Más problemas para De Vido por Río Turbio

Jueces revocaron un sobreseimiento y reabren una investigación por una obra hidroeléctrica

12 Jul 2017
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JAQUEADO. De Vido enfrenta una fuerte presión de la justicia federal.

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal porteña reabrió una investigación contra el ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado nacional, Julio de Vido por la licitación de la Usina Térmica de Río Turbio, al revocar un sobreseimiento con el que lo había beneficiado el juez Claudio Bonadio.

Según indicaron fuentes judiciales, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara, revocaron el sobreseimiento de De Vido y otros imputados en el caso de la construcción de esa central energética a raíz de un planteo realoizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Esta es la segunda vez que la Cámara Federal ordena reabrir la investigación por el dinero que se destinó a la construcción de esa central que nunca se hizo.

Cabe recordar que el fiscal Carlos Stornelli pidió días pasados el desafuero, la detención y la indagatoria de De Vido por la presunta malversación de fondos en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), pero el juez Luis Rodríguez rechazó el requerimiento.

Ahora, la Cámara Federal decidió seguir investigando por la construcción de la usina de Río Turbio a De Vido y al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta y a los ex funcionarios de esa provincia Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz.

La causa se inició en 2009 por una denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, quien -según dijo- “cuando se licitó la obra el precio pactado era de unos $ 1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $ 2.600 millones un año más tarde, y ello sin mencionar las readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de más de $ 4.200 millones”.

Según la denuncia, con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.

Bonadio había cerrado la causa dos veces, pero los fiscales de la PIA, Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener que “resulta ineludible” realizar una serie de peritajes, lo que impide cerrar la causa.

Entre ellos, mencionaron un informe de la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y una presentación sobre la base de una auditoría que hizo la actual gestión.

En la resolución, Irurzun sostuvo que “el 28 de septiembre de 2016 examiné las constancias de este sumario a partir del recurso deducido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a efectos de que se revisara una decisión de idéntico tenor al de la presente” y allí “expuse las razones por las cuales consideré prematura la desvinculación dispuesta, porque era el resultado de una sesgada evaluación de los hechos denunciados, encomendándose una decidida e integral profundización de la encuesta a efectos de ahondar sobre la totalidad de los hechos denunciados y sus circunstancias”.

“A la par que observo que no se han llevado adelante las diligencias sugeridas a título de ejemplo y entre muchas otras, un obstáculo aparece y se enfrenta al avance de la instrucción: la nueva parcialización de su objeto, esta vez de manos del Sr. Fiscal, a quien el a quo le delegó la pesquisa. Es así que entiendo que las circunstancias fácticas evaluadas por el suscripto no han variado”, dijo. (DyN)

DESPOUY ACUSA 
“dE VIDO CONOCÍA TODO EL SISTEMA DE SUBSIDIOS”
El ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy advirtió que el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, “conocía muy bien” el sistema de subsidios al transporte público que se otorgó durante su mandato. Además, aseguró que más allá de que en algunos casos se visualizaron las irregularidades, “la matriz era la discrecionalidad y arbitrariedad” en el otorgamiento de fondos. “De Vido conocía el impacto que había tenido la no aplicación de esos subsidios en la calidad de los servicios ferroviarios, por ejemplo”, sostuvo Despouy, quien dijo que en un informe de la AGN se evidenciaba que “no hubo vocación en conocer el impacto que tenían esos fondos en la ecuación financiera de la empresa”.
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PEÑA DEMANDa 
“LAS CAUSAS NO PUEDEN TARDAR HASTA DIEZ AÑOS”
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que los jueces “tienen que estar a la altura de la demanda social”, al referirse a la decisión del juez Luis Rodríguez de rechazar el pedido de desafuero al ex ministro kirchnerista Julio de Vido. “Vamos a ser respetuosos con la Justicia y más aún con estos casos. Los jueces tienen que estar a la altura del desafío y de la demanda social. Las causas no pueden tardar ocho o diez años, porque así se destruye la confianza”, enfatizó el funcionario. Consideró, en este contexto, que “es importante que las causas avancen” ya sea para un lado o para otro, para que la sociedad pueda ver que “no es gratis tener un proceso judicial”, apuntó. 

DESPOUY ACUSA 
“DE VIDO CONOCÍA TODO EL SISTEMA DE SUBSIDIOS”

El ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy advirtió que el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, “conocía muy bien” el sistema de subsidios al transporte público que se otorgó durante su mandato. Además, aseguró que más allá de que en algunos casos se visualizaron las irregularidades, “la matriz era la discrecionalidad y arbitrariedad” en el otorgamiento de fondos. “De Vido conocía el impacto que había tenido la no aplicación de esos subsidios en la calidad de los servicios ferroviarios, por ejemplo”, sostuvo Despouy, quien dijo que en un informe de la AGN se evidenciaba que “no hubo vocación en conocer el impacto que tenían esos fondos en la ecuación financiera de la empresa”.

PEÑA DEMANDA 
“LAS CAUSAS NO PUEDEN TARDAR HASTA DIEZ AÑOS”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que los jueces “tienen que estar a la altura de la demanda social”, al referirse a la decisión del juez Luis Rodríguez de rechazar el pedido de desafuero al ex ministro kirchnerista Julio de Vido. “Vamos a ser respetuosos con la Justicia y más aún con estos casos. Los jueces tienen que estar a la altura del desafío y de la demanda social. Las causas no pueden tardar ocho o diez años, porque así se destruye la confianza”, enfatizó el funcionario. Consideró, en este contexto, que “es importante que las causas avancen” ya sea para un lado o para otro, para que la sociedad pueda ver que “no es gratis tener un proceso judicial”, apuntó. 

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