Discrepan sobre el “secretismo” de los debates en la UNT

El uso de las sesiones secretas durante las deliberaciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) volvió a quedar bajo discusión esta semana. El martes, los consejeros decidieron tratar sin presencia de público los dictámenes referidos a la liquidación de las antigüedades a funcionarios del Rectorado. De inmediato, se alzaron las voces a favor y en contra por esa modalidad de debate adoptada por el órgano universitario.

Las sesiones secretas son un recurso que figura en el reglamento interno del Consejo Superior (artículos 31, 32 y 33). Tradicionalmente, se las utilizaba para tratar cuestiones vinculadas a las empresas de la UNT, como Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), Canal 10 o la Acción Social (Asunt). Por ejemplo, análisis sobre continuidad de contratos, desvinculaciones o nombramientos. Pero en los últimos años también se utilizó para cuestiones vinculadas al uso de fondos públicos. Incluso, ocurrió el año pasado, cuando se trataron las irregularidades en el uso del espacio televisivo de Canal 10 a favor del Frente para la Victoria y la denuncia por presunto acoso sexual contra un funcionario por parte de una trabajadora de la Casa del Estudiante.

Visiones pendulares

“Estoy de acuerdo cuando se citan nombres de funcionarios, pero en ningún otro caso me inclino para que sean secretas”, reflexionó José Hugo Saab, ex consejero superior y actual secretario de Políticas y Comunicación Institucional de la UNT. Sin embargo, justificó la decisión del martes, señalando que durante la discusión se dijeron nombres y se pidieron ejemplos.

Las posturas son contrapuestas, más cuando el reclamo es la apertura de la información y la transparencia. De hecho, al día siguiente de la sesión del Consejo, durante la Asamblea Universitaria se votó un artículo que adhiere a la Ley de Acceso a la Información Pública. Para hoy, incluso, está prevista la presentación de lo que será la plataforma digital que va a contener información universitaria.

“Cuando se trata de decisiones con efectos públicos e institucionales no puede haber un secreto, que no se registre y que quede en las interpretaciones de los presentes. No es así, no se manejan así las sesiones secretas. Lo que se converse y se mocione en la sesión debe quedar en un acta que puede quedar reservada”, opinó Ricardo Torres Zuccardi, ex consejero superior ente 2000 y 2010. Recuerda que en ese tiempo sólo se la utilizó en contadas ocasiones, cuando se discutía la propuesta de directores para las empresas vinculadas a la Universidad.

El martes, los consejeros además de votar a favor del secreto pidieron que no se levantaran actas de la discusión. Torres Zuccardi trazó un paralelismo con el debate que se planteó en la Cámara de Diputados en torno a la continuidad de Julio de Vido, ex ministro de Planificación y actual diputado. “No hubo ningún secreto ahí y la gente pudo saber cómo votaron los diputados. Salvando las distancias, el Consejo Superior en el ámbito universitario tiene potestad de autoridad superior”, ejemplificó.

El consejero superior Ricardo Cisneros, representante del estamento Egresados, pidió que no fuera secreta. “No acepto que las sesiones sean secretas, salvo las vinculadas a la realidad de las empresas de la universidad. Me parece desubicado pedir esto, sobre todo por el carácter abusivo que hay de una herramienta que tiene características excepcionales. Se está volviendo lo más común”, opinó.

La decana de Filosofía y Letras, Mercedes Leal, dijo que no le pareció que fuera improcedente tratar de manera reservada cuestiones que comprometen a personas. “Además, ocurrió un hecho nuevo que tiene que ver con la injerencia de la Justicia y el pedido que hizo un fiscal (Carlos Brito) de un expediente que está en tratamiento, algo inusual”, argumentó.

La discusión que motivó el martes el pase a sesión secreta surgió por el pago de un extra por antigüedad que durante años engrosó el sueldo de varios funcionarios, hasta que finalmente se le dio de baja en 2016. En el medio hay un reclamo para que se devuelva el dinero (se estima que eran unos $20.000 mensuales por cada funcionario) y también una presentación en la Justicia federal.