Acusan a Cristina y a Báez de tener una “sociedad delictual”

BUENOS AIRES.- La causa por lavado de dinero, donde se investigan los vínculos entre la ex presidenta, Cristina Elisabet Fernández, y el detenido empresario Lázaro Báez, sigue generando sorpresas y, esta vez, complica aún más a la mandataria.

Así es como el fiscal federal Guillermo Marijuan requirió que Cristina sea citada a prestar declaración indagatoria en la investigación por supuesto lavado de dinero que habría ejecutado el propietario de Austral Construcciones.

“Fernández no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Báez”, y “debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras” de supuesto lavado, sostuvo el funcionario judicial.

El requerimiento del titular de la fiscalía federal número 9 fue presentado al juez federal Sebastián Casanello, que en este expediente tomó nuevas indagatorias a los ya procesados Báez, el ex gestor financiero Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el dueño de la financiera SGI (conocida como “La Rosadita”), César Gustavo Fernández; el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.

Junto a Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.

Para Marijuan, la ex mandataria debe “dar explicaciones” a la Justicia federal “por su vínculo” con Báez, dado que “su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel, como se ha probado en las causas que se tramitan en el fuero y se han explicado”.

Y destacó “la incidencia del poder político de máximo nivel, que no hubo alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc.- ni siquiera del Banco de Santa Cruz”.

Marijuan subrayó que “a ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que Báez, un ex empleado bancario y apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades con importantes construcciones sin uso”.

“Ello, sin dudas, reitero, sólo puede entenderse como realizado al amparo del poder, de allí que Cristina Fernández, por su vínculo con el nombrado, deba dar explicaciones y por tanto, prestar declaración indagatoria”, resumió el funcionario del Ministerio Público.

Casanello ordenó 27 indagatorias luego de que Suiza informase que existen cuentas bancarias por U$S 2,3 millones y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA. Esas cuentas habrían sido usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida a Austral Construcciones. (DyN/Télam)