Lo habían condenado en 2016 por un crimen y era inocente

La sala IV° lo había condenado a ocho años de prisión por matar a su vecino, pero el máximo tribunal entendió que hubo legítima defensa. “El imputado observó un ataque contra su familia y echó mano al probablemente único elemento defensivo que tenía cerca”, argumentaron los jueces Gandur, Estofán y Posse.

02 Sep 2017
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Lo hallaron culpable del homicidio de su vecino y lo sentenciaron a ocho años de prisión. Si su abogado no hubiese interpuesto un recurso de casación, ya habría empezado a cumplir esa condena. Sin embargo, un año más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Provincia falló a su favor: consideró que actuó en legítima defensa y lo absolvió de culpa y cargo.

Héctor Manuel Lucena fue sometido a un juicio oral y público el año pasado. La Sala IV° de la Cámara Penal lo juzgó por el crimen de José Benito Castillo, cometido el 17 de marzo de 2008. Ese día se había desatado una violenta pelea vecinal entre dos familias de Los Gutiérrez, Alderetes, que ya llevaban un tiempo enfrentadas entre sí.

De acuerdo a la conclusión a la que arribó el tribunal, el día del hecho “la víctima, José Benito Castillo, y su hija abordaron y agredieron sobre la vereda de su casa a una hermana del imputado, que había salido a realizar una compra. Al escuchar los gritos, la madre de Lucena salió y tiró a su hija hacia adentro, mientras Castillo intentaba agredirla con una punta y un palo que tenía una cadena”.

En ese momento salió un hermano de Lucena para intentar defender a su familia, pero Castillo le propinó puntazos. Inmediatamente después salió el imputado (en ese entonces tenía 19 años) y se encontró con esa escena. El joven tomó un cuchillo y le asestó un puntazo a Castillo en el pecho, lo que le causó la muerte.

Al finalizar el juicio, los vocales Emilio Páez de la Torre, Wendy Kassar y Eduardo Romero Lascano, lo condenaron a ocho años de prisión por homicidio simple.

Legítima defensa

Tras conocer la condena, el abogado Carlos Varela Soria asumió la defensa de Lucena y presentó un recurso de casación argumentando que su defendido no había tenido intenciones de matar sino que solamente pretendió defender a su familia del ataque de su vecino. El recurso le fue concedido y el caso pasó a manos de la Corte. Con las firmas de Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, el fallo del máximo tribunal terminó dejando sin efecto la condena de la Sala IV° y, como medida sustitutiva, absolvió a Lucena de culpa y cargo.

En ese sentido, el vocal preopinante Posse esgrimió: “tratando de situarme en la posición del imputado -que repentinamente observó un ataque violento contra su familia y echó mano al probablemente único elemento defensivo que tenía cerca y consideró apropiado para repeler la agresión- no entiendo como irracional o desmedida la conducta defensiva desplegada, obviamente determinada por el estado de angustia, desesperación y apuro que lo obligaron al ejercicio de tal acción defensiva”.

Luego agregó que “no resulta lógico exigir a quien se defiende de un ataque actual o inminente, que deba valorar detenida y reflexivamente el volumen de su respuesta defensiva”.

“En consecuencia, interpreto que la sentencia en crisis no arribó a una solución ajustada a derecho al no haber interpretado los hechos y las pruebas aportadas a la causa dentro del contexto de justificación en que se ejerció la respuesta defensiva ejercida por el imputado”, finalizó Posse; Estofán y Gandur afirmaron que estaban de acuerdo con los argumentos.

Sin trabajo

“Argumenté que mi cliente actuó en legítima defensa en favor de terceros porque nunca existió la finalidad de matar”, remarcó, por su parte, Varela Soria. “La Corte dice claramente que se trató de un hecho caótico y que Lucena actuó en defensa de su madre”, agregó.

El abogado indicó que su cliente estuvo dos años en el penal de Villa Urquiza cumpliendo la prisión preventiva por esta causa. “Fueron dos años en los que Lucena, que tenía 19, perdió la posibilidad de terminar sus estudios y de trabajar. Hoy tiene 28 años y no consigue trabajo porque cada vez que le piden certificado de buena conducta le salta esta causa”, advirtió.

En ese sentido, adelantó: “esta defensa está analizando la posibilidad de iniciar acciones contra la Provincia por error judicial”.

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