A nadie se lo traga la tierra

Si la pesquisa por la desaparición de la adolescente Daiana Garnica era difícil y compleja, ahora está empantanada y corre riesgo de quedar en la nada, tras el desbarajuste judicial en que se encuentra el fiscal II, Claudio Bonari, investigador del caso. Nada se sabe de Daiana desde la tarde del sábado 6 de mayo (hace tres meses), cuando salió de su casa, supuestamente para encontrarse con su vecino Darío Suárez, quien está detenido desde el domingo 7, acusado por supuesto homicidio, aunque no se halló el cuerpo y no se descarta que la jovencita de 17 años haya sido entregada a una red de trata de personas.

Los padres de Daiana, Ramón Garnica y Susana Cisneros, son gente humilde. Viven en el barrio Julio Abraham de Alderetes y mantenían buena relación con su vecino Suárez y su familia. Ellos sospechan que él la secuestró y la entregó a una red de trata. Es que Daiana salió ese sábado y olvidó su celular y tampoco llevó plata ni ropa. En los registros del celular se descubrió que él le había pedido por mensaje de texto que lo acompañe a comprar un regalo para su madre. El hombre negó, según su abogada, Julieta Jorrat, que se haya encontrado con la adolescente, si bien reconoció que se mensajeó con ella. En los primeros días el padre desesperado pidió que lo hagan hablar como sea, pero nada pasó. El fiscal aclaró que no se puede agarrar del cuello a un acusado y obligarlo a confesar un delito y de ahí en más la pesquisa tuvo muchas medidas, hasta ahora frustradas. Algunas fueron sorprendentes, como el uso de perros especializados de Punta Alta que hallaron ropa y un paquete de cigarrillos con un papel que tenía un mensaje que decía que a Daiana no sería sencillo encontrarla. También hubo pequeños escándalos judiciales como la orden del fiscal de detener a 10 policías de Criminalística por la pérdida de una prueba que parece ser un objeto incinerado, y el pedido de disculpas del mismo fiscal a esos policías diciendo que trabajaron de manera infatigable. Aunque la prueba sigue perdida.

Intensa búsqueda

Como los mensajes telefónicos llevan a la hipótesis de secuestro y/o asesinato, el fiscal hizo intervenir a la División Homicidios desde el primer momento, tras haber chequeado en la Terminal de ómnibus y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que no se registraba el paso de la adolescente. Es que la historia de Suárez terminó aportando a la hipótesis criminal: un papel hallado por los perros hizo suponer que tenía, o pretendía tener, una relación sentimental con Daiana; la ex cuñada de Suárez dijo que el hombre tuvo muchas mujeres -entre ellas varias hermanas de su actual pareja, Yanina Villarreal- y que además de los seis hijos que tiene en Alderetes tendría otros en Santiago del Estero. Se piensa que tiene una amante, también detenida en esta investigación, y la ex cuñada dijo que era un hombre golpeador.

Por ello la pesquisa de inmediato se orientó al presunto homicidio. Suárez es obrero ladrillero. Se desarmaron dos hornos de ladrillos y se dragaron dos pozos sépticos en casas de Suárez y de un familiar; se rastreó la zona con 170 policías en mayo y en los primeros días de julio, cuando estuvo brevemente al frente del caso el fiscal Diego López Ávila, se usó un drone de Catastro -que puede detectar objetos enterrados hasta un metro y medio de profundidad- para un nuevo rastreo cerca de los hornos, en el que intervinieron 200 cadetes de la Escuela de Policía. Nada. Se hallaron zapatillas rosas y ropa interior que los padres de Daiana no reconocieron.

La mayoría de los elementos secuestrados en la causa -que según se dijo en junio, ocupaban un galpón en la Policía- fueron hallados en el horno de ladrillos donde trabaja Suárez. Pero trascendió que no se encontraron huesos sino restos incinerados de maderas, y el piercing, que se encontró en esos primeros días no era de Daiana.

Las dudas

A tres meses de la desaparición, se mantiene la pregunta: ¿se hizo lo que correspondía? Las primeras informaciones dicen que Daiana desapareció el sábado cerca de las 19 y que el primer rastrillaje comenzó el domingo a las 13. ¿Se actuó con celeridad o no? ¿La respuesta policial fue la correcta? Ese mismo domingo, Suárez, que se había ido a El Chañar, regresó, se entregó y quedó detenido. Pero no está claro si se activaron todos los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas. En principio, como se dijo, porque de entrada se planteó la hipótesis del presunto homicidio. Pero los padres de Daiana insisten en que Suárez la entregó a una red de trata.

El comisario Julio Fernández, de la División Trata de Personas, dice que a ellos nunca les dieron intervención. Esta sección de la Policía se ocupa de buscar a entre 10 y 20 personas por semana y, según dice Fernández, se usan todas las vías posibles. Se da intervención a todas las fuerzas federales, se usa el área de delitos telemáticos, se rastrea en las redes sociales -twitter, Facebook-, se viaja a otras provincias. Dice que en la última semana hubo 10 casos, todos esclarecidos. Fernández recuerda que en estos días se publicó el rescate de una adolescente que se encontraba con una comunidad gitana en Quimilí, Santiago del Estero, buscada desde hacía un año, y el caso de una jovencita de Ranchillos que hace un año y medio se había ido de casa y estaba viviendo en El Chañar. La encontraron porque fue inscripta en el sistema de salud para el plan Nacer. En la búsqueda de personas se usa el sistema nacional Sidefu de búsqueda de niños.

¿Significa esto que en el caso Daiana no se usó un sistema que funciona bien? No se sabe. El abogado Carlos Garmendia, que trabajó en la Fundación María de Los Ángeles, dice que la División Trata “trabaja bien”, pero que el sistema de recolección de denuncias sigue siendo malo. “Es una burocracia ridícula. Muchas comisarías siguen diciéndole a la gente que tienen que esperar 24 o 48 horas, y después la denuncia va a mesa de entradas en Tribunales, que la separa según los casos urgentes, que son los que tienen detenidos, y las fiscalías, atiborradas de trabajo, muchas veces recién al final del turno se ocupan de casos como desapariciones”. El fiscal López Ávila reconoce que es frecuente que muchas comisarías minimicen estas denuncias, como se hizo siempre con lo que antes se llamaba “fuga de hogar”. El comisario Fernández asevera, no obstante, que ahora se actúa de inmediato, apenas se da aviso a la División Trata.

Informe sobre trata

Pero nada de esto permite saber si se está trabajando bien. Hace apenas tres días se constituyó a nivel nacional el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y se generalizó el uso del sistema Sidefu. Hace pocos días, también, se publicó en Clarín que “cayó el número de personas rescatadas y aseguran que es por falta de controles” (30/7): de 2.110 rescatadas en 2015 se pasó a 666 en 2016, pese a que hubo aumento de denuncias en 2016, cuando se reportaron 3.256 personas desaparecidas en Argentina. También Clarín publicó (27/6) el informe mundial sobre trata de personas, que señala que aunque el país hace esfuerzos, no cumple con los requisitos para la eliminación de este delito. En ese informe se señala que en Argentina en la trata sexual se afecta a mujeres y adolescentes de Bolivia y Paraguay, y en menor medida de República Dominicana y Brasil y de zonas rurales y provincias del Norte argentino. Señala que preferentemente en el norte se usan “burdeles móviles” en camiones y colectivos. ¿Cómo entra Tucumán dentro de ese informe? Es difícil saberlo, porque nuestra provincia carece de registros serios, si nos atenemos al reciente informe del Sistema Nacional de Información Criminal, que lamentó las limitaciones de los datos aportados por la Policía tucumana.

Por otra parte, la historia de casos complejos de desapariciones no ayuda a determinar el porcentaje de éxito de las pesquisas en Tucumán. Desde hace un año se busca a Mariana González, de Leales, y a Milagros Avellaneda y a su hijo Benicio (en este caso hay un detenido, el guardiacárcel Roberto Rejas). En el caso de Betty Argañaraz, quien jamás fue encontrada desde 2006, fueron condenadas por las pruebas del caso dos ex novicias, ex compañeras de trabajo de Betty.

Faltan pericias

¿Confesará alguien del entorno del detenido Suárez? Suena extraño que no se haya quebrado nadie. El fiscal López Ávila recuerda que suelen darse “pactos de silencio” entre familiares y en ese sentido muestra el caso del conductor Jorge Alberto Sánchez, que causó la tragedia en Ranchillos en febrero de 2016 y que fue ayudado por sus cuatro hermanos a enterrar el auto. En el caso Daiana aún faltarían datos sobre informes de los teléfonos de Suárez y de su entorno, así como del padre de la adolescente, que tenía el viejo celular de Daiana, la cual había recibido de regalo un teléfono nuevo una semana antes de su desaparición.

Precisamente de un informe de los teléfonos surgió el conflicto que tuvo el fiscal Bonari con el Juzgado de Instrucción V la semana pasada. En el teléfono de la ex cuñada de Suárez, Victoria Melián, se encontró un mensaje enviado al juez subrogante Marcelo Mendilaharzu, quien habría respondido que se comuniquen con su hija. Luego el marido de esta actuó como defensor de Melián. El juez se inhibió de actuar en la causa pero Bonari expuso públicamente el conflicto y lo denunció en la Corte. También reclamó que Víctor Manuel Rougés, el otro juez subrogante en el Juzgado V (que está acéfalo) no estuvo ese domingo 7 de mayo para otorgarle una orden de allanamiento y que por eso él -amparándose en el artículo 207 del Código de Procedimientos- allanó el horno ladrillero. El juez le respondió que Bonari solicitó seis medidas ese día y que ninguna era el pedido de allanamiento. “Es para dudar la idoneidad del fiscal interviniente en la investigación de la desaparición de la adolescente si, como manifiesta, no puede localizar al juez de Instrucción de turno un día domingo en su domicilio particular”, bramó.

¿Se equivocó el fiscal? ¿O tiene razón? En cualquier caso, mientras otro fiscal, Washington Navarro Dávila, dilucida este conflicto, la causa corre riesgo de venirse abajo. La defensora Jorrat aseveró que este “error garrafal” “es el resultado de una mala investigación y entorpecimiento por ignorancia” y pidió la liberación de los 13 detenidos. Si el allanamiento estuvo mal hecho sobrevendrían nulidades y hasta juicios en contra del Estado.

Los padres de Daiana reclaman que la causa no tiene por qué caerse, “porque hay pruebas en contra de los acusados”, pero temen que “con eso se está desviando la atención”. Y Ramón Garnica pone el acento en el objetivo que se está perdiendo: “Antes que nada queremos que aparezca con vida mi hija. ¿Qué se la tragó la tierra?”