Según Amaya, el Ipvdu “no cumple algunas pautas”

El secretario anticipó datos sobre la auditoría.

06 Ago 2017
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DOMINGO AMAYA

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, dijo que hubo algunos inconvenientes con la adjudicación de casas por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). “La Provincia va a recibir una notificación porque no están cumpliendo con algunas de las pautas”, anticipó.

Según el funcionario, cuando el Instituto adjudicó 110 viviendas en Concepción sí se hizo el sorteo correspondiente, pero no se informó previamente a la Nación, que es el procedimiento habitual. Las casas del barrio que gestionó el Ipvdu en la localidad del sur tucumano fueron entregadas a sus dueños el 3 de julio.

Amaya dijo que sólo se sortearon 80 viviendas, mientras las otras 30 fueron entregadas a quienes formaban parte de gremios que tenían un convenio con el Instituto. El ex intendente capitalino explicó que este procedimiento es legal y se utiliza con frecuencia, pero que desde la Nación pretenden evitar ese tipo de adjudicaciones. “Están por entregar 240 casas en Alberdi y queremos asegurarnos que todas pasen por el sorteo”, comentó.

El “caso Viviendas”

El funcionario contó que en los próximos días se conocerán los resultados de la auditoría que se llevó a cabo en algunas obras del Ipvdu durante el 25 y el 26 de julio. “Todavía no me dieron los informes detallados”, declaró Amaya antes de contar que ya tiene información sobre algunos aspectos de la investigación. Cuando estuvieron en Tucumán, los auditores de la Nación revisaron dos obras en distintas localidades. “En Alberdi falta entregar 55 casas que fueron terminadas hace dos años y no se sabe por qué no se adjudicaron. Y en Concepción hay algunas casas que están con problemas de humedad”, declaró el secretario.

Hace semanas, “Panorama Tucumano” transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu. Uno de los temas que se trataron fue el vínculo de Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales de la repartición, con los dueños de Marán S.R.L. (que recibió contrataciones directas del Instituto por casi $ 50 millones). Aunque el funcionario había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de Marán, se comprobó que Barrionuevo es tío político de los empresarios.

Se había anticipado que la auditoría haría énfasis en las obras de esta empresa, una de las cuáles se encuentra en Concepción. Estas viviendas fueron efectivamente analizadas por los inspectores de la Nación. Sin embargo, Amaya no aportó especificaciones sobre este tema. Sostuvo que no había recibido información relacionada con Marán y reiteró que la Secretaría no tiene injerencia en la contratación de una u otra constructora. “Nosotros no tenemos que ver nada con las empresas. Lo que nos interesa es que se cumpla en tiempo y forma (con la obra adjudicada). Pero la responsabilidad es del Ipvdu”, manifestó.

Respecto a la contratación de las empresas constructoras, destacó la iniciativa que promovió el Peronismo del Bicentenario en la Legislatura de Tucumán para evitar que se pueda adjudicar obras a parientes de funcionarios. Los legisladores Christian Rodríguez y Alfredo Toscano (afines al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro) presentaron un proyecto para modificar el artículo 18 de la Ley de Obras Públicas provincial. Según la norma, están inhabilitados para contratar con el Estado quienes sean deudores morosos de la provincia y los funcionarios que “por su jerarquía y funciones puedan desvirtuar los principios de contratación pública”. La propuesta de Rodríguez y de Toscano excluye, además, a los ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales hasta el segundo grado (hermanos o cuñados) de los empleados y funcionarios del organismo contratante.

El planteo de los parlamentarios fue realizado dos días después de que Gustavo Durán, interventor del Ipvdu, admitiera que tiene un pariente trabajando para la entidad. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable”, reconoció. Raúl Eduardo Beverina, cuñado del interventor, es uno de los dueños de la empresa Kursk S.R.L., que se encuentra realizando al menos una obra de la repartición. “Me haré cargo de lo que tenga que decir o de lo que tenga que hacer. Si hay una incompatibilidad, que me la demuestren”, afirmó Durán. Según Amaya, el proyecto de ley que presentaron los justicialistas implicará una mejora en el manejo de los recursos del Estado.

Por último, el secretario evitó opinar sobre las declaraciones de Javier Zerda, quien contó, en una Carta al Director publicada por LA GACETA el 3 de agosto, que Barrionuevo le había pedido un departamento para él a cambio de agilizar el trámite de una obra. “Desconozco como es el tema. No puedo dar una opinión sobre algo que no conozco si no he visto los papeles”, se excusó Amaya.

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