La ciudad crece por arriba y se hunde por abajo

La pirotecnia verbal entre el municipio de la capital y el gobierno provincial por el drama del agua son los fuegos artificiales que distraen y esconden a la madre de todos los problemas: desinversión sistemática en obras públicas de infraestructura.

El intendente Germán Alfaro acusa a la provincia y a su empresa desastre emblema, Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), por el deterioro de las calles de la capital, producto de los cientos de derrames de agua, potable y servida, que rompen el asfalto y las veredas y perfuman la urbe con “Chanel Putrefactum”.

Alfaro, peronista de Villa Amalia ungido en Puerto Madero por los vientos del cambio, hace campaña electoral con un tema que enardece y enrabia a la mayoría de los tucumanos, no sólo de la capital sino de toda la provincia, que es la falta de agua potable, la escasa presión en vastos sectores, los derrames cloacales a diestra y siniestra y, como si Dios se nos riera en la cara, las inundaciones por doquier cada vez que llueven cuatro gotas. Falta por abajo y sobra por arriba.

Alfaro acierta en meter el dedo en esta llaga sensible, porque ni el pan es tan elemental como el agua, y hasta ahora ha conseguido su cometido electoral: que la gente no lo culpe por el pavimento destruido ni por los ríos de excremento que riegan el Jardín de la República. Tanta bronca como por los ríos de agua limpia que tanto le cuesta al vecino.

Pirotecnia de campaña que cumple su objetivo pero que como todo petardo tiene mucho humo.

Humo porque el intendente sabe que sus denuncias son verdades a medias y, si la verdad no es completa, es lo mismo que una mentira.

El sultanato

La primera mentira es que él formó parte del plan sistemático de desinversión en obras públicas que montó el sultanato empresarial de José Jorge Alperovich desde hace 14 años (primero secretario de Gobierno de la Municipalidad, luego diputado nacional, después concejal y finalmente de nuevo secretario de Gobierno).

Unos de los diez mandamientos del alperovichismo fundacional, repetido a cada rato por el ex gobernador, es que “los votos están arriba de la vereda, no abajo”.

Alperovich fundó la SAT estatal y la utilizó como engranaje fundamental de su plan más ambicioso y la mayor “obra pública” de su gobierno: el negocio inmobiliario.

Ninguna empresa privada seria de agua y cloacas hubiera aceptado administrar la catástrofe que significa construir en sólo diez años 1.000 edificios en el casco urbano y casi 80 barrios privados en los alrededores, sin antes prever las obras de infraestructura necesarias: desagües pluviales y redes de agua potable y cloacas, amén de otros servicios deficientes o mal planificados que no le incumben a la SAT, como energía eléctrica, gas y telefonía, avenidas, autopistas y espacios verdes necesarios. Todo por arriba, nada por abajo.

Esto lo conoce bien Alfaro, mano derecha del intendente Domingo Amaya en dos períodos. También lo saben la veintena de burócratas que administraron los seis municipios y la decena de comunas que componen el área metropolitana de la quinta ciudad más populosa del país. Y ni hablar de las violaciones a los códigos de planeamiento, a los aptos ambientales incumplidos y los desaconsejamientos urbanísticos y socioculturales. Conceptos y obligaciones que algunos alcaldes y delegados ni siquiera conocen.

Papelerío que es además una “pérdida de tiempo” para la imparable hormigonera alperovichista y demás socios privados, empresarios que luego se llenan la boca en los foros hablando de corrupción, ética pública y responsabilidad empresaria.

A las medias verdades municipales los esbirros de Alperovich le respondieron con otras medias mentiras.

La SAT, empresa modelo

A los buscapiés de Alfaro, el presidente de la SAT, Alfredo Calvo, le contestó, en resumen, que el servicio es mejor que hace 14 años, cuando él se hizo cargo de esa empresa pública.

Ni siquiera vale la pena contradecir técnicamente a Calvo. Cada uno de los casi dos millones de tucumanos puede darle una respuesta.

Los camiones aguateros que circulan por toda la ciudad llenando tanques de agua, no en las afueras precarizadas sino a cuatro cuadras de plaza Independencia y a dos de plaza Urquiza, como en el siglo XIX, son la nueva postal que sintetiza la “mejora” del servicio.

En la redacción de LA GACETA hay una broma que es recurrente y no por ello menos graciosa.

El diario cuenta con un servicio de denuncias a través de WhatsApp, donde los reclamos por falta de agua y derrames de líquidos han monopolizado de tal forma este canal de comunicación, que los periodistas sugieren que debería llamarse “Guasat”.

El legislador Marcelo Caponio, devenido en vocero de las desgracias alperovichistas del último tiempo, ensayó otra media mentira para contestarle a Alfaro.

Dijo que las cloacas de la capital están colapsadas porque allí derivan los desagües pluviales que no se hicieron en la ciudad. Totalmente cierto. Lo que no dijo Caponio es que estas obras son un déficit de su gobierno, municipal y provincial, de los últimos 12 años, no sólo en la capital sino en los otros municipios del Gran Tucumán que administra el peronismo desde hace décadas.

Tampoco explicó Caponio por qué siguen explotando las cloacas ahora si hace cinco meses que no llueve.

Se entiende que ocurra en el período estival, donde por obra y gracia de su gobierno no hay desagües pluviales y donde por el desmonte y hormigoneo salvaje el agua inunda todo por abajo y por arriba; pero no se comprende por qué en época de secas las cloacas siguen reventando por toda la ciudad.

Otro de los voceros que salió a defender el sultanato empresarial que lleva 14 años fue el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien pidió que “no se busquen culpables”, y dijo que “hay que priorizar el interés de la gente”.

Es comprensible que uno de los culpables pida que no lo busquen. Acerca de los intereses del pueblo, Jaldo bien ha sabido mirar para el costado a cambio de una jugosa caja legislativa clientelar con la que ya se hubieran construido miles y miles de metros de cañerías.

Los ríos de Yerba Buena

Algunos empresarios de la construcción se quejan de que el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, ha paralizado “demasiado” los proyectos inmobiliarios en esa ciudad. “Está asustado. Tiene miedo de quedar pegado con algún negociado”.

Afirman que hay empresarios resignados que directamente han decidido esperar a que “cambie de gobierno” y que vuelva otro con el que puedan hacer negocios. ¿Otro como Daniel Toledo, querrán decir? Sólo ellos saben la respuesta.

Hoy Yerba Buena en su superficie es una telaraña de arroyos constantes a cielo abierto, con napas subterráneas cada vez más contaminadas. Consecuencias directas de los negocios inmobiliarios sin infraestructura necesaria.

Esto confirma la debilidad pasmosa que tiene un intendente frente a las poderosas corporaciones político-empresarias.

Fragilidad que en definitiva no es de un intendente o de una ciudad, sino que es de las instituciones de la democracia, que carecen de los anticuerpos para defenderse, para imponer el bien común por sobre los intereses particulares, para priorizar un desagüe pluvial que evite inundaciones antes que un country, que logre hacer las cloacas antes de levantar un nuevo edificio.

A punto de cumplir dos años de gestión, el gobernador Juan Manzur ya dio muestras claras y suficientes de que al sillón de Lucas Córdoba lo tiene prestado y de que su principal función es mantener aceitados los engranajes del sultanato alperovichista. La SAT es una pieza fundamental para que puedan seguir construyendo por arriba sin hacer nada por abajo.

Alfaro utilizó una metáfora poco técnica pero muy gráfica para describir la gravedad de una situación que él conoce bien de cerca desde hace una década y media: “debajo de muchas calles de la ciudad no hay tierra compactada, hay chocolate, y esto puede ser un desastre en cualquier momento”.

Ante la faltante de agua cada vez mayor, situación que se agrava en verano, también advirtió, o amenazó, según cómo se lea: “ojo con las puebladas”.

Pese a lo peligrosa que es la advertencia que hizo el intendente, las puebladas son una consecuencia inevitable cuando las instituciones no reaccionan ante los excesos y los avasallamientos del poder. Y en Argentina ya tenemos demasiada experiencia de lo que ocurre cuando la gente le dice basta al saqueo de sus gobernantes.