Ratifican la cautelar de la Línea 11

Los camaristas Ruiz y Castellanos desestimaron un planteo de la Municipalidad de la capital. La firma Inverbus seguirá explotando el recorrido de ómnibus hasta que este sea adjudicado a la nueva concesionaria del servicio.

06 Ago 2017
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La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la medida cautelar del 31 de diciembre de 2016 que permite a la compañía Inverbus, de Oscar Alonso, continuar explotando la Línea 11. Los camaristas Salvador Ruiz y Horacio Castellanos rechazaron este jueves el planteo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que argumentaba que la cautelar debía caducar porque el intendente Germán Alfaro había iniciado el trámite de licitación del recorrido de ómnibus. Según la Sala I, la caducidad recién operará con la adjudicación del servicio público de transporte de pasajeros a la empresa ganadora de la licitación.

El fallo fue emitido 58 días corridos después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán pidiera a la Sala I que se expida sobre la presentación del Municipio de Alfaro. En el medio, la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la excusación que habían formulado Ruiz y Castellanos por la denuncia penal vinculada a la cautelar de la Línea 11. La Sala I envió a la Corte la resolución que confirma la vigencia de la medida en favor de Inverbus para que el alto tribunal se pronuncie sobre los recursos que articularon la Municipalidad y Leagas, la compañía que había recibido temporal y discrecionalmente la Línea 11 en diciembre, luego de que Alfaro se la retirara a Alonso.

En paralelo al juicio en lo contencioso administrativo la Justicia penal tramita una causa promovida por Jorge Mihelj, de Leagas, el 17 de febrero (ver texto relacionado). Este acusó a Ruiz (presentó la renuncia, pero el Gobierno aún no se la aceptó), Castellanos, al camarista Sergio Gandur (Sala III), y a su padre y titular de la Corte, Antonio Gandur, de haber maniobrado para beneficiar a Inverbus. Mihelj dijo que la compañía de Alonso está ligada profesionalmente a la familia Gandur. En junio, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez informó a la prensa que el titular del alto tribunal usaba su investidura para proteger a su hijo y entorpecer la pesquisa radicada en la Fiscalía N°5 a cargo de Washington Navarro Dávila. Antonio Gandur desmintió esa interpretación y expresó que sólo ejercía su derecho a defenderse puesto que Navarro Dávila lo investigaba sin ser competente para ello. El caso penal está virtualmente detenido desde finales de junio. En la Fiscalía N°6, que encabeza Arnoldo Suasnábar, ingresó otra denuncia contra Navarro Dávila por su proceder en el caso de la Línea 11.

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