Apenas una cucharadita

20 Sep 2017 Por Indalecio Francisco Sanchez

¿Estaban la producción y el futuro de la industria azucarera en crisis? No, al menos en lo inmediato. ¿Fue acertado que el arco político tucumano repudiara la ordenanza cordobesa que “demoniza” el azúcar? La medida fue correcta. ¿Hubo exageración y sobreactuación política respecto del rechazo a los sobrecitos en los bares de Córdoba capital? Absolutamente.

El gobernador y el vice de Tucumán llegaron al extremo de vincular al intendente radical, Ramón Mestre, con un plan orquestado por el gobierno de Mauricio Macri para perjudicar y hacer perecer a los habitantes de estas tierras subtropicales...Fue demasiado. En la loca carrera por ver quién defiende más los intereses de los tucumanos, todos los opositores vernáculos salieron a condenar la normativa del centro del país. Desde José Cano hasta los legisladores repitieron como loros que iban a luchar en defensa de nuestra producción insignia. Primó lo políticamente correcto.

La protección del azúcar en clave electoral sonó a falsa y desmesurada, porque los propios legisladores que por unanimidad aprobaron la resolución de repudio admiten -por lo bajo- que fue mucho ruido y pocas nueces. Tuvieron que dar un grito unitario ante una cuestión que ameritaba una reacción institucional, pero que no hubiera sido tal si los cordobeses hubiesen sancionado la norma en otro momento.

La campaña contra el azúcar no es nueva y el lobby para que ingrese del exterior (principalmente desde Brasil) o para que productos de otros cultivos (como el de la uva) endulcen bebidas lleva décadas. Jamás había habido tan pronta respuesta ante la amenaza de ese tipo de iniciativas, extremadamente más peligrosas que la dispuesta por los reyes del cuarteto.

Un golpe a la actividad azucarera, claro está, sería artero para Tucumán, porque la actividad emplea a unas 50.000 personas y riega trabajo a PyME diversas que van desde la metalmecánica hasta pequeños prestadores de servicios. Pero también es real que se exporta casi un tercio del alrededor de 1,4 millones de toneladas que se producen anualmente y que el resto de distribuye entre consumo interno e industrial. Los excedentes existen, pero tienen que ver más con la mezquindad de empresarios e industriales que con la campaña en contra de su consumo, que por cierto existe y hay que combatir.

La discusión política, sin embargo, parece ir por otros carriles: para la foto, todo, pero para solucionar los problemas de fondo, nada. En la Cámara da vueltas un proyecto de José Canelada que prevé bajas impositivas para pequeños cañeros, en procura de proteger su actividad. De eso no se habla, porque sería tocar recursos de las arcas provinciales, aunque los hombres del partido político del gobernador sí exigen a la Nación que baje impuestos para el azúcar.

Si de contradicciones se trata, otra muestra de que en realidad la unánime reacción de los legisladores fue vacía de contenido es que apenas se aprobó una resolución, cuyo peso es sólo una expresión de anhelo. ¿Eso fue lo mejor que se les ocurrió a nuestros “hacedores de leyes”? Quizás podrían haber impulsado una campaña de concientización sobre el uso del azúcar, sobre sus virtudes energizantes, sobre sus condiciones de complemento dietario natural, sobre sus bondades para la producción, sobre su poder multiplicador en la economía. Hasta podrían haber establecido que todo ello se financie con el aporte de los industriales, con asesoramiento de las universidades públicas locales y con el apoyo del Estado provincial.

¿Acaso no hubiese sido más productivo y serio plantear un proyecto concienzudo y que involucre a todos los factores de nuestra sociedad? Negativo. Una iniciativa así habría involucrado a más personas y podría haber licuado el golpe de efecto que pretendían dar los “protectores de Tucumán”. ¿De qué otra manera se puede comprender que a nadie se le haya ocurrido una medida que vaya más allá de las palabras? Desde hace años abundan las mezquindades y los mensajes carentes de contenido real por estos lares, donde gran parte de los actores políticos se concentran -apenas- en cuidar las apariencias.

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