01 Julio 2017
La Corte Suprema de Justicia local puso fin a la discusión sobre la intervención de Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en el juicio que inició el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para acceder a información sobre los gastos sociales de la Legislatura en 2015.
Según una investigación de LA GACETA, el Poder Legislativo entregó subsidios por $ 615,6 millones antes y después de las elecciones de 2015, pero no se sabe quiénes recibieron los fondos y para qué porque el Tribunal de Cuentas aprobó montos globales. La polémica por el manejo de los gastos sociales se intensificó tras la revelación de que la Legislatura usaba valijas para mover el dinero en efectivo: seis juicios intentan descifrar este movimiento en las justicias provincial y federal.
La última sentencia de la Corte habilita la continuidad del trámite del caso “Aráoz”, que quedó virtualmente detenido hace un año en la etapa de la producción de la prueba debido a las sucesivos intentos del Estado de apartar a Novillo. En total, la recusación fue rechazada tres veces: una por un tribunal ad hoc y dos por la Corte. El Gobierno litigó no sólo para intentar excluir a Novillo sino también contra la cláusula legal que le impedía recurrir la sentencia que había rechazado la recusación. Entre uno (9 de marzo) y otro pronunciamiento del alto tribunal, la Provincia impugnó a los vocales Antonio Gandur, René Goane y Claudia Sbdar por considerar que habían prejuzgamiento, cuestionamiento que también fue rechazado.
El 27 de junio pasado la Corte desestimó el último recurso pendiente. Goane (preopinante) dijo que la duplicación de recursos que había formalizado el Estado era inviable y que, por ello, la casación era “paladinamente” inadmisible (Gandur adhirió a esta posición). Con un voto separado aunque en el mismo sentido, Sbdar manifestó que la disposición legal que impide recurrir el fallo de la recusación cobraba mayor trascendencia en un proceso de amparo en tanto contribuye a evitar dilaciones que atenten contra la finalidad de este tipo de proceso (que debería caracterizarse por la rapidez).
En esencia, los poderes Ejecutivo y Legislativo dijeron que el juez debía apartarse porque su hija Alejandrina Novillo asesora a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), quien en los comicios de 2015 había encabezado la lista que integraba Aráoz. Giovanniello y Sergio Gandur -hijo del integrante de la Corte- acogieron el argumento de Novillo, quien manifestó que sólo le correspondía excusarse en los juicios promovidos por Elías de Pérez. Castellanos por su parte invocó una cuestión formal (que el proceso de amparo no autoriza recusaciones) para dar la espalda a la pretensión.
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