El estrés del guardián

¿Quién controla al guardián? ¿Quién avisa si padece depresiones o enojos y quién evita que se convierta en Hércules furioso? Por lo que se ha visto esta semana, poco y nada se hace en este sentido. El lunes, Cinthya Benedetti, una oficial de la división Homicidios de 30 años, mató en barrio Jardín a un compañero de 25, Franco Piqueras, con el que habría tenido una relación sentimental y luego se quitó la vida. El martes, un agente recién ingresado, personal transitorio (PTP), de 26 años, se mató en Simoca. No se sabía ese día si había sido accidente o suicidio, aunque en toda la fuerza se habla de lo último. Las tragedias se suman: en los últimos 10 años hubo unas 20 muertes de policías, por diversas causas, según fuentes de la fuerza.

Pero es la índole del trabajo la que lleva en su esencia la tensión. Tiene el máximo peligro cuando deben hacerse cargo de situaciones inseguras o enfrentar a delincuentes -este año fueron asesinados tres policías en tiroteos (Lucas Abregú, David Aragón y Pedro Jiménez)- y las contingencias violentas están agazapadas siempre en zonas conflictivas, a veces por cuestiones triviales. En un operativo del 26 de junio cerca de barrio Judicial, un agente de un patrullero fue agredido a puñetazos cuando intentó, junto a dos compañeros, identificar a seis hombres; luego, al perseguir al agresor, otro agente fue mordido por tres perros -mató de un balazo a uno- y finalmente otro agente fue arañado por la dueña de los perros, cuando intentó evitar que lo golpeara con una piedra. “Teniendo en cuenta que se encontraban en zona desfavorable fue que se retiraron del lugar”, dice el parte de la comisaría 13.

Tensiones y abusos

“El oficio de policía es el segundo más estresante. El primero es el de controlador aéreo”, dice Paul Hofer, secretario de Seguridad de la provincia, que asegura que desde 2013 se ha capacitado al 57% del personal en todos los ámbitos y para “el uso progresivo de la fuerza. Y cita como ejemplo la última capacitación que dio el Inadi en la fuerza de seguridad para tratar dignamente a personas trans (LA GACETA 2/7).

Pero al mismo tiempo son noticia los policías por abusos, como el caso del cabo que a mediados de junio atacó a latigazos a una paciente con problemas de salud mental en el parque 9 de Julio. El suboficial fue sumariado y la Policía emitió una circular prohibiendo el uso de látigos. Hofer dice que el cabo “es un muy buen policía y estuvo en cursos de capacitación” y considera que es un hecho aislado. Pero de ese episodio se supo que muchos agentes de calle o de patrulla, para evitar las consecuencias legales de usar el arma y que resulte gente herida o muerta, prefieren tener “picanitas” o látigos para enfrentar situaciones complejas.

También hay casos de denuncias por violencia de género, que pasan casi desapercibidos, pero que a veces rozan el escándalo. La fiscala Adriana Giannoni cuenta que en la Fiscalía III está a punto de elevarse a juicio el caso de un oficial acusado de golpear en la cabeza a su ex mujer recién salida de una cirugía. “El hombre está con arma en una patrulla del 911”, dice la funcionaria judicial.

¿Se trata de casos aislados o de excesos personales? En cuanto se hojea los partes policiales en mesa de entradas de Tribunales se encuentra alguno que otro incidente. En la División Servicio Médico Laboral de la Policía se registran un 20% de los poco más de 8.000 policías con problemas. El 10 % está con tareas administrativas, separado por distintas causas -en algunos casos, es simplemente por edad- y en ellos se ve los dramas de esta profesión estresante. “Es uno de los lugares más tristes de la administración pública. Nadie respeta al policía”, dice la psicóloga y abogada Anabella Antoni Piossek, que integra junto a otros cuatro psicólogos, ocho médicos, un asistente social y un experto informático ese servicio. Cuenta que hay muchos trastornos de ansiedad, depresiones y frustraciones; que hay adicciones “y nadie los defiende”. Relata el caso de un agente PTP que se hizo adicto al paco en la fuerza “y lo mandan de 23 a 7 a La Costanera”. Esta psicóloga dice que presentó en agosto un proyecto para crear una oficina de recursos humanos y para que el ingreso a la Policía sea más riguroso, ya que -sostiene- “se generalizó, en varios sectores sociales, la función policial como una oportunidad laboral y económica”, y con ello los aspirantes, dice, no van por vocación “con la consciente asunción de los riesgos propios de la profesión”. En el área han observado que el examen psicofísico en el hospital Avellaneda se hace “en menos de cinco minutos” y que pese al examen físico se observa poco tiempo después “casos en que el sobrepeso se presenta en los empleados recientemente ingresados”. Además, dice que hay personas que preparan a los aspirantes de acuerdo a las materias de la carrera, lo cual es una limitación severa y que al menos debería investigarse.

Antoni Piossek reclamó que el sistema de la policía no les da potestades a los del Servicio Médico para controlar la aptitud de personal en riesgo. Cita que hay 35 declarados no aptos pero que la Policía no les da la baja. Y en el caso de la oficial Benedetti, que había sido denunciada en 2015 por un compañero por amenazarlo con matarlo y suicidarse si no seguían la relación, el protocolo -dice- los ató de pies y manos. Luego de examinarla en febrero de 2015, sacarle el arma y enviarla a un examen con un psicólogo externo, tres meses después le hicieron una junta médica, le recibieron el informe favorable de una psicóloga del Siprosa y le restituyeron el arma. “Nosotros nos vemos absolutamente condicionados. Cuando traen un informe como el de esta psicóloga -que es una persona importante a nivel provincial, es la referente de prevención del suicidio- nos vemos condicionados porque de alguna forma le tenemos que dar el alta. El protocolo nos lo exige”, dice. “Más aún, si la misma fiscalía que investigaba las amenazas archivó el caso y el propio denunciante decidió desistir para no perjudicarla, entonces se vuelve abstracto el hecho; no podemos echarla”.

La fiscala Giannoni, que investiga el homicidio seguido de suicidio a fin de ver si hay responsabilidad del funcionario que le entregó el arma a la oficial, dice que ese argumento es contradictorio. “¿Para qué hacen junta médica si están atados de pies y manos?”, se pregunta. Y añade que en ninguna parte del protocolo contra la violencia se ve que se debe hacer consulta con una profesional externa. Y dice que el hecho de que se haya archivado la causa en la Justicia no significa que dejen de hacer seguimiento a personas con riesgo emocional. “Acá viven prescribiendo las causas. Eso no es motivo”, explica. Igual, “urge cambiar ese protocolo”, afirma. Al respecto, el agente Víctor Nacusse (que asume representación de policías) asevera que en el Servicio Médico Laboral “sólo están para autorizar notas médicas y nada más. En la Policía no hay un equipo de contención para el personal”.

Si se sigue la denuncia de Antoni Piossek, la cuestión es más profunda. Ella habla de que hay que cambiar la “cultura policial”, aunque lo hace desde la defensa de la tarea policial pero criticando la misma ley Orgánica, de tiempos de la dictadura, y la ley de Personal Policial, que tiene un régimen de castigos oprobioso. Cabe señalar que el escándalo de los cadetes que denunciaron abusos físicos y psíquicos hace tres meses en la Escuela de Policía sigue sin resolverse. Se sabe que la fiscala Giannoni, que investigaba las dos denuncias, dejó de subrogar la fiscalía IX y por lo tanto la causa pasó al fiscal V, Washington Navarro Dávila.

El secretario Hofer, que asevera que los casos como el del cabo de los latigazos son aislados, afirma que la Policía necesita sólo una pequeña reforma para cambiar cosas obsoletas, pero que la ley Orgánica (3.656) “no por ser de los 70 es mala” y que la de Personal Policial (3.823) “es relativamente buena porque regula absolutamente todo. Muchas veces se cree que la policía hace cualquier cosa, y en realidad está reglamentada. La ley Orgánica es buena en detalles, aunque hay que cambiar las cosas que han quedado obsoletas”.

Hofer considera, además, que no hay que cambiar el sistema vertical y militarizado. “Aunque no tengo opinión formada con respecto al sistema de arrestos, creo que la disciplina es fundamental. El policía no es un empleado público con horarios. Es un funcionario cuya mayor responsabilidad es cuidar los bienes y los derechos de las personas”. Y concluye: “sí hemos formado un equipó de psicólogos para personal policial que trabaja con altos niveles de estrés”.

Trama inquietante

¿Se puede sacar una conclusión de todo esto? “No tengo una cifra exacta, pero el número de suicidios entre los trabajadores de la seguridad es muy alta comparada con el resto de los trabajadores de otras áreas”, dice Nacusse. Los casos aislados de problemas de policías van tejiendo una trama inquietante. A la fuerza de seguridad le falta un sistema de alerta temprana, una base de datos que registre los hechos graves o pequeños de trastornos de conducta en la carrera policial, ya sea problemas financieros, adicciones, violencia y estrés. Los casos que salen a luz y las tragedias de esta semana ponen de manifiesto que el sistema es frágil y muy precario y que los escasos controles han sido ineficientes. El modelo jerárquico verticalista tiende a cerrarse en sí mismo; por eso, como dice la psicóloga, Asesoría Letrada tiene dando vueltas los casos conflictivos sin tomar decisiones. Y las consecuencias las pagan los mismos policías y la sociedad.