La casa de los arrepentidos

Hay empresarios de la construcción bajo la lupa de representantes de la oposición con cargos públicos y de sus propios colegas. Lo que se les cuestiona es haber sido partícipes de presuntas maniobras de cartelización de la obra pública, en especial en la construcción de viviendas, infraestructura para barrios y mejoramientos habitacionales. Lo que se analiza, principalmente, es si ese grupo cerrado de constructores se repartió los trabajos estatales bajo el padrinazgo de algunos funcionarios de la anterior gestión, la mayoría de los cuales continúan en funciones en este nuevo Gobierno.

Lo que más llama la atención es que en los últimos 12 años se engrosó el listado de firmas en el Registro de Constructores de la Provincia (habría crecido casi un 100% en cantidad). Rápidamente, varias de las nuevas ascendieron de la mano de la abundante adjudicación de obras públicas y regresaron al llano con la misma velocidad cuando Cambiemos puso freno de mano para auditar el reparto y la ejecución de esas obras.

Según algunos observadores del quehacer judicial porteño, la caída en desgracia de Julio de Vido podría significar que se destape una olla que se parecería más bien a un volcán en erupción: aparecerían nombres de la política vinculados con los de empresarios y ardería el escándalo. Uno de esos nombres podría ser el de José López, benefactor de estas tierras subtropicales e impulsor de un Lomas de Tafí que se hizo en base al desvío de fondos que debían ser destinados para la concreción de casas en otras provincias. ¿López fue, entonces, un real luchador por Tucumán? No. Más bien habría hallado por estos lares a los socios adecuados para que un porcentaje de los millones de pesos destinados a ese sueño habitacional se deslizaran a su peculio.

Ya hay empresarios y funcionarios nerviosos con esa posibilidad. Ayer, como ya había ocurrido el viernes, se multiplicaron las reuniones de la mesa chica del IPV, en la que se habrían reprochado entre ellos el descuido de permitir que salieran a la luz algunos cuestionamientos, en especial por el curioso ascenso y por la caída en desgracia de una empresa manejada por parientes de un funcionario.

A nadie le conviene

Que se ventilen estos asuntos no conviene a los empresarios, que la semana pasada se habían encontrado con representantes de varios gremios para tratar de reflotar la construcción de barrios que, vaya casualidad, cayeron en desgracia junto a la debacle del tristemente famoso López. En ese encuentro, unos y otros plantearon que había que buscar la forma de reactivar las obras, aún a costa de pedir el auxilio financiero del propio Estado o de entidades privadas. Esta semana, en cambio, su preocupación pasaron a ser las denuncias que colman de sospechas las obras públicas de esa área.

Para colmo de males, cuando más se necesita que se reactive la obra pública, con el retraso de los planes de vivienda podrían caer justos por pecadores: el Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano habría avisado a los constructores que se demoraría la adjudicación de 1.000 casas licitadas porque los valores serían un 15% superiores al presupuesto oficial. Esas obras tienen ahora 90 días de revisión y habría que ver si efectivamente se adjudicaron a quienes se habían presentado al proceso. Ya no son los tiempos de López.

Esta situación de desprestigio y de demora de obras que involucra a honestos y a “sucios” vendría conspirando a favor de la transparencia: tanto empleados rasos del organismo como empresarios arrepentidos comenzaron a susurrar las irregularidades a oídos dispuestos a hacer algo con esas denuncias. En esta oportunidad, llegaron hasta el despacho de la senadora Silvia Elías de Pérez, que estaría preparando los papeles para acercarlos a la Justicia. Según la radical, hay números que no cierran y explicaciones que deberán dar varios funcionarios sobre su accionar. Se observa de cerca también qué hará Domingo Amaya, el secretario de Vivienda de la Nación. Se espera que su accionar como auditor en la ejecución de los fondos nacionales se active y eche luz sobre años de oscuridad en el manejo, ejecución y adjudicación de obras públicas de viviendas.