Los deseos y las necesidades de la sociedad van más rápido que las respuestas que los políticos pueden dar. El padre de Axel Blumberg pidió en Buenos Aires un paquete de leyes de seguridad y las cámaras de Diputados y Senadores apenas coincidieron medianamente en el agravamiento de penas por delitos con portación de armas. El enojo de Juan Carlos Blumberg con algunos diputados "garantistas" y con las decisiones tomadas por las autoridades bonaerenses marca la fuerte presión para lograr cambios, que puede derivar en nuevas marchas, en pocos días más.
En Tucumán la protesta está atenuada, pero la tensión por la inseguridad crece tanto por el caso de Axel -en la plaza Independencia y en el shopping de Yerba Buena se están recolectando firmas para apoyar el pedido de cambios de las leyes- como por la inquietud que ha generado la muerte del puestero Alberto El Khalil en la comisaría 11ª, supuestamente a manos de policías que lo habrían golpeado tras intentar coimearlo.
Los dos episodios tienen elementos en común y rozan dos importantes matrices de los miedos sociales. La muerte del puestero del Mercofrut se vincula a supuestas actividades policiales ilegales -coima y apremios- que la sociedad tiende a creer casi como "inherentes" a muchos agentes. La discrecionalidad con que trabaja la fuerza de seguridad en su tarea de prevenir ilícitos con una ley tan arbitraria como la de Contravenciones (que le permite detener a piacere a cientos de jóvenes cada fin de semana, o hacer controles dudosos de automovilistas) da lugar a hechos confusos. Por eso el secretario de Seguridad Ciudadana, Osvaldo Nieva, se ocupó de aclarar que la fuerza de seguridad se está autodepurando. No obstante, las denuncias de apremios se acumulan, como en el caso Giménez contra policías de la Brigada, ocurrido en octubre pasado y dado a conocer ahora. "No hay policías buenos y policías malos, sino policías y delincuentes disfrazados de policías", dijo Nieva. Pero la línea entre ambos conceptos será trazada por la cantidad de denuncias y por la fuerza de esa autodepuración, que está en manos de la Policía, la Justicia y el sistema político. Este es el encargado de controlar que haya cada vez más policías y menos "disfrazados" que usan el poder en beneficio propio.
A esta desconfianza que se genera en el imaginario colectivo se suma el convencimiento de la gente de que las leyes y los jueces no son lo suficientemente duros con los delincuentes.
El caso Blumberg ha obligado al debate y ha puesto en evidencia al sistema político, que en los últimos años no ha sabido dar respuestas y ha sido contradictorio. El político se queja de los jueces benignos, pero al mismo tiempo pide que se reduzcan las penas de los condenados. Si sanciona leyes, no se preocupa por encontrar los elementos para hacerlas cumplir, ni por hacer que los distintos elementos del sistema penal (jueces, policías, guardiacárceles) cambien. El diputado nacional José Ricardo Falú criticó a los jueces por preferir la pena mínima y reiteró ideas expuestas hace cuatro años, cuando era ministro fiscal de la Corte tucumana, en el sentido de que los magistrados debían ser más duros contra el delito. En aquel entonces se debatió en Tucumán un conjunto de normas de seguridad que no pasaron de proyectos y que pronto quedaron en el olvido.
Los funcionarios tucumanos ahora se preocupan por debatir cómo modificar el Código Procesal Penal, pero no parecen advertir que las modificaciones que se hagan en Buenos Aires con respecto a la seguridad impactarán en el sistema carcelario que, en nuestro medio, está saturado. Algo habrá que hacer, y ya se debería estar incubando el debate. No bastará con tener nuevas leyes. Hará falta una política de seguridad en serio, que incluya cambios en la Policía, nuevas actitudes en la Justicia y coherencia en el Poder Ejecutivo.
