Inútiles

La incapacidad de los dirigentes principales de la provincia pone en jaque varias instituciones. Muestran una mayor preocupación por defender sus intereses que la cuestión pública que prometieron defender en sus juramentos.

06 Ago 2017
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En el Instituto de la Vivienda de la provincia no pasa nada. Está todo en orden. Según el ingeniero Gustavo Durán y el coordinador de Políticas Habitacionales Miguel Jiménez Augier lo que se dice y lo que trasciende o no es real o es falso.

No es cierto que en el IPV se hayan pedido coimas.

No es verdad que haya funcionarios enriquecidos.

No es cierto que se hubiera armado un sistema especial para que a cambio de algunos favores se entreguen viviendas.

No es real que a cambio de otros favores se den casas.

Entonces, la Justicia pierde tiempo al investigar las denuncias que día a día aparecen.

Está claro que si Durán y un funcionario de alto rango del IPV aseguran que todo está en orden todo sea un invento fogoneado por la prensa.

Debe ser por esto que el gobernador Juan Manzur ni se inmuta por el IPV. Tampoco es algo que desvele al licenciado vicegobernador y ahora candidato. El mandatario provincial al menos dijo que va a esperar que se pronuncie la Justicia; Osvaldo Jaldo esquivó cualquier pronunciamiento. Transmiten la idea de que la campaña electoral es mucho más importante que revisar un acto de corrupción o de otro tipo de violencia que pudiera ocurrir en una oficina pública. Tampoco es algo que pueda desvelar al partido Justicialista, a los legisladores ni mucho menos a otros representantes del pueblo como senadores o diputados.

Por todo esto Durán y su equipo están aún más tranquilos. Como ellos sostienen: no hay irregularidades, pero si las hubiere a nadie le importa, menos aún en las altas esferas del poder.

El IPV es una caja multimillonaria de la que se alimentan cientos de empresarios que también miran para otro lado sobre las supuestas coimas e irregularidades que acechan a esta institución. Está claro que la preocupación es seguir haciendo negocios y no conseguir que las instituciones públicas trabajen mejor para beneficio de todos y no de un puñado ávido de monedas.

Está semana que ya no volverá jamás, el arquitecto Javier Zerda escribió una carta a este diario en la que dice que un funcionario le pidió un departamento para agilizar trámites en el IPV. Zerda se refería a pinocho Lucas Barrionuevo -no a Durán- que ya está suspendido por haber mentido sobre sus vínculos personales con algunas empresas a las que se les adjudicaban obras en el instituto. En esa misiva Zerda dijo no haber cobrado un anticipo de obras. Sin embargo, Durán desde que vio la carta se preocupó por explicar a sus jefes que Zerda si había recibido ese anticipo que niega y mostró documentación, pero nada se analizó ni se refirieron sobre el pedido de coima.

Durán tendría un asesor de lujo. Ese le habría recomendado que no hable más, menos delante de una cámara de televisión. Pareciera que a todos (funcionarios, ex funcionarios, mandatarios, empresarios y algunos empleados) lo mejor que les podría suceder es que pase el tiempo, que reine el silencio, que es una forma de empujar al olvido, como sostiene una destacada periodista.

“Carpetazo”

El Instituto de la Vivienda no es la única institución que da un mal ejemplo. El Concejo Deliberante de la capital parece decidido a sacarle varios cuerpos de ventaja. La decisión de hacerlo pasar un papelón y, de ser posible, sancionar al vergonzante y verborrágico Agustín Romano Norri, terminó con la difusión de una denuncia contra el concejal Alejandro Figueroa por acoso sexual contra un joven de 25 años al que hizo pasar a su despacho.

El cuerpo legislativo de la ciudad no pudo solucionar el papelón de Romano Norri, pero en cambio encontró como anticuerpo lo que hoy se denomina “carpetazo”, aunque no figure en la Real Academia. Desempolvaron la denuncia contra Figueroa que estaba radicada en la Fiscalía 1. No se trata de un grupo de peronistas que buscó defenestrar a Romano Norri ni de los adláteres de este que quisieron destruir la imagen del peronista Figueroa. Se trata de concejales de Tucumán que fueron elegidos por el pueblo al que deberían pedirle disculpas o renunciar por no estar cumpliendo con la honorabilidad por la que juraron. El presidente del Concejo, Javier Aybar, quien tampoco por encima de ese grupo, es el mismo que habría mentido cuando se lo encontró dormido en su auto después de protagonizar un accidente. Cuando tuvo que opinar sobre lo ocurrido dijo dos cosas muy claras: me dan ganas de salir corriendo y, luego, voy a reunirlos para hablar. No se trata de un grupo de niños a los que debería reprenderlos. Incluso confesó haber intentado hablar con Figueroa y dijo que no lo encontró, mostrando su inutilidad para imponer su autoridad.

En los últimos tiempos se han elegido autoridades en algunos cuerpos legislativos con el único objetivo de asegurar votos y de que los resultados de las votaciones sean previsibles antes de que se levanten las manos. Por eso muchos de ellos no logran imponer orden o dar el ejemplo.

Otro mal ejemplo

Benjamín Zelaya es otro claro ejemplo en la vida de Yerba Buena. El Concejo que él preside se presentó a la sociedad como un grupo de ediles dispuesto a tener una sana convivencia en pos de dar al vecino las respuestas que esperaba. Sin embargo, es incapaz para hacerlo sesionar y cada vez que lo intenta termina envuelto en el peor de los escándalos. La última vez terminaron en la comisaría denunciando que al jefe de gabinete de la municipalidad de Yerba Buena le había pegado.

No hay ganadores ni perdedores de estos episodios. Habrá especulaciones para determinar quién va ganado la pulseada, pero lo cierto es que los pobladores que les dieron los votos terminan desilusionándose de las instituciones. La políticos dinamitan los cimientos de la democracia nada más que por cumplir con sus caprichos.

Momento de reflexión

Quedan sólo siete días para que los ciudadanos vuelvan a las urnas para dar su veredicto. Si viniera alguien desde afuera de la provincia se volvería loco. Hace sólo dos años, radicales, el pro y otras agrupaciones políticas se rasgaban las vestiduras por cómo los peronistas repartían bolsones y otras cosas como una forma de hacer proselitismo. Ahora los que denuncian son los peronistas y a los que fotografían son los oficialistas de Cambiemos. Lo único que cambió son los roles. Cómo se le podrá explicar a un extranjero que a los dirigentes políticos tucumanos no sólo no les interesan que las instituciones funcionen sino que en estos ilícitos e incorrecciones tampoco les preocupan los buenos procederes. Los peronistas no se avergüenzan de andar denunciando -tampoco jamás se arrepintieron- lo que antes ellos consideraban imprescindible y los oficialistas de Cambiemos no tienen problemas de defender lo que para ellos antes era aberrante.

Pareciera que en Tucumán, la moneda tuviera una sola cara. Por eso se explica que cuando se denuncian irregularidades o coimas son simplemente lo mismo que el buen proceder, porque da lo mismo.

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