El Estado tiene la palabra

06 Ago 2017

PANORAMA ECONÓMICO

MIGUEL ANGEL ROUCO - AGENCIA DYN

BUENOS AIRES.- El aumento de los ingresos fiscales, además de generar un alivio al Tesoro, muestran una recuperación de la actividad económica. Aunque no está enmarcada en una tendencia definida, el segundo trimestre estaría mostrando un quiebre del ciclo recesivo que afectó al sector industrial desde hace cinco años. Todos los disparates ejecutados por el régimen kirchnerista, en especial, en los últimos cuatro años de Cristina Fernández, cuyos efectos se perciben hasta estos días, comienzan a ser corregidos, aunque no en su totalidad. Obviamente, la asignatura pendiente y el mayor problema que enfrenta el gobierno de Cambiemos es el desequilibrio fiscal. Las mejores condiciones que tienen el sector rural y la agroindustria ponen de manifiesto que si el Fisco retrae su presión impositiva, los sectores productivos responden con un incremento de su actividad y de sus exportaciones.

Los recientes acuerdos laborales son apenas el comienzo de una serie de correcciones que debe llevar adelante el Estado. Por ahora, son sólo entre el sector empresario y el sector sindical. Falta que el Estado saque su bota de encima de la economía para que la recuperación se manifieste. De nuevo, aunque tenue, la actividad comienza a ponerse en marcha. El proyecto Vaca Muerta es una muestra de la recuperación. Las petroleras que tenían sus inversiones en yacimientos convencionales están mudando sus equipos hacia el nuevo “oro negro no convencional”.

El acuerdo firmado con el sector rural es apenas más incipiente dado que apunta en primera instancia a corregir los desequilibrios en las producciones de economías regionales. Las economías regionales enfrentan problemas derivados de una estructura de costos elevada. En la mayoría de los casos, se encuentran en zonas alejadas de los puertos, lo que redunda en una participación muy grande de los costos de logística en el precio final. Al mismo tiempo, son actividades mano de obra intensiva que padecen de costos laborales muy altos, lo que los descoloca frente a otros competidores externos. De allí la necesidad de alcanzar acuerdos de productividad para permitir una mejora en la competitividad de los productos.

De la misma manera, algo se está intentando con el sector automotor, fuertemente afectado por la crisis brasileña y el tipo de cambio. Si el Estado logra reducir el peso impositivo y la carga laboral y las terminales disminuyen sus precios de salida de fábrica, estaríamos en presencia de un boom en la producción y exportación de vehículos, con acuerdos con terceros países. Pero la clave de la mejora en la actividad económica y su sustentabilidad pasa por el meridiano de la reforma tributaria que debe incluir a los tributos provinciales y los impuestos municipales, encubiertos bajo la forma solapada de tasas sin retribución de servicios, algo claramente inconstitucional. La queja del presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, a los intendentes fue un misil a toda la clase política: “Las tasas municipales son de delincuentes”, algo que también retumbó en los despachos de los gobernadores.

También la Cámara de Comercio presentó una serie de reclamos para mejorar la competitividad que incluyen desde bajas de impuestos y costos laborales a mejoras en infraestructura. Para que esto se produzca de manera rápida y eficiente, la administración Macri deberá llevar adelante una drástica reducción del gasto público que le permita al mismo tiempo disminuir la asfixiante presión tributaria.

En la reforma tributaria, además de tomar en pago a cuenta las contribuciones patronales y el impuesto al cheque, se debe obligar a las provincias a eliminar el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos en todas las etapas productivas y a los municipios a abstenerse de aplicar tasas que encubren impuestos, como las que se aplican al transporte de mercaderías interjurisdiccionales. Al mismo tiempo, el Estado nacional, provincial y municipal deberán eliminar todos los impuestos distorsivos que pesan sobre las facturas de servicios públicos, con el objeto de permitir una recuperación tarifaria y una mejora en todos los servicios.

No importa el resultado electoral. Nuevamente, la pelota está en el campo del sector público, único responsable de la actual crisis económica.

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