Una buena parte de la sociedad parece no percatarse que son de carne y hueso, que se alegran, sufren, sueñan, trabajan, estudian, viajan, como cualquier otro individuo. Sin embargo, no pueden evitar sentirse discriminados, pese a que hay leyes que los protegen y no se cumplen o se lo hace parcialmente. Las personas con discapacidad deben sortear a diario obstáculos urbanos, así como inconvenientes a la hora de usar un transporte público de pasajeros.
Un episodio que tuvo lugar el lunes pasado en Las Termas de Río Hondo, dejó al desnudo la desprotección que padecen del Estado estos conciudadanos. En un vuelo que llegó de Buenos Aires a la aerostación santiagueña con destino a Tucumán, una pareja vivió momentos de zozobra, debido a que uno de sus integrantes había sufrido un accidente cardiovascular en Buenos Aires y tenía la mitad del cuerpo paralizado. Aerolíneas Argentinas le facilitó una silla de ruedas para descender de la nave. El inconveniente se presentó cuando tuvo que subir al ómnibus de larga distancia de la empresa que debía transportarlo gratuitamente hasta nuestra ciudad. “Para que nos den la segunda silla de ruedas, tras bajar del avión, tuvimos que esperar bastante, porque había seis personas discapacitadas que habían arribado en el mismo vuelo. Pero por norma, esa silla de ruedas sólo podía llegar hasta la puerta del aeropuerto, y no había manera de que mi esposo fuera transportado los metros que iban desde la vereda hasta el ómnibus”, dijo la señora. Y aunque hubieran conseguido la silla, el colectivo no contaba con rampa para discapacitados. “Hicimos todas las gestiones, pero no hubo caso. Tuvimos que abordar un remise que nos cobró $1.200 hasta Tucumán... si no teníamos encima los $1.200 no sé qué habríamos hecho, porque nadie se hacía cargo del problema de mi esposo”, manifestó. Las personas con discapacidad suelen tener problemas cuando deben tomar cualquier ómnibus. Por ejemplo, en Tucumán, la Ley N° 7.811 (data de 2006) establecía que las empresas de transporte público de pasajeros debían incorporar, en forma progresiva sus unidades adaptadas para el ingreso y egreso de personas con movilidad y comunicación reducida hasta 2010. A partir de ese año, el 50% de sus unidades debían estar adecuadas para el uso de discapacitados.
El cumplimiento de la norma está aún pendiente. Las unidades de larga distancia tampoco están preparadas para recibir personas que se desplacen en sillas de ruedas, carecen de rampas, tampoco sus baños son accesibles. Un viaje a Buenos Aires, de 16 horas de duración aproximadamente, puede volverse dramático. La ley nacional N° 24.314 especifica que en vehículos de larga distancia se optará por la incorporación de un elevador para sillas de ruedas o sistemas diseñados a tal fin, que cumplan con el propósito de posibilitar el acceso autónomo de personas en sillas de ruedas y se dispondrá el espacio necesario en su interior para la ubicación de por lo menos una silla de ruedas en el sentido de dirección de marcha del vehículo, equipado con los sistemas de sujeción correspondientes a la silla de ruedas y al usuario.
El incumplimiento de estas normas, así como de otras que protegen a esta franja de ciudadanos, refleja la insensibilidad de la mayoría de los empresarios del transporte y de los gobernantes. Sería interesante que estos vivieran la experiencia de sentarse en una silla de ruedas e intentaran tomar un ómnibus urbano o de larga distancia. Tal vez, poniéndose en el lugar del otro puedan comprender mejor el perjuicio que le causan a una persona con discapacidad.
