Lo que hay detrás de Santiago

09 Sep 2017
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La suerte de Santiago Maldonado está atada a una investigación judicial dramáticamente lenta, llena de impericias inexplicadas (o confusamente justificadas) y a una campaña de desinformación brutal. Según un sondeo del gobierno nacional, el 60% de la gente tiene clara conciencia de quién es el artesano desaparecido el 1 de agosto en la comunidad mapuche Pu lof Resistencia Cushamen, cerca de Esquel, y la mitad de los que saben quién es considera que el Gobierno tiene responsabilidad en lo ocurrido.

Pero a la hora de explicar qué pasó, cambian las cosas: los estereotipos, los paradigmas y los prejuicios teñidos de ideología han impedido endender lo que pasa. Para unos, Santiago Maldonado era un simpatizante que apoyaba al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) -que según la mirada tradicionalista son anarquistas peligrosos, que reniegan no sólo contra Benetton y los estancieros sino contra los gobiernos provincial y nacional- y según una mirada menos conservadora es una víctima de un sistema que quiere mantener el statu quo y negar los derechos de los pueblos originarios. Los primeros han llegado a decir que Maldonado hasta estaba emparentado con Vaca Narvaja, y los otros temen que el Gobierno de Mauricio Macri inicie otra campaña del desierto de exterminio indígena.

En el medio están los argentinos, obligados a consumir, según sus simpatías ideológicas, un razonamiento u otro. En el medio de la grieta, que va a crecer en la campaña electoral. ¿Cómo entender el caso?

Lo superficial y lo profundo

1) No se entiende que se reprima un corte de ruta: Los mapuches habían puesto piedras en la ruta 40 en protesta por la detención, según ellos ilegal, del líder Facundo Jones Huala, preso desde junio por un pedido de extradición de Chile, que lo acusa de atentados. ¿Por qué era ilegal que esté detenido? Porque el juez de Esquel, Guido Otranto, había anulado el juicio de extradición en 2016, ya que la acusación se había hecho, aparentemente, con torturas a testigos. Quedó en libertad en octubre. Ahora la Corte dijo que hay que hacer un nuevo juicio de extradición. Pero lo detuvieron en junio a partir de la orden del proceso que ya había sido anulado. Por eso la protesta indígena y el apoyo de Santiago.

2) Tres hipótesis: el asalto al puestero, “el sacrificio” y la detención de los gendarmes: El primer caso surgió de un supuesto ataque de extraños al puestero Evaristo Jones, de la estancia Benetton, ocurrido el 21/8. Dijo que hirió a uno con un cuchillo y esas muestras de sangre fueron analizadas por la Facultad de Bioquímica de la UBA. El hermano de Santiago dio sangre para el cotejo de ADN. Hace cinco días se dijo que no pertenecían al joven desaparecido. Se cayó la primera hipótesis del Gobierno, a partir de la cual se suponía que Maldonado era un activista mapuche. El segundo caso planteaba que Santiago había decidido “desaparecer” para ayudar a la difusión de la causa mapuche. Lo buscaron con perros el 5 y 16 de agosto pero los investigadores no cruzaron el río Chubut -para rastrear en dirección a Chile- porque -dijeron- los mapuches “no los dejaron entrar al territorio sagrado”. Nadie dijo por qué no usaron drones o helicópteros ni por qué la Justicia no puede actuar en una comunidad o negociar para ello. Ahora están haciendo un gigantesco rastrillaje por el río, pero el juez no autoriza a entrar al territorio indígena.

3) La hipótesis de que la Gendarmería lo detuvo y no se hace cargo. Se sabe que esta fuerza ya ha tenido problemas con los mapuches (en enero hubo un violento enfrentamiento a propósito del tren “La Trochita”) y que el Gobierno nacional, que teme una escalada violenta, quiere enviar más gendarmes al sur. Se sabe que en otros momentos ha habido suspicacias por algunas actuaciones de Gendarmería, favorables al poder (caso del curioso apagón de las cámaras de vigilancia en la custodia de urnas en los comicios de Tucumán en 2015, nunca explicado). Pero también la Gendarmería es considerada la fuerza de seguridad más “democratizada”, que mejor sabe manejar los conflictos. ¿Puede caer en esta vergüenza? El Gobierno nacional ha sido reticente y no separó a los gendarmes ante las primeras acusaciones (dijo que no había denuncias, mas ahora se sabe que sí las hubo) y aduce que debe actuar la Justicia. Pero la Justicia ha estado lenta y ha dejado pasar cosas, como el hecho de que, según del defensor público Fernando Machado, la camioneta y el Unimog de la Gendarmería habrían sido lavados. Se esperan pericias genéticas de muestras en esos vehículos pero no hay grandes expectativas.

Tampoco está clara la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, como organizador del operativo contra los mapuches. La ministra Patricia Bullrich dijo que sólo estuvo de paso; sin embargo el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dijo que Noceti estuvo esa noche en la organización. El funcionario es resistido, además, por haber sido defensor de acusados de lesa humanidad.

4) El problema de fondo es la cuestión indígena: Después de la campaña del desierto de Roca, en el siglo XIX, se repartieron las tierras a los vencedores. Una compañía inglesa que había ayudado -Tierras del Sud Argentino- recibió las 900.000 hectáreas que la empresa Benetton compró en 1991. En esa estancia está la reserva mapuche, en litigio desde comienzos de siglo. ¿Tienen derecho los mapuches? La mirada conservadora de los grandes terratenientes y también de los pequeños propietarios es que los que tienen papeles tienen derechos y que los aborígenes son usurpadores que nunca existieron. Pero la Constitución de 1994, en su artículo 75, reconoce a los pueblos originarios y sus derechos. Y la ley 26.160 ordena hacer un censo de comunidades originarias, paralizar los desalojos y debatir el otorgamiento de territorios. Esa ley ha sido prorrogada dos veces y vence en noviembre próximo.

5) Es un asunto invisibilizado y problemático en todo el país: José Manuel Ramos, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dice que hay unas 1.600 comunidades originarias en Argentina, y que las 18 de Tucumán ya han sido censadas. En nuestro medio hubo problemas con el relevamiento -primero se le encargó a la UNT, cuyo equipo no justificó qué hizo con los fondos enviados por mla Nación- y luego se completó con ayuda de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos. “Tucumán es una de las pocas provincias que ha terminado el relevamiento territorial”, dice.

El trámite ha estado lleno de complicaciones desde 2006. Denuncias por usurpaciones contra comuneros y también (pocas) denuncias de comunidades contra terratenientes. Hubo un homicidio -el del cacique Javier Chocobar en Trancas, en 2009, causa que nunca llega a juicio oral- y también hubo algunas restituciones de tierras. ¿Qué pasará cuando caduque la ley en noviembre? Comunidades piden que se la vuelva a prorrogar, porque temen que se venga una oleada de desalojos autorizada por la Justicia. El abogado Manuel Santillán -que ha intervenido en muchos procesos a favor de comunidades- piensa en sentido contrario: “cuando venza la prórroga se tendrá que aplicar la ley, que incluye identificación (ya se hizo), determinación (de territorios) y titulación. El Estado deberá hacerse cargo de ordenar el territorio y acaso pagar indemnizaciones”, dice. “Y ahora la Corte les ha transferido la responsabilidad a las provincias. ¿Ellas pagarán las indemnizaciones a quienes resulten despojados?”, se pregunta. También advierte que con el advenimiento del nuevo gobierno se ha quitado fuerza a la tarea de entidades como el INAI, que quedó desfinanciado.

Luces y sombras

¿En qué terminará todo? Ya se ve que no se puede esperar que la Justicia resuelva los problemas complejos de la sociedad. Ramos dice que en el caso de los Quilmes, aunque ha sido complicado y lleno de conflictos, se puede ver que se puede negociar y construir políticas públicas. Hay un cacique que es delegado comunal en Amaicha y los quilmes están administrando la primera bodega indígena del país.

¿Alguien puede encarar un proceso similar en las tierras del litigio mapuche/Benetton? Todo eso está detrás de la tragedia de Santiago, teñida de conflicto ideológico en tiempo electoral.

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