Propuestas sobre inseguridad guardadas en un cajón

26 Ago 2017 Por LA GACETA

Es la situación de intranquilidad pública y de un disminuido ejercicio de los derechos individuales. La inseguridad -con frecuencia bajo el ropaje de la violencia- se ha extendido en la sociedad en los últimos lustros. Los motoarrebatos en la vía pública se han vuelto cotidianos. Los delincuentes no distinguen edad ni condición social. Para los tucumanos, la inseguridad es uno de los temas que los desvelan. El Ministerio de Seguridad de la Nación ha informado que en 2016, se denunciaron en Tucumán 14.479 robos. A ello se suma la denuncia de 2.168 robos agravados por lesiones o muerte de las víctimas. El relevamiento señala que en ese mismo período se registraron 852 tentativas de robo, 161 tentativas de robo agravado, 5.759 hurtos y 321 tentativas de hurtos.

Tal vez preocupada por esta realidad que golpea a los tucumanos, la Legislatura sancionó la ley de emergencia el 22 de septiembre pasado. Un poco antes, el gobernador había firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intentar contrarrestar una escalada de robos que habían sufrido personas e instituciones, lo que derivó en numerosas marchas. Se creó entonces una comisión que se encargaría de elevar propuestas al Ejecutivo, conducida por el presidente subrogante de la Legislatura. Esta trabajó sobre tres ejes centrales: la inseguridad, la crisis del sistema penitenciario y el flagelo del narcotráfico y del narcomenudeo. LA GACETA TV consignó que 26 propuestas fueron entregadas hace ocho meses al primer mandatario y a los presidentes de los otros dos Poderes de la provincia.

Entre otras sugerencias, pueden mencionarse: la elaboración de estadísticas, la creación del personal civil de fuerzas de seguridad, pasando personal administrativo a la policía, adecuación de la ley de contravenciones, reformulación completa del sistema carcelario, políticas orientadas al control del delito: capacitar al personal policial, asignar policías de a pie en barrios, acondicionar las prisiones. “Nosotros pasamos proyectos, muchos de gestión, pero hasta aquí salvo algunas cosas no nos han informado que se hayan puesto en práctica”, dijo el presidente subrogante de la Legislatura, quien además criticó al gobierno nacional por la falta de apoyo.

Lo curioso es que hace más de una década, un experto en el tema de la seguridad y que integró el anterior gobierno local, expuso una serie de acciones puntuales para combatir la delincuencia: la movilización comunitaria, la prevención contra grupos violentos, el fortalecimiento de mentores barriales, programas de recreación luego del horario escolar y de visitas a familias desprotegidas y con niños, planes de educación preescolar que involucren a padres, prevención de la violencia familiar y acciones adecuadas en la Justicia Penal, recuperación de desertores del sistema escolar, capacitación a docentes para afrontar los problemas de origen social en las aulas, fortalecimiento de patrullas dirigidas a lugares conflictivos, entre otras recomendaciones.

Hace ocho meses que los titulares de los tres Poderes tienen en sus manos las propuestas y no hay mayores novedades, ¿ello debe interpretarse como una indiferencia por un tema tan preocupante o una ineptitud para resolver los problemas? Se sabe que la inseguridad es consecuencia de la miseria, el desempleo, la marginalidad, pero también del analfabetismo, tanto de los menores como de los adultos. La drogadicción es también una resultante de esta penosa realidad que en lo que va del siglo XXI no ha podido revertirse. La inseguridad no se resuelve con más policías ni más patrulleros. Es necesario diseñar una política integral que contemple la educación, la salud, el trabajo, el deporte, así como la justicia y la seguridad. Si no se aborda el problema social en forma coordinada y sin un compromiso verdadero de la dirigencia, la delincuencia y la pobreza seguirán avanzando a paso redoblado.

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