Se levantó la huelga, pero la calma aún no llega al penal de Villa Urquiza

Ocho días después, los presos volvieron a comer. Luego de la polémica y sorpresiva visita a Villa Urquiza del juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot, la comunidad penitenciaria levantó la huelga de hambre y le concedió un plazo de dos semanas para atender sus reclamos.

La condición que ponían los presos para cesar con la protesta era que Guyot se hiciera presente en el penal, lo que sucedió ayer al mediodía, luego de que el hábeas corpus de la Corte Suprema de Justicia así se lo ordenara. Pero su visita fue polémica: fuentes del penal contaron que los detenidos se enfurecieron ante la demora de su aparición y finalmente debieron pedirle que se retirara para evitar inconvenientes. Inmediatamente después, les sirvieron la comida.

Los presos estaban en contra de que los obligaran a realizarse un examen de orina antes de concederles una libertad condicional o salida transitoria. Según sostenían, se debe a que perdían ese beneficio si les detectaban alguna sustancia prohibida.

“El juez nos dijo que va a sacar el tema del análisis para antes de la salida, pero aclaró que cuando vuelvan de los permisos se los va a hacer”, contó uno de los presos. “Hay una interna entre Guyot y el director del penal (Guillermo Snaider). Y esta interna es como una pelea matrimonial donde siempre pierden los hijos, que seríamos nosotros”, agregó.

Snaider confirmó la suspensión de la huelga y respaldó la medida. “Quiero resaltar que el pedido fue fundado. La metodología fue de respeto y eso posibilitó que las autoridades se ocuparan en tiempo y forma. Es altamente positivo que empecemos a trabajar de manera integrada, con un diálogo serio y responsable”, opinó.

A favor

Varios abogados consultados por LA GACETA coincidieron con el reclamo de los presos. “Ellos piden que se activen las salidas extramuros y las libertades condicionales, que tienen atrasos. Hay gente que termina de cumplir la condena en el penal porque no hay una sincronización correcta entre el Patronato de Liberados y el juez de Ejecución”, advirtió Geraldine Salazar. “Me llama la atención este tira y afloja entre el Gobierno y la Corte, que se tiran la pelotita y no solucionan nada. Alguien tiene que ser más serio con esto”, exigió.

José María Molina, por su parte, cuestionó que Guyot “tiene muy demorados y hasta muchas veces ni siquiera iniciados los trámites correspondientes a dichos beneficios. Sin ir más lejos, tengo clientes que se encuentran en el trámite de las salidas para fortalecer los vínculos desde hace nueve meses, cuando debería resolverse en un máximo de un mes”.

DERECHOS.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado en reiteradas oportunidades que el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes. Uno de los principales derechos que se les debe resguardar a los internos es el derecho a la información de su situación procesal y administrativa.

EL JUEZ.- La presencia del juez de Ejecución de Sentencia adquiere un rol preponderante por cuanto es el guardián del cumplimiento de los principios de la ejecución penal. Su función no se puede circunscribir a vigilar y controlar la ejecución de lo que fijó una sentencia sino que debe garantizar el respeto de la totalidad de los derechos que le asisten a los condenados y así evitar que padezcan un agravamiento de su situación carcelaria.

DOS VISITAS ANUALES.- Al juez de Ejecución Penal le corresponde tomar contacto directo con los penados y con los agentes penitenciarios. La normativa nacional establece un piso de dos visitas anuales al penal y debe entenderse que ese incumplimiento significa violentar la disposición nacional y sería pasible de sanciones.

MÁS DE 500.- La presentación de los más de 500 internos solidarizados con los diferentes reclamos, los informes de la Dirección del Sistema Penitenciario y del juez de Ejecución, sumados a la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte, revelan la existencia de graves falencias en la comunicación entre la población carcelaria y los diferentes operadores judiciales y administrativos.

Sin fondos 

“LA INICIATIVA ESTÁ, PERO FALTA DINERO”
La Corte le pidió al Poder Ejecutivo que tome una serie de medidas respecto al penal.  César Nieva, subsecretario de Seguridad, explicó que hay varios proyectos en trámite, pero que no cuentan con los fondos necesarios. “Se previó la compra de un escáner para evitar las requisas a las visitas, pero es de altísimo costo. La iniciativa está, pero falta el dinero. Lo mismo pasa con los inhibidores de señales de celulares. Sí se van a instalar cámaras en varios sectores para evitar el voleo (de drogas)”, explicó. En cuanto al tratamiento de adicciones, comentó que “hay tratamientos ambulatorios de médicos que van al penal, pero nos faltan especialistas en este tema”.