La denuncia de irregularidades en el Ipvdu

19 Jul 2017 Por LA GACETA

Amplios sectores de las comunidades económica, política y empresarial tucumanas siguen pendientes de los avances de la denuncia sobre los casos de irregularidades en la adjudicación de obras y de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que formuló Silvia Elías de Pérez, senadora nacional por Tucumán, y que LA GACETA recogió ampliamente en sus ediciones y en el programa de televisión Panorama Tucumano. La legisladora ha asegurado que en ese organismo provincial existe una práctica “organización paralela” en las adjudicaciones de obras -atribuyó a dos funcionarios del área de un manejo de esa estructura-, acusó la gestión del actual interventor, Gustavo Durán, por aprobar -aseguró- facturaciones millonarias que no se corresponden con los presupuestos originales y advirtió que la empresa Marán Constructora SRL (sería propiedad de un empleado de un corralón) resultó beneficiada con contrataciones directas por un monto total de casi $ 50 millones.

La denunciante señaló al propio gobernador, Juan Manzur, de “hacer lo que quiere en esta institución”, a través del interventor en esa repartición, e insistió que ha constatado que contratos firmados por el Ipvdu no coinciden con los montos que la Nación asignó a esos acuerdos, por lo que se evidenciarían trámites de adjudicación con sobreprecios y testaferros.

Al hacer hincapié en su denuncias sobre los coordinadores de programas federales y de planeamientos, manifiesta directamente que no pueden justificar el incremento patrimonial que han registrado en los últimos tiempos, a partir del sueldo real que perciben en la institución.

Habría que recordar que la parlamentaria viene accionando en los tribunales federales y ordinarios en casos contra esa repartición provincial y ante organismos nacionales de control desde ya hace años -desde los tiempos que se adjudicó Lomas de Tafí- aunque sus reclamos han derivado en gran medida en polémicas marcadas por contingencias políticas, y abiertamente rechazados por sus denunciados.

Nuestro diario se hizo eco de esa disputa verbal: “Durán es un elemento fundamental en la matriz de corrupción que está instalada en el gobierno de Tucumán desde hace años”, acusó. “Es una información maliciosa de la senadora, como todo lo que hace”, respondió Durán, quien admitió -no obstante- que inició una investigación interna a uno de los denunciados.

¿Por qué estos reparos y presentaciones administrativas y públicas contra la gestión de la intervención del instituto de vivienda no han merecido la preocupación necesaria por parte del gobierno, al margen de las reacciones contingentes que la política ha ido naturalizando? ¿Por qué estas denuncias de sospechas de corrupción han encontrado una preocupante displicencia entre las cámaras empresarias que trabajan en la construcción de vivienda y los distintos programas para el organismo? Habría que decir que la fortaleza de las instituciones es una construcción republicana que se sostiene a partir de valores morales, éticos y constitucionales, en la que los principios de responsabilidad, transparencia, confianza y credibilidad en los actos públicos de los hombres públicos ocupan un lugar primordial; el respeto a esos bienes fundamentales de la vida social e institucional del país deben marcar el camino para resolver este contencioso, más allá de la coyuntura en el que ha sido planteado.

La decisión de una fiscal de la justicia provincial en intervenir en este contencioso es una señal que debe ser valorada positivamente.

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