Oficialismo y oposición buscan cambios en los “adicionales”

El sistema de vigilancia estatal pago generó $185 millones para la Policía en 2016. Más allá de las críticas, el gobierno asegura que sólo los uniformados que están de franco prestan este servicio. Objeción contable.

05 Oct 2017
1

CUSTODIA. Los privados pueden contratar servicios adicionales de la Policía. El costo ronda los $80 por hora. la gaceta / foto de analía jaramillo

El sistema de servicios adicionales de la Policía, que generó ingresos por $ 185 millones durante 2016, suma críticas en el Poder Legislativo.

Al menos tres proyectos de ley con estado parlamentario apuntan a instaurar cambios profundos en el régimen de vigilancia estatal pago, que se aplica desde 1970 y opera por fuera de los circuitos contables y administrativos de la Provincia, según observó el Tribunal de Cuentas (TC) al emitir la última Cuenta de Inversión (acuerdo 3.761).

Hace un año, los oficialistas Nancy Bulacio, Ramón Santiago Cano (jefe del bloque PJ) y Sara Assán, entre otros, firmaron una iniciativa que establecía la prohibición lisa y llana de los “adicionales”. Además, proponían que el régimen laboral de la fuerza pasara a ser de 12 horas de servicio por 24 de descanso, en lugar del “24 por 48” que rige actualmente. “El efecto positivo en seguridad y en materia de empleo que puede traer este proyecto es todavía mayor al que prevemos; por ejemplo, surgirá la necesidad de contratar mayor número de trabajadores de la seguridad privada”, remarcaron los legisladores oficialistas.

En esa ocasión, el PE salió a desestimar de lleno la posibilidad de remover los servicios adicionales. “(El proyecto) está descartado, no prosperará”, afirmó el gobernador, Juan Manzur.

En estos meses surgieron variantes, puesto que los legisladores ya no proponen la remoción de la vigilancia estatal paga.

En marzo, la peronista disidente Stella Maris Córdoba, afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo, impulsó la creación de la Dirección de Servicios de Policía Adicional. De esta forma, la administración operativa y contable pasaría a depender del Ministerio de Seguridad y no del Departamento General de Policía, como sucede hoy. “(Esto permitirá) transparentar el manejo de los fondos”, indicó Córdoba.

El lunes, en tanto, los radicales Eudoro Aráoz, José Canelada y Adela Estofán y el republicano Claudio Viña rubricaron un proyecto para establecer un Registro de Servicios Adicionales en la órbita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del PE. “Como los adicionales son realizados en los días de franco, resulta esencial que se regule esta actividad; se evitarían así jornadas de horarios extensivos, que resienten el funcionamiento de la fuerza policial”, analizaron. “Se encuentra instalada en la sociedad la idea de que, en la práctica de los servicios adicionales, existe un manejo discrecional por parte de algunos jefes o autoridades de la fuerza quienes, además de elegir a los agentes que prestaran este servicio, le ponen el ‘precio’ a la actividad y el ‘porcentaje’ en que se repartiría el monto”, consignaron.

El Gobierno volvió a respaldar los adicionales, tal como había sucedido un año atrás. A través de distintos voceros, desde la Casa de Gobierno se advirtió que el servicio es prestado por personal de franco. Además, en línea con lo que había manifestado el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, se insistió en que la fuerza provincial retiene entre un 3% y un 5% de lo recaudado, mientras que el resto es para el policía contratado para la custodia.

El candidato a diputado por Cambiemos, José Cano, descargó sus críticas contra el sistema de adicionales. “Es una recaudación paralela de la fuerza”, indicó. Y agregó: “tienen que estar el 100% de los efectivos en las comisarías o parados en las esquinas, garantizando la seguridad de los tucumanos. No puede haber más de 1.500 policías haciendo adicionales, no puede haber comisarios haciendo adicionales en la Caja Popular, por ejemplo, cuando cobran $ 12.000 o $ 15.000 más por mes por el cargo que tienen”.

Comentarios