Una cruda realidad

Los tucumanos quedaron espantados cuando descubrieron que un joven de 19 años fue acusado de haber acabado con la vida de dos policías en menos de cuatro años. Patricio Alexis Alarcón tenía apenas 16 cuando estuvo detenido -y espera ser enjuiciado- por el crimen de Roberto Sebastián Lazarte, fallecido en enero de 2014. Ahora afronta otro proceso judicial al ser sospechoso del homicidio de José María Concha, ocurrido el jueves. Ambas víctimas eran cabos, los dos perdieron la vida por intentar evitar un robo. Esta historia no es común, pero es la cruel realidad que pocos quieren ver.

Los investigadores aseguran que en el primer caso al joven ya le habían detectado problemas de adicción. Cuatro años después, el análisis toxicológico de rigor que se le hizo en el hospital donde se encuentra internado, habría arrojado que en su organismo había restos de cocaína, marihuana y psicotrópicos. Es evidente que se hizo muy poco para tratar de recuperarlo. Para colmo, esta situación salió a la luz cuando en la Secretaría de Adicciones se desató una polémica por la no renovación de los contratos a los operadores que tratan de salvar a los más jóvenes de la droga en los barrios de la periferia. Justo cuando se denunció que los transas de La Costanera mandaron a robar lo poco que se había levantado del edificio que serviría para brindar tratamiento a los enfermos y que nunca se terminó. Otro dato: en lo que va del año, en la provincia se produjeron 90 crímenes y 28 de ellos están vinculados a la droga.

Los responsables de Seguridad del Gobierno están elaborando un informe con el que quieren iniciar un debate interpoderes donde seguramente estará el nombre de Alarcón. Debería haber estado listo hace dos semanas, pero se encontraron con tantas sorpresas que tuvieron que repasar una, dos y hasta tres veces para no equivocarse. Según esos datos, en los últimos tres años se detuvo a unas 8.000 personas con causas penales. Ese número refleja situaciones que generan espanto. El 25% de ese número (unos 2.000) tienen más de dos causas pendientes con la Justicia y no faltan los que superan las 10 o más. De los 6.000 restantes, siempre según el borrador de ese informe, al menos al 25% (unos 1.400) se le dictó la prisión preventiva. En otras palabras, unos 4.600 estuvieron menos de 10 días hábiles encerrados en un calabozo por el delito que cometieron. Esos números coinciden con las personas que se encuentran detenidas en el penal de Villa Urquiza y en las comisarías de la provincia. Son alrededor de 1.800, de los cuales poco más de 500 ya están cumpliendo condena; el resto son procesados que esperan pacientemente la libertad por no haber sido enjuiciados en el transcurso de dos años, tal como lo dispone la Ley.

Alarcón debió haber sido sometido a juicio hace más de un año. Y no lo hizo porque la Justicia está colapsada. Aunque los miembros de la Corte Suprema de Justicia no lo quieran ver, los tucumanos no tienen justicia. Las fiscalías, con las 3.000 causas que atienden por turno, no dan abasto. Los juzgados de instrucción, al igual que la Cámara de Apelaciones y los tribunales que deben desarrollar los debates orales, se transformaron en el cuello de botella de un sistema que hace agua por todos lados. A ello se le debe agregar que hay una sola jueza de Menores para investigar los casos en los que están involucrados y, lo que es peor, seguir atentamente su rehabilitación en una provincia que no cuenta con un lugar para tratarlos. Falta de recursos humanos, técnicos y económicos y cargos que llevan años sin cubrirse, son algunas de las razones por las que se llegó a esta situación. Mientras tanto florecen algunos escándalos. Como el caso del notificador que cobraba sueldo de funcionario, pero daba clases de gimnasia en su horario laboral, o la denuncia de maltrato laboral por parte de un fiscal.

Los tucumanos miran perplejos esta situación. Reniegan, insultan y piden acciones sin sentido que no llevan a nada. Les solicitan a los legisladores normas más duras, pero no les exigen que controlen lo que hacen los otros poderes. No le piden explicaciones al PE sobre qué política contra las adicciones aplicarán, ya que al menos el 80% de los detenidos por delinquir reconocieron ser adictos. Tampoco le exigen que realicen un control sobre la tarea que desarrolla el Poder Judicial y de por qué la mora judicial sigue creciendo año a año.

No hay delito más horrendo que el homicidio en ocasión de robo, es decir, cuando alguien mata a una persona para quitarle algo que le pertenece. En Tucumán, en lo que va del año se produjeron al menos 11 crímenes de este tipo. A ocho tucumanos le quitaron la vida para robarles la moto en la que se trasladaban. Es cierto, falla la prevención, no hay una política criminal que persiga a los desarmaderos y no hay un control exhaustivo a los comercios que venden motopartes, pero es indiscutible que existe un mercado negro porque hay personas que, por ahorrarse dinero, adquieren lo que los asaltantes sustraen con cada vez más frecuencia. De estas cosas nadie habla. No se plantea una solución integral al problema. Simplemente pareciera reinar una visión parcializada que no ayuda a cambiar esta cruda realidad.