Vargas Aignasse no pudo leer la denuncia de Bussi

Afirmó que estaba dispuesto a entregarle al juez todos los datos sobre su patrimonio, pero le exigió que le muestre antes la denuncia.

Por Redacción Política 27 Marzo 2002
Gerónimo Vargas Aignasse protagonizó ayer la primera avanzada del peronismo contra el juez Víctor Pérez, quien investiga por presunta compra de voluntades a los legisladores que votaron por la reforma constitucional.
El legislador justicialista llegó hasta el despacho del magistrado y reclamó conocer la denuncia del diputado nacional Ricardo Bussi (FR), por la cual se abrió la investigación penal. Pero no pudo leer el expediente, y ni siquiera hablar con Pérez. Lo atendió su secretario, Luis Lezana Flores, quien le explicó que, por el artículo 312 del Código Procesal Penal, no le podía facilitar el escrito porque los legisladores aún no eran parte del proceso (está en la etapa de investigación sumaria). La negativa quedó registrada en un acta notarial levantada por la escribana Laura Tannenbaum.
Indignado, Vargas Aignasse fue a la Corte Suprema de Justicia. Allí se encontró con Severiano Reyes Pérez, encargado de Superintendencia, oficina donde radicó finalmente su planteo.

Los fundamentos
El legislador afirmó que estaba dispuesto a entregarle al juez todos los datos sobre su patrimonio, pero le exigió que le muestre antes la denuncia. "Quiero saber los fundamentos de la acusación de Bussi, si está ratificada y qué pruebas presenta este diputado nacional, que pretende ampararse en sus fueros. Sólo un desquiciado puede decir que cobré una coima por aprobar la reforma, cuando trabajé 2 años en el proyecto", dijo.
El peronista detalló su patrimonio: una cuenta en el Banco Galicia; una camioneta Honda modelo 99; un departamento en Laprida al 600, valuado en $48.000; y una dieta de bolsillo de $2.500 por mes ($3.081 en bruto).

El juez tiene 60 días para la investigación
El Código Procesal Penal de Tucumán dispone, en la primera parte del artículo 312 sobre la Investigación Penal Preparatoria, que "el sumario podrá ser examinado por las partes y sus defensores después de la declaración del imputado; pero se podrá ordenar el secreto, por resolución fundada".
En base a esta disposición, el juez Víctor Pérez rechazó el pedido del peronista Gerónimo Vargas Aignasse de acceder al expediente en el cual se investiga la presunta compra de voluntades para la reforma constitucional, por considerar que el legislador aún no es parte ni está previsto aún tomarle declaración.
El juez dispone de 60 días corridos para efectuar una "investigación sumaria" sobre los hechos denunciados.
Si corrobora la veracidad de la afirmación del diputado nacional Ricardo Bussi, en ese momento deberá acusar a los legisladores involucrados en la maniobra. Caso contrario, archivará el expediente. Si no se pronuncia, la causa se cierra.
Si Pérez decide acusar, debe pedir el desafuero de los sospechados a la misma Legislatura, que tiene un plazo de 15 días corridos para pronunciarse por sí o por no. El silencio significa que se accede al desafuero.

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