El "punterismo" tiene enfermo a este país. Les da buenos dividendos a los políticos, que manejan a su gusto a enormes masas de gente desesperada y consiguen votos y permanencia en el sistema, pero no ayuda al despegue. Sirve para mantener el statu quo y a que la gelatinosa superficie de la realidad social no se rompa, aunque se estremezca.
No hay otra explicación para el escándalo de los planes sociales "Jefas y jefes de hogar desocupados", entregados a hermanos, cónyuges, madres e hijos de punteros, ediles y jefes comunales, muchos de los cuales ya estuvieron mencionados en estallidos anteriores y que se mimetizaron en la confusión como perfectos camaleones. Desaparecieron a los ojos del mundo pero siguieron allí.
El primer responsable es la Anses. El organismo nacional, cuya delegación local fue intervenida en 1999 por supuestas irregularidades en el otorgamiento de beneficios sociales, ha sido frecuente escenario de confusiones (a mediados de 2003 fue detenida una funcionaria por supuestas maniobras con pensiones entregadas a personas fallecidas). La Anses tiene las listas mal confeccionadas en el sistema informático, con lo cual se duda si el defecto fue programado así a propósito.
Otro organismo nacional cuestionado ha sido la Gerencia de Empleo, uno de cuyos funcionarios fue detenido en diciembre de 2002 por presuntos cobros de coimas a beneficiarios de planes sociales. Pocos meses antes, un gerente de esa oficina se preguntaba cómo se iba a hacer para evitar irregularidades en la confección de listas. La entonces intendenta de La Cocha había denunciado que había "manos negras" que ingresaban y modificaban los listados. Los intendentes denunciaban a los diputados nacionales, y los concejales acusaban a los intendentes. En Alderetes, el entonces jefe comunal, Aldo Salomón (actual legislador) se peleó con el concejo deliberante por denuncias en la formación del consejo consultivo, que debía repartir planes sociales. Hoy, dos años después, la hermana de Salomón aparece denunciada por el otorgamiento de un plan a su esposo, y ella tiene un cargo en la intendencia, cuyo titular es su sobrino, Julio Silman.
¿Se repite el esquema de Alderetes en otras partes? Lo más probable es que esta práctica esté diseminada por toda la provincia, según se ve en los ejemplos que brotan por doquier. En tiempos del gobierno de Julio Miranda se anunció que se haría un censo de beneficiarios de planes sociales... pero las municipalidades no tienen computadoras y las listas se hacen a mano. También los gobiernos nacionales prometen desde hace años que harán una gran base de datos para que se pueda cruzar información, pero los anuncios dicen una cosa y la realidad es otra. Cuando vino "Chiche" Duhalde con el "Operativo Rescate" a Tucumán, se despotricó contra los políticos que hacían mal uso de los planes sociales. Pero fue en esa época cuando se crearon los consejos consultivos, que parecen hechos para sostener a los punteros políticos, que deciden la entrega de planes.
Ahora el gobierno nacional -en lugar de sincerar la cuestión (podría decir que son subsidios y dejar la fantochada de hacer planes de trabajo sin tener programas de desarrollo y trabajo)- está lanzando otro plan -"Manos a la obra"-, mientras la Justicia Federal no puede resolver las denuncias de 2002. Se siguen armando programas sin prever controles.
Nadie pensó que el "punterismo" iba a desaparecer. Pero es duro comprobar que sigue funcionando de maravillas, y que toda la estructura del Estado parece hecha para sostenerlo. Es que los políticos clientelistas son como el camaleón: muestran una cosa y en realidad hacen otra. Por eso el delito del estelionato - la estafa- es realizado por seductores que engañan a sus víctimas. Eso se ha hecho con los planes sociales.
