“Queremos que el asesino de mi hermano no siga suelto”

El 8 de abril, Daniel Lucena (42) sacó su moto de la casa para ir a trabajar; la dejó encendida y se dio vuelta para cerrar el portón. Al intentar tomar el manubrio, se encontró de frente con el caño de una pistola, sostenida por uno de sus vecinos. “Lo conocíamos desde chico, lo hemos visto crecer. No sé qué le pasó por la cabeza para hacer eso”, advirtió Carola, la hermana de Daniel. El asaltante le disparó dos veces al pecho y huyó en el rodado. Poco después, chocó contra un camión y se rompió varios huesos. Por eso, pese a tener dictada una prisión preventiva en contra, a Gabriel “Gaby” Jaime le permitieron el derecho de la detención domiciliaria. Según la familia de la víctima, no la respeta y todos en el barrio Alejandro Heredia lo ven de noche pasar por la avenida Democracia.

“Los testigos me dijeron que el asesino simuló orinar en la esquina antes de asaltarlo. Daniel nunca se negó a entregarle la moto. A nosotros nos avisó un primo que vive cerca y lo vio tirado, grave. Él murió algunas horas después. Había trabajado tanto para tener esa casa y ahora está vacía. Para colmo, con el asesino suelto, la vamos a tener que vender; nadie se va a arriesgar a ir a vivir a ese lugar, enfrente suyo”, agregó la mujer.

Según explicó el abogado querellante de la causa, Jaime estuvo internado varias semanas en el Centro de Salud por sus fracturas. Luego pasó a la comisaría 4°, donde estuvo alrededor de una semana. La defensa oficial pidió la prisión domiciliaria y el Juzgado la otorgó. “A esto lo resolvieron demasiado rápido. No existe una regulación provincial, pero se toma la Ley Nacional, que exige informes previos de médicos. En la causa no hay una historia médica, nosotros no sabemos ni siquiera de qué fue operado. Además, no se preguntó a Villa Urquiza si tiene las condiciones necesarias para tenerlo alojado allí, y no se le corrió vista ni a la fiscalía, ni a nosotros. Por eso, presentamos un recurso de apelación y ahora la Cámara tendrá que analizar el caso”, explicó José Ignacio Ferrari.

El querellante además explicó que existe riesgo de fuga y riesgo de que el imputado entorpezca la investigación: “Esto fue un homicidio in fraganti: mató, robó y lo detuvieron en la esquina. Pero además, estando en libertad, hay muchas personas que no quieren declarar por miedo”. La familia del fallecido, en ese sentido, advirtió que el acusado sigue teniendo armas y que algunos de sus parientes también están vinculados con causas penales. “Esto puede volver a pasar tranquilamente”, avisaron.

La víctima

Daniel Lucena tenía 42 años y hubiese cumplido uno más en mayo, un mes después del ataque. Visitaba una Iglesia evangélica y era muy creyente. Su familia cuenta que solía gastarles bromas a sus sobrinos que viven en una comuna rural -el hombre tenía siete hermanos-, pero que no podía visitarlos tanto como quería porque tenía miedo de abandonar su casa y al volver, encontrarla saqueada. Trabajó como albañil toda su vida y vivía solo, porque nunca se había casado ni tenido hijos. “No se metía con nadie. Queremos que el asesino de mi hermano no siga suelto”, añadió Carola.

El miedo en el barrio es tal que un muchacho se comunicó con Carola por Facebook para darle una información, pero poco después dio de baja su cuenta. “Le dije que jamás iba a divulgar su nombre, pero tuvo terror. Todo esto me lleva a pensar que le preguntaría a la gente de la Justicia si ellos actuarían de la misma forma si les tocara a ellos. ¿Dejarían libre a un asesino? Porque está libre. Esa persona no está haciendo reposo ni un tratamiento médico”, acusó.

Por último, la mujer enumeró dos casos similares posteriores: el del carnicero Héctor Herrera y el del comerciante Vicente Sleiman. “Esto se está poniendo peor, y estamos anestesiados como sociedad”, lamentó.