03 Agosto 2017
El depósito de secuestros judiciales que depende de la Policía contiene actualmente 3.200 armas que están bajo proceso judicial. Pero ese ámbito fue objeto durante décadas de robos permanentes. Según denuncias de organismos oficiales, en los últimos 30 años se perdieron al menos 15.000 armas que pasaron a engrosar el mercado negro en la provincia. En Tucumán, sostienen, no se destruyen armas desde 1980. Y la Justicia secuestra un promedio de 500 por año (incluidas las “tumberas”). Sin embargo, en la sección Secuestros Judiciales hay 3.300 armas. Sobre estas cifras calcularon el faltante.
En contraste, tanto el secretario de Seguridad, Paul Hofer, como el jefe de Policía, Dante Bustamante, negaron concretamente que, al menos en los últimos cuatro años, hayan sido robadas armas de dependencias policiales.
Esta situación fue denunciada en la edición del 5 de julio de “Panorama Tucumano” y ese mismo día el vicegobernador y presidente de la Legislatura en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se comprometió a tratar el tema en el recinto.
Ese día llegó y, según adelantó el legislador oficialista Guillermo Gassenbauer, se tratarán dos proyectos de ley. Uno de ellos fue presentado por el oficialista Marcelo Caponio que estipula la adhesión lisa y llana de la provincia a la ley nacional 25.938. Esta establece “un régimen preciso de información (lugar y fecha del secuestro o incautación y descripción del sumario de las circunstancias, tipo de arma, marca, modelo, calibre, autoridades involucradas), lugar del depósito material secuestrado (transitorio y definitivo) y proceso de destrucción del material decomisado”. En la exposición de motivos, Caponio, con la firma de otros legisladores, indicó que “con la adhesión a la ley nacional, y la consecuente obligación de remitir las armas secuestradas -una vez concluida la causa o las actuaciones administrativas- a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la provincia da un paso importante para evitar que las armas reingresen al mercado ilegal”.
El otro proyecto es el del legislador radical Eudoro Aráoz, que pretende que la provincia se adhiera a la ley nacional 27.192, que es la de la creación de la Anmat (ex Renar) como una medida “destinada a disminuir sustancialmente los delitos, entre ellas vinculadas al control del uso de armas de fuego”. “Todo esto fundamenta la necesidad de la adhesión a la ley nacional 27.192, a fin de darles, principalmente, un destino a las armas recuperadas y secuestradas en Tucumán”, finalizó la presentación.
Según el orden del día, no está incluido el tratamiento del proyecto que había presentado el legislador oficialista Ramón Santiago Cano, que proponía la creación de un depósito judicial de armas de fuego, dependiente del Poder Judicial, y más precisamente del Ministerio Público. Cano sostenía que para ello se debía habilitarse un espacio idóneo y designar personal especializado para el inventario y custodia de todas las armas que fueran secuestradas en la provincia.
Mientras tanto, en Tucumán continúa el plan de desarme ordenado por la Nación, que otorga dinero a cambio de las armas que se entreguen en la sede de calle General Paz 855.
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