Campero hizo pública su declaración de bienes: alquila una casa y tiene un auto modelo 2010

Su sueldo neto de julio fue de unos $ 50.000. Tiene dos cajas de ahorro en pesos, en los bancos Tucumán Grupo Macro y Galicia: en la primera, su saldo era, hasta ayer, de $ 19.800; en la otra, de $ 20.913. Y también posee un auto Honda City modelo 2010, cuyo valor en el mercado es de $ 155.000. El intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, dio a conocer ayer su declaración jurada, luego de que así lo anticipara.

El formulario entregado por Campero a la Contaduría General de ese municipio consta de dos páginas. En los campos destinados a créditos en el país o en el exterior y a sociedades comerciales no consignó nada. En relación a su declaración jurada de 2015 -a la que tuvo acceso este diario- ha habido un incremento de unos $ 23.000, puesto que el total declarado para ese momento era de $ 132.000 (también en concepto de auto como único bien).

Consultado, Campero cuenta que vive junto a su esposa en una casa que alquilan en el barrio Viajantes, al norte del municipio. El valor declarado de esa renta es de $ 10.000 mensuales.

En su manifiesto jurado, enumeró los bienes que posee su pareja, entre los que se cuentan una serie de tierras. Sin embargo, ese apartado de la declaración no lo hizo público. “Los bienes del matrimonio se encuentran a disposición de quien lo requiera”, declara Miguel Hero, director de Gobierno Abierto municipal.

“Esto es parte de un proceso de gestión inédito en la región y en la provincia. Nos centramos en la transparencia”, añade el funcionario. Según sus dichos, la medida va en consonancia con las políticas del presidente, Mauricio Macri. “A través del Ministerio de Modernización de la Nación, Yerba Buena irá haciendo una apertura gradual de la información”, asegura.

Antecedentes

La Ley Provincial N° 3.981 establece la obligatoriedad para los funcionarios de informar -en detalle- sobre sus pertenencias, con especificación de la fecha de adquisición, lugar de radicación (en el país o en el extranjero), costo de origen, rentas y deudas. Además, fija que deban brindar precisiones sobre los bienes de sus cónyuges y de sus hijos menores.

En el artículo sexto de esa normativa, sancionada en 1973, se especifica que las declaraciones deberán presentarse en sobre cerrado, lacrado y firmado. Indica, además, que tendrán carácter secreto y que sólo podrán ser abiertas ante requerimiento de un juez, investigaciones sobre enriquecimiento ilícito o situaciones similares. No obstante, Campero decidió que su declaración y las de sus funcionarios, en su mayoría, sean públicas.

Normativa local

En el caso yerbabuenense, se encuentra vigente, además, la ordenanza 1.447, que fija quiénes quedan alcanzados por esta obligatoriedad. Si bien los concejales se encuentran en esa reseña, en su caso la presentación debe efectuarse dentro del registro de su institución.

El fin de semana pasado, luego de que Campero anunciara la difusión de esos datos, el intendente de la capital, Germán Alfaro, puso a disposición de LA GACETA la declaración jurada que había presentado cuando asumió, en 2015. En aquel entonces, declaró un patrimonio de $ 2 millones. El gobernador Juan Manzur, entre tanto, minimizó el debate por la revisión de la ley que prohíbe difundir el patrimonio de los políticos. “Es lo mismo; hay que verlo...”, había respondido anteayer.

A nivel nacional, la legislación obliga a la Oficina Anticorrupción a disponer a la ciudadanía de la información patrimonial de los funcionarios y miembros del Congreso.