En vez de justicia,“mayorías ajusticiadoras”

02 Ago 2017

Las “mayorías ajusticiadoras” colapsan la sociedad argentina, colaboran para que prolifere el delito, la sensación de inseguridad y de desprotección, el enojo con la clase dirigente, el hartazgo y la desilusión.

¿Quiénes integran ese grupo decisor de culpabilidades e inocencias en nuestro país? Integrantes de poderes judiciales, de legislaturas, de concejos deliberantes y del Congreso de la Nación. Son los que protegen o liquidan a unos y otros bajo el argumento de que tienen los votos suficientes para hacerlo. O el poder económico o político para acelerar o hacer dormir en el olvido causas judiciales, en vez de escudarse en la ley y el trato igualitario de todos ante ella.

El papá de Daiana Garnica lo dice y lo repite hasta el hartazgo. “Si mi hija fuera de alguna familia importante ya se sabría que pasó y dónde está. Nos quieren hacer pasar por tontos porque somos pobres”, dice Ramón una y otra vez. Alberto Lebbos lo reitera desde hace 11 años: los hijos del poder permitieron que transcurra más de una década sin que se sepa qué pasó y, según él, actuaron desde policías hasta funcionarios del Poder Ejecutivo y del Judicial para que no queden rastros sobre lo que efectivamente sucedió. El paso del tiempo, desde luego, siempre es aliado de la impunidad.

Esa “sensación” gana la calle desde hace años.

El caso del concejal Agustín Romano Norri también abre interrogantes diversos, que muchos prefieren no formularse -o no hacerlo públicamente- para ser políticamente correctos. El edil cometió un exabrupto que debe ser objeto de repudio y sanción. De ello no hay dudas y la reacción de concejales y legisladores condenando ello es elogiable. Ahora, ¿no deberían haber actuado igual de céleres, por ejemplo, cuando el titular del Concejo Deliberante, Javier Aybar, chocó con su auto y fue fotografiado dormido al volante por LA GACETA? ¿No deberían haber cundido los repudios hacia esa falta de un hombre que, justamente, debe bregar por la convivencia y las buenas prácticas en la ciudad que gobierna? ¿Por qué nadie se espantó y llamó a sesionar para averiguar, indagar y pedir explicaciones por el escándalo en el Instituto Provincial de la Vivienda? ¿O con el caso de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo? ¿O acaso arreciaron las sesiones por la dudosa moral de legisladores y concejales inmiscuidos en hechos poco decorosos? ¿La Legislatura está actuando para saber qué pasó con el grave hecho institucional que sacudió Yerba Buena la semana pasada? ¿Hay sesiones y una investigación interna o la intención de sancionar a legisladores que tuvieron (acaso aún tienen) empleados de bloque relacionados a casos de narcotráfico?

Sobran preguntas. La más importante es qué vara utilizan los empleados del Estado con cargos jerárquicos y electivos en sus distintos poderes para medir la conducta de sus propios integrantes y de los ciudadanos en general. Hasta aquí, parece que prevalecen los privilegios: el de quien junta los votos para salvar o condenar a un Julio de Vido o a un Romano Norri; el que amontona poder y/o dinero para retrasar o adelantar causas judiciales; el que siembra miedo o “contagia” conveniencias a quienes deben juzgarlo. No hay otra forma de explicar ni de comprender cómo ni por qué ante iguales, similares o peores acontecimientos y procederes, unos terminan presos o destituidos y otros gozan de la libertad o de fortalecimiento político.

La democracia habilita el disenso, pero también debería garantizar la igualdad ante la ley. Una democracia sin aquella autolimitación que represente el principio de la legalidad se destruye, advierte Hans Kelsen en su Teoría General del Derecho. Algo está fallando.

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