Travesuras poco institucionales

En los enredos del Instituto de la Vivienda no parece importar que se solucionen sino que cambien un poco las cosas y se olvide. En Yerba Buena perdieron todos, pero el intendente sacó ventaja política. Macri y Manzur.

30 Jul 2017 Por Federico Diego van Mameren
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El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Durán, había sancionado a Lucas Barrionuevo, un funcionario jerárquico y de su confianza. Este había mentido que no conocía a sus sobrinos (Martín y Sebastián Nieva) que tenían una empresa (Marán) a la que se le adjudicaban obras en el IPV.

Esta semana Durán reconoció que con un cuñado suyo hacía lo mismo. Cuando declaró ante las cámaras y ante LA GACETA, advirtió que tenía que revisar la documentación para saber si la adjudicación de obras a la firma Kursk la había hecho él u otra persona. Sus palabras buscaban minimizar los hechos. Parecía uno de esos malhechores que con desesperación busca el camino alternativo para huir. No es un error menor. Tampoco es algo que se les debería haber pasado a las autoridades del Instituto de la Vivienda. Menos aún cuando la esposa de este empresario (Raúl Beverina) trabajaría en ese mismo organismo.

Esta institución tiene ahora bajo la lupa de la Justicia a por lo menos tres autoridades afectadas por supuesto enriquecimiento ilícito.

Debe ser todo demasiado normal para que el gobernador de la provincia haya declarado que debía esperar que resolviera la Justicia para saber si debía o no actuar al respecto.

Manzur pasivo

El gobernador tiene la misma pasividad que los empresarios tucumanos a los que parece no afectarles en lo más mínimo que en el Instituto de la Vivienda se entreguen obras a parientes de las autoridades. Tampoco parece preocuparles que esas adjudicaciones estén hechas o tramitadas por funcionarios que se han enriquecido. Todo es normal.

Juan Manzur, sin dudas, es un experto en estas lides. Ha sido denunciado en la Justicia más de una vez y luego ha salido airoso. Tal vez por eso elige no actuar. Lo llamativo -y el gobernador mira para otro lado- es que el interventor del IPV sancionó a Lucas Barrionuevo por mentiroso y por ocultar su relación con Marán. Es decir, el delegado de Manzur en el organismo ya dijo que había algo irregular. Luego, el propio sancionador de Barrionuevo hizo lo mismo y reconoció el error. O Manzur no les cree a los funcionarios cuando dicen la verdad, o les cree sólo cuando mienten. O, en todo caso, los errores e irregularidades del IPV tienen la protección del poder que gestionó Tucumán durante la última década y donde Manzur, José Alperovich y Osvaldo Jaldo fueron protagonistas principales.

Está claro que las fallas en el funcionamiento no son de propiedad y autoría exclusiva de Durán. Por lo tanto, no es como la senadora Silvia Elías de Pérez reclama y sentencia. No será con la renuncia de Durán con la que se terminarán los problemas en esta institución sospechada de corrupción. Se trata de erradicar un sistema del que una importante cantidad de empresarios son cómplices.

Muchos de ellos ven lo que está ocurriendo como una etapa de transición hacia un mundo mejor. Sin embargo, nada hacen por denunciar las fallas que conocen ni por pedir que se corrijan. Incluso como si las obras tuvieran color político se quejan -también en voz baja- que actualmente desde el Plan Belgrano los obligan a gastar para poner carteles de ese programa incluso en emprendimiento que se costea con fondos de la gestión anterior. Obviamente, tampoco lo denuncian, como tampoco les interesa revisar el pasado del IPV; no vaya a ser que los encuentre en falta.

En este Tucson ficcional donde las instituciones son tan débiles, no sobran los ciudadanos capaces de reconocer errores. Sí, en cambio, aquellos que con tal de hacer negocios son capaces de esconder bajo la alfombra hasta los más aberrantes delitos.

El golpe

Esta fue la semana de la desinstitucionalización. No sólo el gobernador de Tucumán decidió no mirar los errores de su gestión.

En la Municipalidad de Yerba Buena todo se hizo añicos. Había un equilibrio de cristal que el viernes de un puñetazo se desbarató.

Es tal la putrefacción de la vida institucional de la ciudad que se desparrama al pie del cerro que ni siquiera se pueden reconstruir los hechos.

Está claro que durante la mañana del viernes, el presidente del Concejo, Benjamín Zelaya, quiso entrar al despacho de Mariano Campero para ocupar su lugar porque aquel no estaba. Seguramente estaba en su derecho porque el despacho es del pueblo de Yerba Buena y no de Campero. Después de discutir con el jefe de Gabinete, Manuel Courel, porque la oficina estaba cerrada y el funcionario no lo dejaba pasar, Zelaya decidió dar de baja a Courel y hacerlo cesar en sus funciones. Si Zelaya era el intendente interino por la ausencia de Campero, tenía autoridad para hacer tamaño desaguisado.

Por la tarde, empezó a trascender que habría sesión para destituir a un concejal (Javier Jantus) que había fotografiado y difundido la imagen del edil Lucas Cerúsico dormido. Toda una payasada que siguió afectando los ánimos. En la supuesta sesión del Concejo apareció el jefe de Gabinete, Courel, quien innecesariamente se presentó donde los ediles juegan de local y se llevó una trompada por jugar de visitante.

Semejante papelón no tuvo ningún ganador. Si lo destituían a Courel, este habría sido repuesto en su cargo apenas apareciera Campero. No respetaba ninguna lógica destituir a un edil por difundir una foto y hubiera afectado aún más la credibilidad de un cuerpo herido por sus desfachatez. Nadie ganó en la tarde del viernes. Los ciudadanos de Yerba Buena perdieron rotundamente por haberse equivocado cuando entraron al cuarto oscuro. Eligieron a políticos apasionados, pero desinteresados del bienestar institucional de la ciudad.

La historia reciente de Tucumán está cargada de travesuras de los políticos, pero al punto de afectar la vida ciudadana y por lo tanto, el respeto por la democracia. Cuando Ramón Ortega gobernaba y le dejaba los despachos, el vicegobernador Julio Díaz Lozano se encontraba en el despacho del titular del Ejecutivo con los cajones sellados y, si podía, alguna travesura le dejaba. Ni hablar de cuando el legislador Enrique Pedicone llegaba a sentarse en el despacho de Antonio Bussi y algún “regalo” inesperado también le dejaba.

En Yerba Buena ha quedado demostrada la impericia política para salir del conflicto y eso ha hecho que ante la importancia los hombres no estén capacitados para superar la discusión ni las trabas. Por lo tanto recurren a la violencia.

No faltan los que se alegran con lo sucedido porque de alguna manera afecta la gestión de Campero. Pero no ven el daño republicano que podría significar alterar las decisiones populares.

De estos intríngulis responsabilizan al legislador radical opositor Ariel García y al mismísimo vicegobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo. Si fuera así, ellos y el propio Manzur deberían poner paños fríos en Yerba Buena, una ciudad que crece y se desarrolla a pesar de sus políticos.

Si nada de lo que se dice o denuncia es cierto, los actuales ediles opositores deberían pedir disculpas o pedir que los reemplacen porque no están cumpliendo con el juramento ni con el mandato que les dio el pueblo de Yerba Buena.

Desde lo institucional, sólo quedan heridos. Pero los expertos de la política advierten otras lecturas. Advierten que los políticos se hacen a los golpes y, por lo tanto, el jefe de gabinete Courel ha sido ascendido a esa categoría. Están también los que señalan que la prepotencia de los ediles le ha tendido una alfombra a Cambiemos a 14 días de los comicios de las PASO. Apoyados en esta biblioteca, Campero y sus adláteres deben sentir que la política de resistencia le está dando resultado.

Malos ejemplos

Los malos ejemplos de Tucumán se siguieron sumando durante la semana. El antecedente mayor lo dieron el presidente Mauricio Macri y Manzur, quienes fueron incapaces de saludarse. Le faltaron el respeto al protocolo ante el justificativo de que la campaña electoral puede hacer olvidar sus obligaciones. Lo hicieron para ganar votos, para fijar posiciones. Es indudable que ni el candidato de Cambiemos ni Jaldo lograrán un voto más porque Macri y Manzur pulsearon para ver quién era más maleducado.

Tampoco pasó inadvertido el audio del concejal radical Agustín Romano Norri. Sus agresiones contra Eva Perón lo hicieron famoso. Mal enseñado por los políticos actuales habló de una operación política y buscó echarles la culpa a los otros. Hasta sus pares y los de su mismo partido terminaron despotricando contra él por haber actuado como un chiquilín. La impunidad de la política ha enseñado que el poderoso no sólo tiene fueros sino también anuencias para desilusionar a los ciudadanos. No es la primera vez que Romano Norri hace papelones públicos. Debiera aprender de su propia experiencia.

La gran encuesta

Falta un puñado de días para que las PASO convertidas en GESO (Gran Encuesta Simultánea y Obligatoria) den su veredicto. Desde Macri hasta el último gobernador sólo están en campaña. El Presidente, incluso, llegó a suspender actividades de su agenda internacional, algo que no hace ni para festejar la Independencia del país.

La preocupación por convertir todo en campaña ha impedido que problemas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina -y tucumana, obviamente- hayan sido manoseados para que la gravedad que tienen sea minimizada porque estamos en tiempos electorales. Como si la democracia pudiera tomarse vacaciones.

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