Piden adelantar el juicio de la causa DAU

La defensa del ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito pretende adelantar el juicio oral que procura esclarecer las irregularidades halladas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). El defensor Arnaldo Ahumada se dirigió esta semana a la Sala VI de la Cámara Penal para proponer que la audiencia pública tenga lugar en octubre y no en noviembre, como había sido programada por el tribunal.

Para postular el cambio de fechas, Ahumada adujo que desde febrero de este año tiene un viaje previsto para entre el 12 y el 27 de noviembre. En el escrito que presentó consta que adjuntó la copia de los pasajes de avión. En otra presentación, el abogado de Brito observó que la fecha original no respetaba los plazos legales y sugirió que el juzgamiento podía comenzar el 23 de octubre, es decir, al día siguiente de las elecciones naciones. La Sala VI ha de resolver si accede o no al pedido: en gran medida ello depende de las agendas de las magistradas Alicia Freidenberg, Marta Cavallotti y Stella Maris Arce, y del fiscal de Cámara N°6, Carlos Saltor.

No será sencillo llegar a una nueva fecha por las mismas razones por las que no fue sencillo conciliar la apertura del juicio para el 7 de noviembre (estaba previsto que el debate prosiguiese durante nueve jornadas más distribuidas en las semanas subsiguientes). Sucede que, por la saturación crónica del fuero, la Cámara Penal de la capital ya está fijando audiencias para el año próximo. Además, tienen prioridad las causas con presos, que no es el caso.

El proceso del ex jefe de la DAU ingresó a la Sala VI en diciembre de 2016, pero el tribunal aguardó la cobertura de la Fiscalía de Cámara N°6 para poner fecha al juicio, cosa que ocurrió el primero de este mes (el gobernador Juan Manzur había designado a Saltor en mayo). La causa penal que involucra a Brito comenzó en 2012 a instancias de una denuncia de corrupción de los radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García. El Tribunal de Cuentas tuvo un papel protagónico durante la investigación puesto que una de sus auditorías detectó supuestas anomalías en 86 de las 423 obras públicas ejecutadas por la DAU con un régimen especial de contratación directa. El monto global de esos proyectos ascendía a $ 6 millones (1,2 millones de dólares según la cotización de 2012). Brito, único imputado en el proceso, no sólo defendió su proceder sino que también dijo que era imposible haber perpetrado los supuestos delitos en solitario.