El escándalo de los planes sociales

Si alguien acusa a otro de ladrón, este responde que el vecino roba más que él. No interesa tanto ser ladrón, sino que hay otros que lo son más. Por esa razón, Jorge Luis Borges solía decir que los argentinos no tenemos conciencia ética y que no consideramos que robarle al Estado sea un delito. Los casos de irregularidades en la cesión de los planes Jefes y Jefas de Hogar siguen brotando como hongos en este maltrecho Tucumán. Se trata directamente de una estafa contra el Estado, es decir contra la misma ciudadanía.
Estos planes sociales surgieron como una necesidad de atenuar la elevada desocupación de los argentinos. El beneficiario de los $ 150 debía realizar una contraprestación laboral de 20 horas semanales en acciones comunitarias, demostrar que estaba sin trabajo y a cargo de una familia, cuyos integrantes tampoco tuviesen empleo. La viveza criolla, que no es otra cosa que corrupción, rápidamente se adueñó del escenario. Para sortear los controles de verificación, las parejas se anotaron simultáneamente en forma separada, pero utilizando los datos del hijo común, que en los papeles se transformó en doble hijo. Rápida de reflejos, una buena parte de la dirigencia política vio la veta de oro que implicaban los planes sociales, como un medio para conseguir votos y, de paso, engrosar el bolsillo de amigos y parientes que no reunían las condiciones o que no eran desocupados.
A raíz de publicaciones de nuestro diario, el Ministerio de Trabajo de la Nación comenzó a investigar las estafas tucumanas. La Gerencia de Empleo de la Nación comprobó hasta el momento que hay 2.446 parejas en situación irregular que serán dadas de baja. Los casos de actuales funcionarios que cobraron los planes, incluso hasta después de asumir a sus cargos, salieron a la luz. Tal es el caso de la comisionada rural de San Andrés y de su esposo, quienes eran solteros cuando accedieron al beneficio. Su respuesta fue que no sabía que la habían inscripto.
Un periodista y edil de Fuerza Republicana, de Concepción, anotó a su esposa, pero no en esa ciudad, sino en Gastona. Argumentó que el dinero le sirvió para pagar la luz y para ayudar a sus cinco hijos. El entonces comisionado comuna de Gastona, que es además médico, no dudó en inscribir a su esposa, pese a que él era funcionario. Su respuesta fue que le duelen las críticas.
En Burruyacu, un concejal de 30 años, soltero y sin hijo, burló los controles y accedió al plan que siguió percibiendo ya en la función pública. Un edil taficeño admitió que cobró el dinero, pero afirmó que era más delito el caso de un abogado que es hermano de un concejal y que sería un "ñoqui" municipal. Pero la falta de vergüenza y de honorabilidad sigue avanzando a paso redoblado. Entre los beneficiarios figuran cuatro futbolistas de La Florida que fueron incorporados a la ayuda social en 2000 por el entonces comisionado rural, que es hermano del presidente de ese club. La Nación les pagó $ 13.000 a los cuatro deportistas a lo largo de más de 20 meses. El argumento fue que eran padres de familia y que el club no les pagaba sueldos sino que cobran por partido ganado.
Lo cierto es que hasta ahora nadie se sonrojó ni se arrepintió. En algunos casos, el justificativo fue que nadie les informó que al asumir un cargo público debían solicitar la baja, en el caso de que verdaderamente hubieses sido desocupados.
El gobernador dijo que el 40% de los planes había sido mal otorgado, pero ante el pedido de un fiscal federal de que aporte los pruebas de su denuncia, no lo hizo. Sus funcionarios dijeron que se tomarán medidas cuando concluya la investigación.
La corrupción es un cáncer que viene minando desde hace años los cimientos de esta sociedad. Lo más grave es que muchos de quienes cometieron este fraude son debutantes en la política. Si no hay condenas severas para quienes delinquen, cualquiera sea su condición, la corrupción terminará por hundir aún más a una provincia ya arrinconada por la desvergüenza.