Evalúan otorgar la prisión domiciliaria a Milagro Sala

El juez de Control 3 de Jujuy, Gastón Mercau, ordenó para el jueves la inspección de dos inmuebles de la dirigente encarcelada Milagro Sala y pidió a la defensa legal de la dirigente que notifique posibles direcciones en las que pueda cumplir prisión domiciliaria, en caso que le sea concedida, en el marco de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Previo a resolver y a los efectos de establecer si resulta viable la aplicación de alguna de las medidas sugeridas en la resolución dictada por la CIDH, ordénese una inspección de visu en los inmuebles”, señaló la cédula de notificación emitida con fecha de hoy.

La medida está prevista para el jueves a partir de las 9 horas en dos inmuebles de Sala, el primero ubicado en el departamento El Carmen, distante a 27 kilómetros de la capital provincial, y el otro en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, donde la dirigente residía hasta el momento de su detención, el 16 de enero del año pasado.

Por otro lado, el juez pidió notificar a la defensa técnica de la imputada del dictado de la providencia, a fin de que en el término de 24 horas proponga otros posibles inmuebles para el eventual caso que se disponga la prisión domiciliaria.

Según los abogados de Milagro Sala, el Estado tiene 15 días para liberar a la dirigente social.

Además, demandó que se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la provincia para que realice las gestiones pertinentes ante el ministerio de Seguridad de la Nación para establecer si personal de Gendarmería Nacional puede cumplir las funciones de seguridad y custodia.

La resolución de la CIDH, difundida el 28 de julio, urge al Estado argentino dar cumplimiento a la resolución del grupo de trabajo la ONU que pide "su liberación inmediata", o la adopción de medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad.

Sala está detenida desde enero de 2016, primero a raíz de un acampe que la agrupación Tupac Amaru realizaba frente a la sede de la Gobernación y, luego, bajo prisión preventiva, en causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, investigación a cargo del juez Gastón Mercau.

La dirigente social está alojada en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero". (Télam)