La quema de cañaverales, un delito de vieja data

23 Ago 2017 Por LA GACETA

Hay realidades crónicas que parecen escenas escapadas de la tragicomedia, rayana en el absurdo o en el grotesco. Todos los años, desde hace mucho tiempo, una situación se repite a lo largo de varios meses. Al promediar la zafra azucarera, al principio tímidamente y a partir de agosto, con vigor y sin vergüenza, se incendian cañaverales que oscurecen el cielo, ensucian los ojos y el aparato respiratorio y ocasionan accidentes mortales.

En las últimas 24 horas, el fuego y el humo volvieron a ser los desdichados protagonistas. Ayer, a pocos kilómetros del límite con Santiago del Estero, hubo una quema de cañaverales y la densa humareda afectó a los conductores que circulaban por la ruta 9.

El lunes, en San Andrés se registró una quema de grandes proporciones. En la zona de Arroyo Mixta, también por la ruta 9, el humo también se adueñó del camino. La humareda alcanzó la localidad de Laguna Azul y frente a El Bracho, y El Naranjito; en ese sector, los vehículos se vieron obligados a transitar a 20 kilómetros por hora en la zona, dado que no se podía ver ni respirar.

A través de WhatsApp, una lectora relató: “estábamos jugando en una cancha de San Andrés, por la ruta 9. A lado de la cancha había cañaverales. De pronto, el fuego se empezó a acercar debido al viento. Gracias a Dios salimos a tiempo sin tener que lamentar víctimas. Éramos familias completas, con niños de todas las edades”.

A comienzos de este mes, pobladores de Ranchillos vivieron horas dramáticas cuando las llamas de varios metros de altura llegaron casi a tocar las casas del barrio Perón y por temor abandonaron sus viviendas. El campo que se incendió estaba ubicado cerca de la ruta 302. Los pobladores dijeron que desde hacía días venían padeciendo los efectos de las quemazones, que aumentaban la contaminación ambiental. A fines de julio, en las inmediaciones del aeropuerto Benjamín Matienzo, ardieron ocho hectáreas; bomberos de la Policía Federal tuvieron que pedir la ayuda de sus colegas voluntarios de Alderetes. Entre el 24/7 y el 31/7, la Policía había recibido cuatro denuncias por quema de campos.

El gobernador afirmó el lunes: “al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”, aseguró. Agregó que se profundizarán los operativos de control y le pidió a la población que denuncie a los que inicien estos incendios, como el que se observó en San Andrés.

“Diseñan un plan de acción específico contra la quema de caña. La Mesa de Gestión Ambiental de Cruz Alta (MGA) lidera el trabajo mancomunado con distintas entidades y organizaciones”, se titulaba la crónica de LA GACETA del 12 de agosto pasado. La MGA viene trabajando desde 2010 en el asunto, pero no ha podido resolver el intríngulis, a juzgar por la realidad.

Da la impresión de que el peso de la ley es bastante liviano en Tucumán porque pese la existencia de la N° 6.253 y su modificatoria, la N° 7.459, que rige desde 2007, no se conoce que algún infractor haya sido multado con la pena mínima de $200.000 o la máxima, de $3 millones. Con tanta tecnología, es increíble que el Gobierno no sepa quiénes son los propietarios de cañaverales y necesite que la gente denuncie cuando la quema de un campo es inocultable, salvo que uno mire y respire para otro lado. Habrá que aguardar con esperanza que las palabras del gobernador se hagan realidad a la brevedad para erradicar un delito de vieja data.

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