Dos testimonios complicaron al ex empleado judicial imputado

La primera jornada del juicio no fue favorable para Guillermo Molina, el ex empleado de la fiscalía I° de Instrucción de Concepción, cesanteado en 2014 tras la acusación de adulterar documentaciones en una causa por homicidio. Uno de los testigos que declaró ayer en la audiencia, el entonces ordenanza Néstor Alejandro Riera, aseguró que el imputado le había admitido que recibió $8.000 de un abogado conocido como “Pelusa” para que alterara los folios del proceso en el que se investigaba el crimen de Jorge Luis Poma, ocurrido en abril de 2014 en Aguilares. “Le dije entonces que era un pelotudo”, relató. Por su parte. el prosecretario Ramón Oyola dijo que el acusado “modificó los testimonios apelando a una plantilla paralela a la que debía utilizar en su computadora”.

La Cámara Penal Sala I, integrada por Elena Grellet (presidenta), Raquel Asís y Roque Arnedo, ayer comenzó a deliberar a las 11 luego de rechazar el recurso de la “probation” que había solicitado la defensa del imputado, con el afán de evitar el juicio. Molina está acusado de haber incurrido en “violación de un medio de prueba con ocultamiento” y “tentativa de falsificación de instrumento público en perjuicio de la administración de la justicia”.

Fue Gladys Albarracín, madre de la víctima, quien en mayo del 2014, indignada porque el homicida Raúl Esteban Ortega había quedado en libertad, comenzó a indagar las razones de esa medida, dispuesta por el juez Guillermo Acosta. Al acceder a los expedientes del caso se dio con que los testimonios de ella y de dos de sus hijas habían sido cambiados en favor del acusado. Entonces, fue a Tribunales y, tras increpar a Molina, instructor del proceso, exigió medidas contra el empleado. Entonces, el fiscal de turno, Edgardo Sánchez, resolvió separarlo del caso y de la fiscalía. Posteriormente, y tras una suspensión de 30 días, la Corte Suprema de Justicia lo cesanteó.

La primera persona que debía declarar ayer era el secretario Sergio Cejas, pero no asistió por motivos de salud. Se espera que se presente en la próxima audiencia. En cambio sí lo hizo el prosecretario Oyola, quien comentó ante los jueces que durante los primeros procedimientos de la causa por la muerte de Poma, permaneció con licencia compensatoria. Sin embargo admitió que estuvo cuando se desató el escándalo.

“La señora llegó a la fiscalía y entró a agredir a este chico (Molina). Hablaba de cambios en las declaraciones testimoniales. Sugerí que podía hacer una ampliación. Entonces él me dijo que se encargaría de arreglar la situación” comentó el funcionario. “Luego, con el secretario Cejas, pusimos el caso en conocimiento del fiscal Sánchez, quien ordenó el secuestro de la CPU del empleado y que se revisara su escritorio. Ahí encontramos los originales de los folios adulterados”, comentó.

“Los testimonios originales quedaron en la plantilla informática oficial del juzgado. Él utilizó otra para adulterar el expediente”, insistió.

La defensa

El abogado Julio César Herrera, defensor de Molina, consideró vital el testimonio de Cejas, porque el expediente modificado tenía su firma, aunque no la del fiscal. Para el letrado hay varios procedimientos que no están claros en torno a la maniobra. Según advirtió, le resulta inentendible que el trabajo de un empleado instructor no haya estado en conocimiento de sus superiores. “A veces Molina era reprochado por el secretario y el pro, porque se tomaba la atribución de elevar trabajos al fiscal sin pasar por ellos”, dijo sobre esto el empleado José María Sosa Almonte. quien también relató haber escuchado del ordenanza Riera que Molina había recibido dinero para adulterar la causa.

Herrera también mostró sus armas durante la interrogación a Riera. La jueza Grellet le había preguntado si sabía el nombre del letrado que le habría pagado a Molina, a lo que el testigo respondió que no. Allí, el defensor le preguntó si conocía a un abogado de apellido Busto. “Sí, muy poco”, fue la respuesta. “A él le dicen ‘Pelusa’ y era abogado de la defensa. No puede decir que no sabía de quién se trataba. Además usted tenía la obligación de denunciar lo que dice, porque si no se convierte en cómplice” sentenció Herrera.