La reducción de penas

Días pasados, la Corte Suprema de la Provincia se opuso al criterio del jefe del Poder Ejecutivo, de beneficiar a la mayoría de los condenados que se alojan en las unidades penitenciarias, con reducciones diversas en las penas que cumplen, excluyendo solamente a los mal conceptuados. Estas mermas no fueron dictadas por el Gobierno a fines del año pasado, porque acababa de asumir sus funciones.
El alto tribunal calificó la medida proyectada como inoportuna e inconveniente. "Los fallos deben ser inexorablemente cumplidos. La gravísima situación socioeconómica causó un desmesurado aumento de la delincuencia, intranquilidad y descreimiento generalizado de la sociedad en sus instituciones", expresó la Corte en la acordada correspondiente.
Por cierto que el Poder Ejecutivo puede llevar adelante el propósito de reducir las penas, de acuerdo con su atribución constitucional. Pero, pensamos que debiera abstenerse de hacerlo, y apoyar, en cambio, el criterio del tribunal. Sobradas razones abonan esta tesitura. Es por todos conocido el auge del delito en nuestra provincia, como en todo el país. La multitudinaria manifestación del 1º de abril último, que reunió a unas 135.000 personas en la Plaza de Mayo y frente al Congreso de la Nación, en demanda de una mayor seguridad y de un endurecimiento de las penas, es algo que no puede dejarse de tomar muy en cuenta.
Una de las razones que fomentan la delincuencia es la flojedad de la legislación argentina en la materia. Por obra de normas votadas generalmente sin el debido estudio, los permisos y las reducciones significativas en los términos de las condenas, han dado un deplorable resultado. Quienes debieran estar presos circulan por las calles, o los favorece una sustancial disminución las penas que les corresponden. No es necesario dar ejemplos de un fenómeno que, con señalada frecuencia, registra la información periodística. También las estadísticas de reincidencia en el delito son por demás reveladoras.
Pareciera entonces un contrasentido que, mientras en el Congreso nacional se está debatiendo el incremento de las penas, en nuestra provincia se intente proceder de un modo exactamente inverso.
La apreciación de la Corte para oponerse al beneficio invoca, con acierto, el descreimiento de la sociedad en sus instituciones. En efecto, no contribuye a reforzar la fe del público en la Justicia, el advertir que, por la razón que fuere, quien fue condenado a prisión por haber delinquido termina siendo beneficiario de medidas como las que se proyectan.
Uno de los graves problemas que debe enfrentar actualmente nuestro país, es la cultura del incumplimiento de la ley. Ella se manifiesta no solamente en la falta de observancia, sino también en la justificada convicción del ciudadano de que, por regla general, las normas no le serán aplicadas con rigor y sin miramientos. En este punto, se hace imprescindible una sustancial modificación. Debe quedar clara, entre la población, la idea de que los fallos de los jueces, cuando han quedado firmes, deben cumplirse inexorablemente.
Sin duda que la elevación de penas, que se debate en el Congreso, o el endurecimiento en el tema de las reducciones, por sí solos, no terminarán, ni mucho menos, con ese auge de la delincuencia que a todos preocupa. Pero, es indiscutible que estas medidas significan una base fundamental para operar sobre el problema. No se puede luchar contra el delito si no existe, como respaldo, una legislación penal lo suficientemente fuerte, y si los fallos de los magistrados se terminan desnaturalizando con reducciones o con indultos.
Se trata de un tema de la más alta importancia, en el aquí y ahora del país. Desde la provincia, parece sensato proceder en concordancia.