 habla de delitos de trata de personas. Está bien que se luche contra todo eso. ¿Pero se analizarán con el enfoque de esta ley las causas de la violencia cotidiana, del homicidio y de los asaltos y arrebatos callejeros? ¿O se mantendrá la tesitura genérica de que se deben al narcotráfico y a las mafias criminales? La misma tesitura “hiperónima” se aplica con la declaración de emergencia vial: no se dice por qué, ni para qué, ni cómo se trabajará en el problema de los accidentes; se espera que el Poder Ejecutivo lo haga cuando reglamente la ley; o bien que se dicte una norma específica en breve. Poco serio.

El segundo tema fuerte a resolver es el hecho de que no están claros los objetivos de la misma comisión, puesto que todo su trabajo durante el año que ha pasado (propuestas sectoriales de mejora en seguridad) ha sido puntualmente ignorados por el Ejecutivo, que no se siente obligado a nada, excepto a plantear que la emergencia se da simplemente por carencia de recursos económicos o humanos. Por ello la ley sólo le ha servido para obtener recursos para comprar por vía directa autos, motos, bicicletas y armas por $ 75 millones y hacer arreglos en la cárcel por $60 millones. En opinión de los funcionarios de seguridad, todo está muy bien y si hubiera 3.000 policías más y plata para terminar de arreglar las comisarías y la cárcel, estaríamos en un paraíso. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, ha calificado como “históricos” los resultados del llamado plan integral de seguridad. En esta visión, los policías que delinquen (aparecen casos todas las semanas) serían manzanas podridas que el mismo sistema va autodepurando de la mano de excelentes funcionarios policiales; los problemas de hacinamiento de presos podrían resolverse cuando haya plata y la inseguridad, en barrios como el Oeste II, podría mejorar cuando haya más personal policial. El demorado informe del Ejecutivo a la comisión legislativa (entregado hace pocos días) da cuenta de cómo se hicieron las compras directas. Cero autocrítica.

Lo que no se sabe

No sólo se trata de cifras, como que casi ya hay 100 homicidios (el doble que hace una década), sino de la dificultad de entender lo que está ocurriendo. No hay pautas para enfrentar la corrupción policial. No se conocen estudios sobre los sumarios de los últimos 10 años. No se sabe cómo manejar los servicios adicionales. No hay norma sobre contravenciones. No se analiza cómo recolectará datos la policía, que hasta tiene negada la correcta recepción de denuncias: si alguien va a una comisaría y no está el oficial de guardia, no le reciben su presentación.

Por otra parte, el informe sobre suicidios del director de salud mental apenas da cuenta de un problema que nadie puede explicar. El dato de los suicidios ya estaba en la precaria estadística entregada en junio pasado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) pero nadie podía definir causas. De hecho, en mayo se habían dado a conocer datos sobre suicidios (”Tucumán tiene la tasa más alta de sucidios del país”, 22/5), pero el sistema de medición difería entre provincia y nación, por lo que se llegaba a conclusiones totalmente diferentes. Ahora habría coincidencias, pero no hay garantías de que la recolección de datos siga un protocolo adecuado. Por ello, aunque la explicación del funcionario nacional de que las adicciones son parte sustancial del problema del suicidio -plantea cambiar el modelo de atención- no se entiende bien esto dentro del escenario de las adicciones: la misma Nación y la Provincia, que dicen estar enfrascadas en la lucha frontal contra el narcotráfico, dejan abandonados a los adictos en el infierno de la droga y la pobreza. Estos son noticia solamente cuando son detenidos y acusados de narcotráfico.

En busca de un propósito

¿Sabe la comisión de emergencia en seguridad cuál es su objetivo? Se les había vencido el término de la ley sin que se hiciera siquiera el diagnóstico y varios de los integrantes -como el camarista federal Ricardo Sanjuán- habían casi abandonado la tarea, frustrados por el inmovilismo. La nueva oportunidad les da dos años, pero les agrega otro asunto, el de la inseguridad vial. El Ejecutivo responderá igual que con la crisis carcelaria o de motoarrebato: dirá que se secuestran cientos de vehículos por día (las comisarías y la Policía Vial están abarrotados de motos) pero nadie podrá explicar por qué sigue creciendo el fenómeno. Se vienen días de mucho trabajo, si se convoca a expertos y los legisladores asumen que sus tareas, además de legislar, tienen que ver con coordinar, controlar e interpelar al Ejecutivo. O también pueden pasar dos años y que se termine concluyendo, como dijo el legislador Rubén Chebaia, que seguimos “como en una calesita, creyendo que vamos para adelante, pero siempre estando cerca del punto de partida”.

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