El límite de la emergencia

23 Sep 2017 Por Roberto Delgado
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La sociedad se está endureciendo, a fuerza de malestar. A un año exacto de la declaración de la emergencia en seguridad en Tucumán, la situación no ha cambiado: se repiten episodios inquietantes como el paro de colectivos de la Línea 12 en reclamo por los asaltos en el barrio Smata II, o el pedido de medidas para frenar la ola de robos de motos. Es más, evidentemente se ha agravado: la tasa de homicidios, a un promedio de 10 por mes, parece que superará el de los años anteriores. Ya ocurrieron 90 asesinatos en 2017 (según los registros en la prensa) y la Policía, responsable de la seguridad, parece cada vez más aislada en su burbuja. El martes pasado se publicó, por una parte, la entrega de camionetas y equipos para la fuerza de seguridad; y por otra parte, se informó que cada vez hay más hostilidad contra los agentes. “Estamos siendo agredidos y los ataques son cada vez más violentos. Y en esto no hay distinción de si se está en servicio o no, porque somos policías las 24 horas... se ha perdido el respeto a la Policía”, dijo el comisario Martín Galván, jefe de la Unidad Regional Capital.

Soluciones desvirtuadas

El panorama es difuso. Por un lado están los episodios de violencia y las respuestas coyunturales y por otro el esquema de seguridad que se propone como política.

En el caso de los asaltos a la línea 12 en el barrio Smata II, se acordó que un policía subirá a cada colectivo que entre al barrio porque la solución ideada hace un año -la de los botones antipánico- no ha funcionado y más bien parece haberse desvirtuado. Hace dos meses, a propósito de los ataques a la línea 101 en Las Talitas, se decía que aunque los choferes apretaban el botón, cuando llegaba la Policía lamentablemente los asaltantes ya habían huido. Ahora se ha criticado que los colectiveros usan el botón de modo inadecuado, por ejemplo cuando un pasajero no quería pagar el boleto. Ergo -se presume, porque no se dijo- la Policía dejó de acudir, como en el cuento del pastor mentiroso. La pregunta que queda flotando es: ¿la solución para los asaltos a los colectivos es el botón antipánico? ¿Cuánto durará el plan de poner un policía por colectivo en el recorrido por el Smata II? Y si hay reclamos similares en otros barrios? Hay 800 ómnibus recorriendo el Gran Tucumán. ¿Cuántos circulan por barrios de seguridad inestable?

La zona gris de las motos

Motos En el caso de los robos de motos, se ha pedido que se intensifiquen los controles frente a una ola que parece imparable. ¿Cómo van a intensificar los controles, si la misma fuerza de seguridad reconoce que ya están al límite, con secuestros de unas 926 motos por mes? Ahora se ha vuelto a hablar de la necesidad de detener a los motociclistas que circulan en vehículos sin papeles o en vehículos de dudosa procedencia -de eso ya se habló el año pasado- pero sólo un fiscal, Washington Navarro Dávila, utiliza este criterio. Y acá se está en una zona gris: ¿atenta contra el derecho individual detener a una persona por circular en una moto sin título? La fiscala Adriana Giannoni ya tiró una frase inquietante: “se debe entender que se pueden ver vulnerados algunos derechos por el bien común”.

La emergencia vuelve a generar el pedido a gritos de actuar más allá de la ley. En marzo se habían pedido medidas de excepción para actuar contra los motochorros, afectando el derecho de la gente a circular de a dos en motocicleta. “En una situación de emergencia, se necesitan medidas extremas”, había dicho entonces Paul Hofer, secretario de Seguridad. Aún con el riesgo que significa esa convicción del funcionario, no se analizó el tema candente del robo de motos y del motoarrebato, a pesar de que nos encontramos en emergencia de seguridad. Y el asunto vuelve a estallar, porque evidentemente no hay resultados.

De lo que no se habla es de la razón por la cual hay tantas motos sin papeles (las que quedan secuestradas en la Policía Vial y en las comisarías). “¿Sabe lo que pasa, patrón? Yo la compro por izquierda. Cuando me paran en un control, me la secuestran porque no tengo los papeles. Entonces, junto 2.000 o 3.000 pesos y aviso a un conocido que quiero comprar una moto. Al rato vienen a la casa y me dejan una por esa plata”, contó un motociclista, Luis, en una nota publicada el 19 de febrero. ¿No habrá que estudiar qué falla en la política de hacer operativos de control? ¿Cuántas motos secuestradas en esos operativos tienen que ver con falta de papeles y cuántas con robos? ¿No habrá que analizar también las trabas que pone la burocracia de los registros automotor y de la volanta policial?

¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?

La plaga del motoarrebato ya ha tenido muchos planteos, como la reciente idea de que sean los encargados de las estaciones de servicio los que controlen a los motociclistas sospechosos. Acaso esta plaga requiera medidas de excepción, pero sobre todo necesita análisis para entenderla y actuar en consecuencia. El fiscal Jorge Echayde, de Monteros, lo dijo en febrero: “no está estudiado quiénes son los que están robando, porque podría ser gente de otros barrios”, opinó, asumiendo la idea que se va extendiendo entre los investigadores de que el hecho de que los delincuentes circulen en moto hace que se vayan a zonas lejanas de sus casas para cometer asaltos. “Antes uno sabía que no podía caminar cerca de los barrios peligrosos porque el delincuente te robaba y volvía a su zona. Hoy con la moto tenés uno que se va de Banda del Río Salí a robar en Yerba Buena, por ejemplo. Así optimizan los recursos y van haciendo inteligencia porque van viendo dónde está la Policía”, dijo Hofer en enero. Pero eso no se sabe en realidad, sino que se intuye.

Para tener una idea precisa, bien vendrían cifras estadísticas a partir de los hechos denunciados y del análisis de vida, residencia y hábitos de los detenidos en estos casos. ¿Se puede hacer? No con la precariedad del relevamiento estadístico en esta provincia. Aunque existe un equipo (en la Corte Suprema) que desde hace tres años estudia el homicidio, que es el delito con cifras más precisas, aún no ha logrado establecer patrones y tendencias sobre la violencia. ¿Cómo podrían estudiar un delito como el motoarrebato, que tiene una cifra negra mucho más alta? Además, los informes sobre arrebato (y sobre cualquier delito) no se comparten de una fiscalía a otra. Cada unidad de investigación actúa según los criterios de su propia burbuja. Por eso algunos hacen medidas de alto impacto mediático -como Navarro Dávila o Diego López Ávila- y otros no. Pero acá vale analizar el resultado de muchas de esas medidas: en el operativo de saturación realizado el domingo pasado en Cebil Redondo, con 10 allanamientos generados por seis ataques de motoarrebatadores, el mayor secuestro fueron 46 celulares. Muchos policías, mucho gasto y una conferencia de prensa para un escaso botín. Otros operativos resultarán más productivos, pero lo que deja este caso es la sensación de que se actúa al azar, en busca de la suerte, y no en función de un estudio de tendencias delictivas. Habrá que ver qué resultados deja el megaoperativo planeado para anoche.

El método de siempre

Se sigue confundiendo prevención con reacción: la Policía no ha cambiado un ápice sus métodos. Quedó en evidencia en el incidente de estudiantes en la misma esquina de Santiago del Estero y 25 de Mayo, donde hace cuatro meses ocurrió la tragedia de Matías Albornoz Piccinetti. Los funcionarios de seguridad volvieron a decir que a causa de las caravanas de estudiantes tuvieron que dejar sin seguridad muchos barrios para cuidar a los adolescentes, con lo cual se volvió a lo de mayo. Es decir, al reclamo de que no se hagan las caravanas, en vez de estudiar qué ha fallado en la prevención para que no ocurran estos episodios. Es que el caso de los estudiantes generó reflexión en el área de Educación pero no en la de seguridad, entre otras cosas porque no se considera que haya que prevenir esos incidentes. Se envían agentes a esa esquina por obligación, no por convicción, pese a que se sabe desde hace al menos una década que los viernes ese es un punto de concentración de estudiantes.

Esa confusión entre prevención y reacción se vio el lunes, en el discurso del gobernador, Juan Manzur, durante la entrega de camionetas, motos y bicicletas para la Policía. Fue sencillo, reduccionista y de contundencia conservadora. “Estamos trabajando en la prevención del delito. A todo aquel que haga lo que no corresponda le vamos a caer con toda la fuerza de la ley y la Policía va a ser inflexible, lo vamos a poner a disposición de la justicia”, dijo. Y agregó: “Nuestra responsabilidad es agarrar al que comete un ilícito y ponerlo a disposición de la Justicia, ese es nuestro límite. El esfuerzo que estamos haciendo es para que los tucumanos se sientan más seguros”.

No se trata sólo de esfuerzo, sino también de estrategias y resultados. La cifra de homicidios y los reclamos por la inseguridad hablan del magro efecto de ese esfuerzo y dejan la sensación de que se usan con desesperación las mismas recetas para buscar resultados que no llegan. Y no se advierte qué está pasando: a un año de la declaración de emergencia en seguridad, ya nadie se reúne para reflexionar acerca del diagnóstico y de las propuestas que se han hecho. Como si no hubiera emergencia.

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