Deficiencias en edificios

En nuestra edición de ayer, informamos sobre la afligente situación que atraviesan los habitantes de un edificio de 7 pisos con 102 departamentos, en calle Honduras primera cuadra de esta ciudad. Al parecer, la empresa constructora habría entregado el inmueble, hace casi un año, provisto de cañerías de menor diámetro que el reglamentario. Esto ha derivado en una alarmante falta de agua en las viviendas, lo que afecta todas las actividades normales en ellas, además de haberles creado un serio problema de higiene.
Por su lado, la empresa aduce que no ha reinstalado el sistema de agua, porque Obras Sanitarias (actualmente Sociedad de Aguas de Tucumán) no autorizó todavía esa obra. No es la única irregularidad de esa construcción. Según Obras Públicas de la Municipalidad, el edificio ya fue clausurado mientras se lo construía, por "no tener los papeles en regla": no se respetaba el proyecto aprobado; los monoambientes carecían de ventilación y hasta se proyectaba un piso extra no autorizado. No aclara si esos reparos fueron finalmente solucionados.
Estas situaciones distan de ser nuevas. Por el contrario, es frecuente que quienes entran a vivir en departamentos en altura o en casas de barrios, se topen, al poco tiempo, con una serie de fallas que les complican injustamente la existencia. La solución de dichas fallas, por parte de los constructores, se convierte en una cuestión ardua. No pocas veces el habitante se ve obligado a realizar cuantiosos desembolsos para sortear el problema, como única salida.
Según es obvio, la cuestión tiene su raíz en la falta de observancia de las reglamentaciones vigentes y, sobre todo, en el hecho de que las autoridades y los organismos responsables poco y nada hacen para que los infractores se ciñan a las normas. Así es como muchas construcciones llegan a terminarse con deficiencias irresueltas de diversa magnitud.
Es evidente que el sistema falla. En notas periodísticas, a lo largo de los años, hemos registrado el hecho de que los constructores, cuando se les marca la infracción, suelen arreglar el problema pagando una multa, ya que el monto de esta es considerablemente inferior al que les demandaría corregir lo que hicieron de modo antirreglamentario. Y sucede que lo importante no es que el Estado perciba una multa, sino que la irregularidad sea efectivamente corregida, antes de que la obra se concluya y se invoque el hecho consumado. No puede admitirse que la violación de normas se solucione satisfaciendo multas.
De ese modo aparecen estos casos de cañerías de diámetro inadecuado, como también los de conexiones eléctricas defectuosas o inseguras; de espacios cubiertos que, según el plano aprobado, debían quedar libres; de ascensores que estaban programados y que nunca se instalaron, etcétera. Eso para no hablar de fallas sustanciales. Todos recordamos el problema del edificio que el público denominó "Torre de Pisa" por su peligrosa inclinación, y que debió ser desalojado hasta que se realizaron diversas reparaciones, además del reforzamiento de la estructura.
Parece obvio sostener que no hay ninguna disculpa que justifique estas realidades. Todo edificio debe ser construido con estricta sujeción a las normas vigentes y al plano aprobado. La autoridad tiene el deber de vigilar ese cumplimiento, en todas sus etapas. Y cuando advierta la mínima desviación, debe suspender la obra hasta que aquella sea corregida totalmente (además, por cierto, de aplicar la multa). De otro modo, se seguirá mirando al costado en situaciones que, además de perjudiciales, son riesgosas, y revelan una deplorable indiferencia respecto de la ley.